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La naissance de la politique moderne en Espagne (milieu du XVIIIe siècle-milieu du XIXe siècle)

La cultura de la participación

Elecciones y ciudadanía en el liberalismo inicial (1834-1837)
La culture de la participation. Élections et citoyenneté dans la première phase du libéralisme (1834-1837)
The Culture of Participation. Elections and Citizenry in the Early Years of Liberalism (1834-1837)
Pedro Díaz Marín
p. 99-118

Résumés

Ce texte analyse les premières formes de la culture politique de la participation au début du libéralisme. Après la mort de Ferdinand VII et l’échec de la voie réformiste du Statut — considérée d’abord comme une formule acceptable par la majorité des familles libérales mais qui devait par la suite se révéler décevante —, une rupture s’est imposée. Elle a permis d’élargir le corps électoral, favorisant l’apparition d’une citoyenneté bientôt identifiée avec l’obtention du droit de suffrage. En ce sens, la loi de 1837 a été un événement majeur car, en attribuant le droit de vote aux classes moyennes, elle a dynamisé la vie politique et a contribué à enraciner la culture de la participation. Ce processus a été interrompu par l’accession au pouvoir des modérés, qui ont réservé les droits politiques aux élites constituées par les plus gros contribuables.

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Texte intégral

1Un Catecismo político publicado en Pamplona en 1820 consideraba que un ciudadano era:

  • 1 Javier Fernández Sebastián, voz «Ciudadanía», en Fernández Sebastián y Fuentes (dirs.), 2002, p. 14 (...)

Aquel que siendo natural de un país, o viviendo en él un tiempo determinado por la Ley, contribuye para los gastos del Estado y tiene derecho a concurrir para la formación de leyes, bien por sí, bien por la persona que él nombre1.

  • 2 Jover Zamora, 1991, pp. 192-195.

2La ciudadanía no era entendida como una categoría universal y consustancial al individuo, sino circunscrita al ámbito de las personas con arraigo en el país, con la suficiente capacidad económica para contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado (contribuyentes) y la posibilidad de participar en la política nacional mediante el ejercicio del derecho de representación (derecho electoral). Así se fue produciendo una paulatina identificación entre «ciudadano» y «elector». En este sentido, como señala J. M. Jover, uno de los logros más importantes del reinado de Isabel II fue precisamente la creación y ampliación de la ciudadanía2.

El liberalismo oligárquico y rupturista. Las elecciones bajo el Estatuto Real

  • 3 Citado por Fontana, 1977, p. 27.
  • 4 Burgos, Anales del Reinado de D.a Isabel II, vol. 1, pp. 341-351 y 352-357.
  • 5 Romeo Mateo, 1993.
  • 6 Marrast, 1989, p. 273.
  • 7 Burdiel, 1987 y García Rovira, 1989.
  • 8 Caballero, El Gobierno y las Cortes del Estatuto, p. xvi.
  • 9 Díaz Marín, 2000, p. 16.
  • 10 Ibid.

3Obra de la revolución liberal, el hito se consiguió a lo largo de una secuencia tortuosa y discontinua, que a comienzos de la década de los años 1830 no había hecho sino comenzar su andadura. La muerte de Fernando VII en 1833 aceleró el proceso de descomposición del absolutismo, que se había mostrado inviable durante los últimos años de su reinado. Pero los esfuerzos de una minoría para modernizar las estructuras del Estado todavía tenían que vencer las resistencias del Gobierno que presidía Cea Bermúdez y de la propia Regente, que en noviembre de 1833 manifestaba su intención de «conservar intacto el depósito de la autoridad real» y de mantener «religiosamente la forma y las leyes fundamentales de la Monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas»3. El inmovilismo de Cea Bermúdez y de María Cristina ponía en peligro el propio trono de Isabel II, tal y como señalaron los capitanes generales de Cataluña y Castilla la Vieja, Llauder y Quesada, quienes exigieron la destitución de Cea Bermúdez4. Incluso los sectores más conservadores veían la necesidad de impulsar la apertura de un régimen al que los grupos más dinámicos de la sociedad habían abandonado hacía tiempo5. Pero el estallido de la Guerra Civil obligó a la Corona a buscar un apoyo entre los liberales, lo que puso de relieve la insuficiencia del programa de Cea Bermúdez, que, sin alterar las bases del Estado absolutista, se limitaba a introducir ciertas reformas epidérmicas en la línea del Despotismo Ilustrado. Las esperanzas de conducir el proceso de transición desde arriba y con el mínimo grado de ruptura se centraron en Martínez de la Rosa, propuesto a la Regente por Zarco del Valle y Javier de Burgos como solución de recambio, ante el temor de que el liberalismo exaltado pudiera aprovecharse del descontento general6. La Corona admitía así un cambio político significativo, que tuvo su primera concreción en la promulgación del Estatuto Real el 10 de abril de 1834, aceptado en principio por un importante sector del liberalismo, hastiado de los «excesos» de 1812 ó 18207. Aunque a la larga resultara una decepción, muchos liberales veían en el Estatuto una fórmula válida que podía permitir «abrir la brecha al alcázar de la tiranía»8. El 4 de abril el Consejo de ministros había presentado una exposición a la Regente, que perfilaba la línea política en la que se movería el Estatuto9. Se trataba ante todo de fortalecer el trono, a quien correspondía el restablecimiento de «nuestras antiguas leyes fundamentales». Para el liberalismo conservador, el Estatuto podía representar una valiosa síntesis de la reciente historia de España; por eso, las Cortes entroncaban con las Cortes tradicionales, buscando una legitimidad histórica como garantía frente al peligro de ruptura. Además, el Gobierno minimizó la importancia de su convocatoria, intentando desvanecer el temor de que la situación fuese interpretada como un puente hacia el liberalismo gaditano o del Trienio. Las Cortes habían sido una institución «admirable», necesaria para el buen gobierno, que preservaba «a los pueblos de abusos y demasías» del poder, pero ello no implicaba que tuvieran que ser democráticas, pues su objetivo fundamental ya no era la fiscalización y el contrapeso del poder ejecutivo, sino «dar influjo en los asuntos graves del Estado a las clases y personas que tenían depositados grandes intereses en el patrimonio común de la sociedad», lo que para el Gobierno significaba entender los derechos políticos no «como derivados de principios abstractos y sujetos a vanas teorías, sino como medios prácticos de asegurar la posesión tranquila de los derechos civiles»10.

  • 11 Millán y Zurita,1998.
  • 12 La normativa electoral, en Rueda (ed.), 1998, pp. 59-63 y Fernández Domínguez, 1992.
  • 13 Citado por Díaz Marín, 2000, p. 16.
  • 14 Tomás Villarroya, 1968, p. 431.

4Las Cortes bicamerales establecidas por el Estatuto obedecieron a este principio. El Estamento de próceres era de designación real, pero la condición de Grande de España no garantizaba de por sí el acceso a la Cámara alta, pues la reglamentación aplicada por el Gobierno exigiendo rentas saneadas, dejó fuera a muchos títulos nobiliarios11. El Estamento de procuradores era electivo —según un sistema indirecto en dos grados establecido por el Real Decreto de 20 de mayo de 183412—, pero en unas condiciones muy restrictivas, pues era «requisito indispensable poseer algunos bienes, y vivir en una decente medianía», según manifestaba el Gobierno en la mencionada exposición13, y que el Estatuto cuantificó en una renta anual de 12.000 reales, circunstancia que debían justificar documentalmente los procuradores cuando acudieran a la apertura de Cortes, fijada para el 14 de julio. El primer grado de elección lo conformaban las Juntas Electorales de Partido, compuestas por todos los miembros del Ayuntamiento cabeza de partido, incluidos los síndicos y diputados, y un número igual de mayores contribuyentes. Los pueblos cabeza de partido eran los designados como tales en el Real Decreto de división provincial de 21 de abril, que los fijaba en 452 para un total de 21.000 núcleos de población. Resultaba así un cuerpo electoral de 16.026 personas, el 0,15% de la población española14.

  • 15 Caballero, Resultado de las últimas elecciones, p. 16. Según Marliani, El Reinado de Fernando VII, (...)

5Las Juntas Electorales de Provincia constituían el segundo grado de elección y eran las encargadas de nombrar a los procuradores. Las presidía el gobernador civil y reunían en la capital de la provincia a los electores designados por las Juntas de Partido, dos por cada uno, aunque si la cabeza de partido superaba los 30.000 habitantes podían nombrar otro, y uno más por cada 20.000. Podían ser nombrados electores los miembros del Ayuntamiento, los mayores contribuyentes que hubieran concurrido a la elección, y quienes reunieran una serie de condiciones, entre las que destacaban: residir en la provincia más de un año; ser propietario de predios rústicos o urbanos que rentaran 6.000 reales anuales; ser colono que pagara igual cantidad por el arrendamiento, o propietario que cultivara directamente sus tierras, justificando que rentaban 3.000 reales. También podían ser designados electores los comerciantes que pagaran 400 reales de contribución por subsidio en Madrid, Barcelona, Sevilla o Cádiz, 300 reales en las demás capitales de provincia o puertos habilitados para el comercio exterior, y 200 reales en cualquier otro pueblo; los fabricantes que acreditaran el pago de 6.000 reales por el arrendamiento de su fábrica, o que, siendo propia, les produjera una renta anual de 3.000 reales; los empleados públicos con un sueldo de 6.000 reales anuales; y algunas capacidades como abogados, profesores, escribanos, miembros de academias reales, etc. Todas estas condiciones se tradujeron, según Fermín Caballero, en tan sólo 950 electores15. El número de procuradores que correspondía nombrar en cada provincia dependía de su población, resultando uno por cada 70.000 habitantes aproximadamente.

  • 16 Wais, 1987, p. 26.
  • 17 Citado por Díaz Marín, 2000, p. 26.

6Para muchos liberales las condiciones establecidas por el Estatuto eran demasiado estrechas, pues llevaban directamente al poder a los grandes propietarios agrarios, por eso destacaban la importancia que tenían también las rentas de origen comercial o industrial, así como los valores y las capacidades intelectuales. El empresario gaditano interesado tempranamente en la construcción de ferrocarriles16, José Díez Imbrechts, opinaba que quienes ejercían «una profesión útil, literaria, económica, civil, facultativa industrial o mercantil, todos estos son dueños de un capital representado por su ciencia y su experiencia», estaban interesados en la felicidad social, y por tanto eran candidatos aceptables para representar los intereses de la población17.

  • 18 Burdiel, 1987, pp. 100 y ss.
  • 19 Fontana, 1977, p. 105.

7Una vez abiertas las Cortes, la política cerrada y poco liberal de Martínez de la Rosa despertó una oposición cada vez más fuerte en el Estamento de Procuradores18, sobre todo a lo largo del verano de 1834, cuando se discutió el proyecto de contestación al discurso de la Corona. Joaquín María López fue especialmente beligerante con el estrecho liberalismo que emanaba del Estatuto, convirtiéndose en uno de los jefes del sector más avanzado, que entre agosto de 1834 y mayo de 1835 presentó 56 peticiones, de las que 15 tenían intencionalidad política, especialmente la que planteaba los derechos políticos19. Los conservadores esgrimían el paternalista e interesado argumento de la inmadurez del pueblo español para justificar la falta de derechos políticos, tópico que era rechazado por Joaquín María López:

  • 20 López, Colección de discursos parlamentarios, vol. 1, p. 51.

¿Se habrá de decir siempre que la nación está muy atrasada, que se halla en un grado de estupidez que no le permite alcanzar lo que las demás, que se halla muy postergada a todas en la carrera de las luces? Y ¿hemos de marchar siempre a retaguardia aún del mismo Portugal?20.

  • 21 Ibid., p. 19.
  • 22 Ibid., p. 21.
  • 23 Matilla y Frax, 1999.
  • 24 López, Colección de discursos parlamentarios, vol. 1, p. 53.
  • 25 Burdiel, 1989 y Romeo Mateo, 1998.
  • 26 Marliani, El Reinado de Fernando VII, p. 175.
  • 27 Burdiel, 1987, p. 167.

8El paso previo era el establecimiento de la libertad de imprenta, ya que «sin ella, todas las demás garantías quedan reducidas a la nulidad, o por lo menos no merecen la confianza para ser tales garantías»21. Un sistema auténticamente representativo debía consagrar la igualdad ante la ley, la libertad civil, la seguridad personal, la inviolabilidad de la propiedad, la independencia del poder judicial y la responsabilidad de los agentes del poder, para evitar los peligros del despotismo y de la arbitrariedad. Para Joaquín María López, el derecho de propiedad debía ser uno de los dogmas fundamentales del nuevo código político, por cuanto era «anterior al establecimiento de las sociedades, como efecto del trabajo e inteligencia del hombre, por lo cual no puede menos de protegerse en toda su extensión»22. Efectivamente, en la Tabla de Derechos que aprobó el Estamento de Procuradores el 28 de agosto de 1834 se afirmaba que la propiedad era un derecho fundamental, como la libertad y la seguridad personal23. El reconocimiento de esos derechos y su fijación en un código era compatible con la aceptación del Estatuto; por el momento, su modificación no implicaba su rechazo24. Los liberales progresistas aceptaban en principio el marco del Estatuto y optaban por la vía política y no insurreccional25; pero la resistencia a las reformas de Martínez de la Rosa acentuó la oposición de este sector del liberalismo y mostró con toda claridad la pérdida de credibilidad del jefe del Ejecutivo, que terminó por dimitir, siendo nombrado para sustituirle en junio de 1835 el conde de Toreno, presidente de un nuevo Gabinete que «no alcanzaba a infundir confianza ni desahogo»26. El cambio ministerial tuvo lugar sin contar con las Cortes, que, además, permanecieron cerradas durante el mandato de Toreno, lo que «acabó por exasperar a la oposición liberal»27.

  • 28 Castells Oliván, 1989.
  • 29 Moliner Prada, 1997, pp. 131-174.
  • 30 Blasco Ibáñez, 1890-1892, vol. 2, p. 738.
  • 31 Burdiel, 1987, p. 353.

9El liberalismo avanzado había denunciado reiteradamente el abandono en que el Gobierno tenía a las provincias, acusándolo de ignorar los problemas del país y desconocer el abatimiento y la miseria de la nación. Por tanto, el recurso a la fuerza estaba más que justificado y el liberalismo recuperaba una tradición insurreccional que había practicado durante el primer tercio del siglo28. A lo largo del verano se produjo un movimiento juntero sustentado por la Milicia, que se extendió con rapidez prácticamente por todo el país29. La revolución de 1835 fue una oportunidad para «haber cambiado rápida y completamente la organización política del país»; si las Juntas no se hubiesen disuelto ni confiado tan ciegamente en el liberalismo de Mendizábal, «otra hubiese sido la suerte del país, pues la reacción hubiera quedado detenida»30. Para algunos liberales, el movimiento juntero de 1835 se saldó con un fracaso debido a las contradicciones en que se movieron las Juntas, como consecuencia de los objetivos dispares y, a veces, opuestos de los distintos agentes que intervinieron en el proceso revolucionario. Aun así, la subida de Mendizábal al poder fue un paso importante en el proceso de revolución desde arriba, al permitir integrar en el régimen, al menos momentáneamente, a liberales progresistas, que aceptaron la ampliación del acuerdo entre la Monarquía y el liberalismo31.

  • 32 López, Colección de discursos parlamentarios, vol. 1, p. 137.
  • 33 Díaz Marín, 2000, p. 67.
  • 34 El Español, 8-ii-1836, en Borrego, Andrés Borrego, periodismo político liberal, p. 88.

10Las Juntas habían demandado con insistencia la apertura de Cortes, y el Gobierno fijó el 16 de noviembre como fecha para reanudar la vida parlamentaria. En el discurso de apertura pronunciado por la Regente, la Corona aceptaba, en principio, la situación surgida de la revolución y anunciaba los tres importantes proyectos que habían de discutir las Cortes: el de elecciones, el de libertad de imprenta y el de responsabilidad ministerial. Joaquín María López mostró su apoyo al programa, destacando la urgencia con que deberían acometerse los tres proyectos, «si los derechos de los españoles han de dejar de estar una vez a la merced y tutela de los hombres colocados en el poder»32. La normalidad constitucional exigía la celebración de elecciones, cuya convocatoria se realizó con arreglo al decreto de 20 de mayo de 1834, que fijaba el 19 de febrero de 1836 como fecha para la celebración de las Juntas Electorales de Partido y el 26 para la reunión de las Juntas de Provincia. El Ejecutivo insistía en que ni la convocatoria de elecciones ni la de Cortes significaban alteración alguna en la línea de gobierno y exhortaba a los gobernadores civiles a mantener el orden público y ejercer influencia en los comicios. Había que contener no solamente a los carlistas, sino a los sectores más radicales del liberalismo, haciendo posible el triunfo de la «libertad legal»33. Andrés Borrego reclamaba respeto a la legalidad en el proceso electoral y recomendaba que los liberales más acreditados e influyentes de cada provincia desa-rrollaran campañas a favor de candidatos de un nítido pasado antiabsolutista34.

  • 35 Caballero,El Gobierno y las Cortes del Estatuto, pp. 13-18.
  • 36 Tomás Villarroya, 1968, p. 446 y Burdiel, 1987, p. 309.

11Estas elecciones despertaron más interés que las anteriores. Hubo cambios en el censo electoral, como consecuencia de las modificaciones introducidas en los ayuntamientos por el Real Decreto de 23 de julio de 1835, que supuso un aumento del número de electores. El liberalismo avanzado consiguió un resonante triunfo: 119 diputados ministeriales frente a 30 de oposición, según Fermín Caballero35. La rotundidad de la victoria y el hecho de que fueran eliminados del Estamento procuradores de renombre, que habían constituido una fuerte oposición al gabinete Mendizábal, cuestionaba la limpieza del proceso electoral. Como comenta Joaquín Tomás Villarroya: «Resulta difícil explicar que por medios correctos y regulares pudiera diezmarse a una oposición tan numerosa y con arraigo evidente en el país»36.

La ampliación del sufragio y las primeras elecciones directas en julio de 1836

  • 37 Marichal, 1980, pp. 102-103.
  • 38 En Díaz Marín, 2000, p. 75.
  • 39 Burdiel, 1987, p. 319.

12La victoria gubernamental en las elecciones dio al Ministerio Mendizábal la suficiente estabilidad para gobernar sin sobresaltos. La actividad parlamentaria de la primavera de 1836 se centró básicamente en la necesidad de ampliar el derecho electoral y reformar el Estatuto37, cuestiones que permitieron delimitar con cierta nitidez la división del liberalismo. El 22 de marzo tuvo lugar la apertura de Cortes, con un discurso de María Cristina en el que anunciaba la intención del Gobierno de plantear un proyecto de ley electoral, como «medio legal de revisar nuestras instituciones»38. Una comisión compuesta por personas afines al ministerio redactó el proyecto de contestación del Estamento aprobando el uso que el Gobierno había hecho del voto de confianza39. Pero la opinión de la comisión no era compartida por la totalidad de la cámara. Istúriz y Alcalá Galiano encabezaron un pequeño grupo opositor en la línea moderada, mientras que el liberalismo avanzado pedía una profundización de las reformas, una opción gubernamental más transformadora. En este sentido, Joaquín María López alertaba de los efectos del inmovilismo sobre la pérdida de credibilidad del ministerio en la sesión del 6 de abril de 1836:

  • 40 López, Colección de discursos parlamentarios, vol. 1, p. 174.

Los pueblos forman sus ídolos, pero también los pueblos dejan de mirarlos como tales desde el momento en que conocen que no son más que deidades impotentes, incapaces de satisfacer sus necesidades y sus deseos. Éste es el camino que corre todo el que se para en la carrera de las revoluciones; el que no llega con sus obras adonde ofreció con sus palabras. He aquí el cargo principal que yo dirigiré contra el gobierno40.

13En la misma línea se manifestó Espronceda en su opúsculo sobre el Ministerio Mendizábal, al que reprochaba no sólo el incumplimiento de su programa, sino, sobre todo, gobernar de espaldas al pueblo:

  • 41 Espronceda, Obras Completas, p. 576 («El Ministerio Mendizábal», febrero de 1836, pp.573-579).

¿Y qué reformas se han hecho? ¿Qué empleos inútiles se han abolido? ¿Qué empleados carlistas han sido separados de su destino? ¿Qué ahorros de importancia se han hecho en el oneroso presupuesto que abruma a los pueblos?41.

  • 42 Ibid.,p.577.

14Pero lo más grave era el desencanto y la desilusión, que se traducía en una pérdida de apoyo social: «¿Qué decretos han salido del taller del Gobierno que interesen a las masas populares en nuestra regeneración política y las hagan identificarse con la causa que defendemos?»42. Esta misma actitud contradictoria es la que destaca Rico y Amat, aunque desde otra posición ideológica:

  • 43 Rico y Amat, Historia política y parlamentaria de España, t. i, pp. 23-24.

Moderado y progresista con cortos intervalos, monárquico y popular a la vez, ni pudo apoyar al trono, ni supo satisfacer al pueblo. Nacido a la vida pública en medio de una insurrección general, no hizo más que adormecerla para que despertase después con doble ímpetu43.

  • 44 Pan-Montojo, 2000.
  • 45 Citado por Moreno Alonso, 1997, p.452.

15De hecho, el proyecto político de Mendizábal era, ante todo, reformista44 y entre sus prioridades no estaba la de poner fin al Estatuto Real, tal y como había confesado a Lord Holland en una carta fechada en París el 14 de agosto de 1835: «Aunque si yo hubiera tenido parte no me habría contentado con él, una vez promulgado es preciso conservarlo y operar sobre esta ley fundamental»45.

  • 46 Marichal, 1980, pp.105-107 y Burdiel, 1987, pp.321-322.
  • 47 López, Colección de discursos parlamentarios, vol. 1, p. 191.
  • 48 Ibid., p. 194.
  • 49 Marichal, 1980, p. 106.

16No extraña, pues, que Mendizábal perdiera el apoyo del liberalismo avanzado, al tiempo que no podía contrarrestar los ataques de los conservadores. Desde principios de mayo era ya evidente la intención de la oposición de terminar con el Gabinete. El día 6 los próceres solicitaron la suspensión de la desamortización, mientras que los radicales, en torno a Caballero, ponían ciertas condiciones para seguir apoyando al Gobierno: racionalización y control de los gastos, reorganización del equipo ministerial, exilio de los obispos más recalcitrantes, aumento del número de próceres favorables a Mendizábal y la destitución de los generales Quesada y San Román46. La negativa de la Regente a destituir a los militares provocó la dimisión de Mendizábal, siendo nombrado Istúriz para sustituirle. Pero el político gaditano no contaba con el suficiente apoyo en la Cámara, y en la sesión del 16 de mayo varios procuradores presentaron una protesta en la que pedían que el Estamento suspendiera las facultades extraordinarias concedidas al Gobierno en la legislatura anterior mediante el voto de confianza; que, en el caso de disolverse las Cortes, no se pudiesen cobrar contribuciones no votadas por éstas; y que se considerasen nulos todos los empréstitos o anticipaciones de fondos obtenidos sin la autorización del Parlamento47. El Gobierno consideró la protesta como un ataque a sus prerrogativas y se opuso a su discusión argumentando que no se atenía al reglamento de las Cortes. López rechazó esa interpretación, y destacó que el control parlamentario sobre las contribuciones era una forma de fiscalizar al Ejecutivo y de reafirmar las competencias del Parlamento. Acto seguido denunció el origen extraparlamentario del Ministerio y su falta de apoyo en el Estamento48. Para los liberales avanzados el Gabinete Istúriz suponía un paso atrás en el proceso de consolidación del liberalismo. Había abandonado el camino de las reformas emprendido por Mendizábal y mermaba las atribuciones del legislativo frente al ejecutivo, pero lo más grave era que no parecía dispuesto a romper los vínculos con el Antiguo Régimen. La oposición planteó un voto de no confianza contra el Gobierno, que fue aprobado por 78 votos a favor, 29 en contra y 13 abstenciones. Según Marichal, la votación delimitó con claridad los dos futuros partidos moderado y progresista49.

  • 50 En Díaz Marín, 2000, p. 79.

17La respuesta de Istúriz fue disolver las Cortes y convocar elecciones. El día 2 de mayo, María Cristina hizo público un manifiesto criticando la gestión del gobierno Mendizábal y la actitud del Estamento de procuradores, cuyo radicalismo desbordaba el marco del Estatuto: Peticiones para sustituir al modo conocido de hacer leyes otro de invención nueva; interpelaciones de índole extraña, cuyo carácter y frecuencia declaraba el intento de embarazar al gobierno. Ante la disyuntiva de situarse del lado del Gobierno o aceptar las propuestas de los procuradores, la Regente optó por disolver las Cortes. En ese mismo documento la Corona anunció la intención de ampliar el sufragio, «dando a la elección popular tanta dilatación cuanta consienten vuestras circunstancias»50.

  • 51 Estrada Sánchez, 1999, pp. 17-53 y Tomás Villarroya, 1968, p. 142.
  • 52 Tomás Villarroya, 1965 b, p. 11.

18Ya durante 1835 las Cortes se habían ocupado de la ley electoral sin llegar a ponerse de acuerdo. En 1836 el Estamento de Procuradores retomó el tema y terminó la discusión del proyecto el 18 de mayo, quedando pendientes solamente algunas adiciones. Pero en la sesión del 21 de ese mismo mes los procuradores aprobaron un voto de censura contra el Gobierno, que reaccionó cerrando las Cortes, de modo que no quedó aprobada la nueva ley electoral51. Sin embargo, el Gabinete Istúriz, mediante Real Decreto de 24 de mayo de 1836, validó el proyecto aprobado por el Estamento de Procuradores. Si bien la medida no era jurídicamente correcta porque infringía el artículo 13 del Estatuto Real, según el cual la regulación de las elecciones debía ser objeto de una ley52, se justificó por el carácter más democrático del proyecto y por cuestión de rapidez.

  • 53 Caballero, El Gobierno y las Cortes del Estatuto, p. 149.
  • 54 Citado por Díaz Marín, 2000, p. 81.

19El número de diputados quedó establecido en 258 —uno por cada 50.000 almas— frente a los 188 anteriores, y el cuerpo electoral aumentó considerablemente, llegando a 65.067 según Fermín Caballero; el 0,5% de la población frente al 0,05% anterior. Podían ser electores los mayores contribuyentes, en razón de 200 por cada diputado que correspondiera a cada provincia, a los que había que añadir todos los contribuyentes que pagaran igual cuota a la menor. La cuota de contribución variaba de una provincia a otra y el número de electores dependía de la población, no de la riqueza. Todo ello se tradujo en grandes disparidades. Según datos de Fermín Caballero, la cuota media era de 305 reales para el conjunto del país, pero oscilaba mucho: más de 500 reales en Córdoba y Sevilla y 500 reales en Madrid, frente a 58 reales en Asturias, 122 en Almería o 130 en Burgos. También podían votar las capacidades, aunque el decreto especificaba que quienes pagaran cuota como mayores contribuyentes votaran en calidad de tales. Era la primera vez que se permitía el derecho al sufragio a las capacidades y su número ascendió a 14.926, siendo los más numerosos los militares y miembros de la guardia nacional. Las diputaciones eran las encargadas de elaborar las listas electorales y decidir sobre reclamaciones; también de dividir las provincias en distritos, en función de la comodidad de los electores, señalando como cabezas las localidades de más fácil acceso. Las provincias fueron divididas en 605 distritos, pero muchos municipios quedaron al margen de la participación electoral53. Las elecciones duraban tres días y, al décimo de su comienzo, se debía celebrar el escrutinio general en la capital de la provincia por una junta compuesta por la Diputación y los comisionados de los distritos. Para ser diputado se debía conseguir la mayoría absoluta de votos en la primera vuelta. En caso contrario, el gobernador tenía que convocar nuevas elecciones, cuyos candidatos serían solamente los que habían obtenido mayor número de votos en la primera vuelta, «en razón de tres candidatos por cada diputado que falte nombrar»54. En esta segunda vuelta bastaba conseguir la mayoría relativa. Por último, el decreto establecía como condiciones para ser diputado disfrutar de una renta de 9.000 reales anuales, o pagar 500 reales de contribución directa. No podían ser elegidos diputados los próceres, gobernadores, intendentes, regentes de audiencias, capitanes y comandantes generales en las provincias en que ejercieran su mando.

  • 55 Díaz Marín, 2000, p. 88.

20La campaña electoral se desarrolló con cierta intensidad en los primeros días del verano. El Gobierno publicó una circular animando a la participación y exhortando especialmente a los funcionarios a concurrir a las elecciones, como un medio de «formar las costumbres políticas de los españoles». El Ejecutivo medía la conciencia cívica de los empleados públicos por su implicación en el proceso electoral. Sin duda esperaba encontrar en la burocracia funcionarial uno de sus apoyos y para ello no dudó en colocar al frente del gobierno de las provincias a personas de su misma opinión política. Como los funcionarios civiles, los militares también debían mostrar un interés «por la causa pública para que sirvan de ejemplo a los demás ciudadanos»55. A medida que se acercaba la fecha de las elecciones las recomendaciones del Gobierno iban siendo más descaradas. En una circular del 4 de julio el ministro de Gobernación instaba a los gobernadores civiles a alertar a los electores de:

  • 56 Citado por Tomás Villarroya, 1965 b, p. 27.

Las interesadas miras, tanto del carlismo como de la anarquía, que cubriéndose con la máscara del bien público, invocan mentidamente una libertad que detestan. Y que les advierta que una vez formada su opinión sobre el color político de sus candidatos respectivos, conviene mucho que se unan todos los de un mismo modo de pensar, organizándose y procediendo de acuerdo, si no quieren exponerse los más a ser vencidos por los menos56.

  • 57 Fernández Almagro, 1943.

21Con todo, la injerencia gubernamental en las elecciones no fue escandalosa, y no llegó a alcanzar el grado de épocas posteriores57.

22Poco a poco fueron haciéndose públicas algunas candidaturas, cuya aparición constituyó un fenómeno nuevo, relacionado con el sistema de elección directa. Según Joaquín Tomás Villarroya, la iniciativa en este sentido correspondió a El Español, que, recién comenzada la discusión de la ley electoral, planteó el 15 de enero de 1836 la necesidad de formarlas:

Establézcanse candidaturas, admítase su uso en nuestras costumbres, y que los españoles que aspiren al honor de representar a sus conciudadanos declaren a la faz del país que solicitan sus sufragios. Conocidos de antemano los nombres de los que merezcan fijar la atención pública, todos los electores de una provincia, como de un distrito, se hallarán en estado de juzgar acerca del mérito de los candidatos y de dar su voto al que más confianza les inspire.

  • 58 Citado por Tomás Villarroya, 1965 b, p. 31.

23El 16 de junio incluía un manifiesto electoral que afirmaba que «la candidatura es una necesidad universalmente reconocida para la buena elección de diputados cuando han de nombrarse por el método directo»58.

  • 59 Gómez Ochoa, 2003, p. 149.

24Aunque los moderados concurrieron a estas elecciones con una orientación más liberal, gracias a la incorporación de algunos antiguos exaltados59 y con espíritu conciliador, los comicios no transcurrieron con normalidad. Hubo una gran dispersión del voto, pues, según Fermín Caballero, fueron votados 6.224 candidatos, de modo que en algunas provincias se hizo necesario convocar segundas elecciones, que en la mayoría de los distritos electorales no pudieron celebrarse, ya que estalló un movimiento insurreccional contra el Gobierno Istúriz que lo impidió.

  • 60 Burdiel, 1989 y 1999.

25Hay una relación entre la frustración del liberalismo radical ante los resultados electorales y la insurrección de las provincias, tal y como reconocieron los propios políticos contemporáneos, pero también es cierto que desde la caída de Mendizábal y la disolución de las Cortes el descontento hacia la nueva situación política fue en aumento entre las filas progresistas, que finalmente optaron por la revolución y por el recurso a una amplia movilización popular60.

La vuelta fugaz al sistema gaditano: las elecciones de octubre de 1836

  • 61 Véase Burdiel, 2004, pp. 77-85.

26Tras el motín de los sargentos de La Granja, la Regente aceptó la Constitución de 1812 —no sin ofrecer resistencias y dilaciones61—, poniendo fin al régimen del Estatuto Real. Por Real Decreto de 21 de agosto de 1836 el gobierno de José María Calatrava convocó Cortes Constituyentes. Las elecciones fueron reguladas por los capítulos III, IV y V de la Constitución de 1812 con algunas novedades: se nombraba un diputado por cada 50.000 almas, y no por cada 70.000; el número total de diputados era de 241 (excluidos los de las colonias) y el de suplentes de 96; se reducían los plazos de celebración de los cuatro grados de elección.

27Las Juntas Electorales de Parroquia se componían de todos los ciudadanos avecindados y residentes en la parroquia, incluidos los eclesiásticos seculares. En las Juntas de Parroquia se nombraba por cada 200 vecinos un elector parroquial, dos si excedía de 300 el número de vecinos y tres si excedía de 500. El número mínimo para elegir un elector se fijaba en 150 vecinos; en caso de no llegar a esta cifra se tendrían que unir varias parroquias. Para ser elector parroquial no se requería más que la mayoría de edad de 25 años y residencia en la parroquia. La Junta Parroquial elegía 11 compromisarios, 21 si eran dos los electores provinciales que habían de nombrarse, o 31 si eran tres. Los compromisarios elegían a los electores de parroquia. Éstos se reunían en las Juntas Electorales de Partido, en un número triple al de los diputados que se había de elegir. El último grado era el de las Juntas Electorales de Provincia, compuestas por los electores de todos los partidos, que tenían que reunirse en la capital de la provincia para nombrar los diputados.

  • 62 Artola, 1977, vol. 1, p. 47, considera esa cifra elevada porque representaba cerca de la cuarta par (...)
  • 63 Caballero, Resultado de las últimas elecciones, p. 16.

28Para ser diputado se exigían unas condiciones más restrictivas: ser mayor de 25 años, haber nacido en la provincia o estar avecindado en la misma durante siete años al menos, disfrutar de una renta anual procedente de bienes propios, aunque este artículo quedaba en suspenso, momentáneamente, hasta que las Cortes establecieran las cuotas de renta y la calidad de los bienes necesarios. Ningún empleado público nombrado por el Gobierno podía ser elegido diputado por la provincia donde ejercía su cargo. La composición del cuerpo electoral nacional, según Fermín Caballero, comprendía 3.000.000 de electores en el primer grado62, 200.000 compromisarios, 16.000 electores parroquiales y 460 electores de partido63. Estas cifras suponían el 24,67%, 1,64%, 0,13% y 0,003% respectivamente de la población española. Parece cuestionable la cifra de electores de partido que da Fermín Caballero, pues si su número debía ser triple del de diputados la cifra resultante sería 723 y no 460. La actitud del Gobierno en estos comicios contrasta con la mantenida por los ejecutivos anteriores. Para los progresistas, los representantes de la nación debían ser producto de una opinión pública que pudiera manifestarse sin coacciones; por eso el ministro de Gobernación, Joaquín María López, en una circular de 14 de septiembre, subrayaba que tanto el Gobierno como sus empleados tenían la obligación de respetar el juego limpio y la legalidad y, en consecuencia, abstenerse de cualquier injerencia:

  • 64 Eco del Comercio, 16-ix-1836.

Partiendo el Gobierno de estas máximas y de esta confianza, sólo hace una prevención a sus empleados, y es que la influencia que puedan tener en las elecciones, la hagan sentir limitada y, exclusivamente, en procurar las presida la libertad más omnímoda64.

29Las elecciones dieron una holgada mayoría a los progresistas que pudieron acometer la elaboración de la Constitución de 1837 y una nueva ley electoral en consonancia con el nuevo texto constitucional.

Las clases medias a escena: la ley electoral de 1837

30Los años del Estatuto fueron años de lucha por la ampliación de los derechos políticos. Un grupo social, la mesocracia, deseaba participar en la dirección de los asuntos del Estado, que durante el absolutismo habían monopolizado los grupos estamentales. El afianzamiento del Estado constitucional exigía la ampliación de los derechos políticos, como expresión de un consenso que incluyera no solamente a las élites económicas, sino que fuera también la expresión de un pacto social en el que estuvieran representados los intereses de las clases medias.

  • 65 Ull Pont, 1974; Artola Gallego, 1977 y Caballero, 1999.
  • 66 Citado por Tomás Villarroya, 1965 a, pp. 165-166.
  • 67 Millán, 1994.
  • 68 Romeo Mateo,2003 y Burdiel, 2000.
  • 69 Varela Suanzes, 1983-1984.
  • 70 Gómez Ochoa, 2003, p. 150.
  • 71 El Porvenir, 8-vi-1837, en Donoso Cortés, Artículos políticos, p. 260.

31La ley electoral de 1837 quiso dar respuesta a esas demandas y fue un complemento de los principios expuestos en la Constitución promulgada un mes antes65. Dio cabida en el cuerpo electoral a quien tuviera «garantía de propiedad», que se podía manifestar como afirmaba Olózaga, «por todos los medios posibles, por el pago de contribuciones, por rentas, por arrendamientos, por alquiler de casa»66. Por tanto, la propiedad y la independencia económica eran la base del sufragio, permitiendo una ampliación del número de electores y una mayor liberalización de la vida política. La ley emergió sobre el trasfondo de la Guerra Carlista, que había obligado al liberalismo a buscar un compromiso en la construcción del nuevo Estado, apoyado en el nuevo orden de las jerarquías sociales67, pero marginando a las clases populares. Aunque se trataba de una ley progresista, los progresistas que la hicieron no eran los mismos que los de 1812, pues a la altura de 1837 el progresismo rechazaba de plano el retorno al radicalismo gaditano68 y se mostraba dispuesto a consensuar elementos tan fundamentales como la nueva Constitución transaccional, que incorporó algunos principios propios del moderantismo69, o la nueva ley electoral70. Al mismo tiempo ofrecía vías reformistas que aumentaban las posibilidades de movilidad social y ayudaban a redefinir las clases medias en un sentido más amplio e integrador. Sin embargo, los conservadores, alarmados, veían en la nueva ley electoral un camino inexorable a la denostada democracia71. Para el progresismo las clases medias debían imbuirse de la cultura política de la participación y convertirse en protagonistas, porque en ellas residía:

  • 72 Eco del Comercio, 21-v-1837, citado por Moliner Prada, 1988, p. 60.

El deseo de progreso, apoyado por las capacidades y templado por el espíritu del orden, que acompaña a la propiedad y a la ilustración, y éstos son los elementos que forman el desideratum de las leyes electorales72.

  • 73 El Porvenir, 3-viii-1837, en Donoso Cortés, Artículos políticos, p. 460.
  • 74 Romeo Mateo, 1998.
  • 75 Romeo Mateo, 2000 y Millán, 1999, p. 255. Una opinión discrepante sobre el igualitarismo liberal, e (...)

32Frente a la nobleza y al pueblo, propiedad e ilustración eran elementos que cohesionaban a las clases medias, pero no siempre iban juntos. Por eso, incluso un conservador como Donoso, si bien reconocía que «la gran mayoría de los diputados debe siempre estar compuesta de propietarios», veía también conveniente que hubiera «en las asambleas legislativas una parte inteligente que comprenda las grandes cuestiones, que dirija la masa honrada y le enseñe la tendencia de las leyes»73. Aunque los liberales más conservadores no lo vieran así, la nueva ley era una respuesta al cambio social que había traído la ruptura revolucionaria, a las demandas de los nuevos grupos sociales que estaban relevando a las antiguas élites. El liberalismo progresista estaba empeñado en construir un nuevo marco político en el que la mesocracia, es decir el mundo de los propietarios considerados en un sentido mucho más lato que como los concebía el moderantismo, tuviera especial relevancia; pero subordinando al mismo tiempo a las clases populares, a las que, por otro lado, no se había dudado en recurrir en los momentos rupturistas de 1835 y 1836, frente al carlismo y a la reacción. Las clases medias se convertían en objetivo político del progresismo74, que confiaba en que el desarrollo económico aumentara el número de propietarios y condujera a una sociedad menos dicotómica, más igualitaria y armoniosa, que ensanchara el horizonte de esas clases medias75.

33La ley electoral de 1837 dio nuevo aliento a la política. Al crear la figura del diputado suplente y establecer que los senadores tenían que ser votados en terna, aumentó considerablemente el número de representantes a elegir. En el caso del Congreso no distinguía entre electores y elegibles, mientras que para el Senado exigía una renta superior a 30.000 reales, o pagar 3.000 reales de contribución por subsidio de comercio.

  • 76 Cases Méndez, 1977.

34Podían ser electores los contribuyentes que pagasen al menos 200 reales de contribución; propietarios y capacidades con una renta de al menos 1.500 reales; arrendatarios y aparceros que pagaran una renta anual de 3.000 reales o poseyeran dos yuntas destinadas al cultivo de tierra propia o ajena, e inquilinos que pagaran por alquiler de vivienda una cantidad anual que oscilaba, según la categoría de la ciudad, entre los 400 y los 2.500 reales. El censo electoral experimentó una notable ampliación y flexibilización —entre 1837 y 1844 aumentó un 44,6%76— con respecto a la época del Estatuto y al contemplado en la ley moderada de 1846. Andrés Borrego valoraba ese aspecto de la ley de 1837:

  • 77 Borrego, Manual electoral, p. 5, citado por Álvarez Berango, 2000, p. 12.

Esta extensión de los derechos políticos es mucho más amplia que la que existe en la mayoría de las naciones regidas por gobiernos representativos, y muy superior a la que se observa en Francia77.

  • 78 Jover Zamora, 1991, p. 192.
  • 79 Díaz Marín,2002.
  • 80 Millán, 2002 y Millán y Romeo Mateo, 2004.

35La ley fue un paso importante en el proceso de «forja de una ciudadanía»78 al ampliar los derechos políticos y facilitar la intervención en la vida pública a grupos no necesariamente vinculados con las jerarquías económicas más elevadas, lo que evidencia el carácter hasta cierto punto abierto y no cerradamente elitista de este liberalismo político, en claro contraste con el moderantismo que se impuso a partir de 1844. Ahora bien, aunque no se distinguía entre electores y elegibles, la praxis electoral sí lo hizo, pues los representantes políticos pertenecían al ámbito de respetabilidad que les diferenciaba del pueblo79. La adquisición del derecho electoral por parte de medianos propietarios, arrendatarios y profesionales liberales dinamizó la vida política implicando a sectores de las clases medias, lo que favoreció un cierto arraigo de la cultura política de la participación, aunque se viera desvirtuada por una recurrente manipulación, que revela una distorsión entre la práctica electoral y los principios establecidos por la ley. La elaboración de las listas electorales y la división de las provincias en distritos facultaron la intervención —a veces sutil, a veces descarada— de las diputaciones en los procesos electorales, cuya actuación no siempre se ajustó a las órdenes del Gobierno central, marcando un claro contraste con lo que sucederá en la época moderada, cuando la independencia de criterio de los gobiernos provinciales y locales será bastante más limitada. Para los progresistas, la existencia de ciertas fuerzas, cuya resistencia era difícil de vencer, hacía aconsejable la manipulación. Con los moderados y la ley electoral de 1846, ésta se convirtió en norma, la ampliación y profundización de una cultura política participativa quedó congelada y la extensión de la ciudadanía se interrumpió. Pese a que no todos los moderados opinaban igual, el juego político se hizo más cerrado y excluyente, pues los conservadores no veían necesario crear una conciencia política en los ciudadanos; precisamente la funcionalidad del sufragio restringido residía en su carácter desmotivador para la movilización ciudadana. Es más, una vez elegidos los representantes, la soberanía ya no radicaba en el cuerpo electoral, sino en aquéllos. Al entorpecer el desarrollo de la ciudadanía se bloqueaban las demandas de una auténtica liberalización del sistema político y se cerraba el camino a la democracia80. Pero para el moderantismo la desmovilización ciudadana no era incompatible con el liberalismo; antes al contrario, facilitaba que la política quedara en manos de personas cualificadas y capacitadas, que podían ejercer el derecho de representación «responsablemente». Así, el liberalismo que terminó por imponerse a mediados del siglo xix, pese a los intentos de los ideólogos doctrinarios de vincularlo a las clases medias, fue un liberalismo socialmente oligárquico y políticamente antidemocrático.

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Bibliographie

Álvarez Berango, Laura (2000), «Encuentros en la tercera vía. El problema de la conciliación liberal en el proceso político de 1837 a 1844», Revista de las Cortes Generales, 51, pp. 7-41.

Artola, Miguel (1977), Partidos y programas políticos [1808-1936], vol. 1: Los partidos políticos, Madrid.

Blasco Ibáñez, Vicente (1890-1892), Historia de la revolución española. Desde la Guerra de la Independencia a la Restauración en Sagunto (1808-1874) (3 vols.), Barcelona.

Borrego, Andrés, Manual electoral para el uso de los electores de la opinión monárquico-constitucional, Madrid, 1837.
, Andrés Borrego, periodismo político liberal conservador(1830-1846), Concepción de Castro (introducción, selección y notas), Madrid, 1972.

Burdiel, Isabel (1987), La política de los notables. Moderados y avanzados durante el régimen del Estatuto Real (1834-1836), Valencia.
(1989), «Dret, compromís i violència en la revolució burgesa. La revolució del 1836», Recerques, 22, pp. 63-82.
(1999), «Morir de éxito. El péndulo liberal y la revolución española del siglo xix», Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales, 1, pp. 181-203.
(2000), «La tradición política progresista. Historia de un desencuentro», en Carlos Dardé (dir.) y Rocío Luca de Tena (coord.), Sagasta y el liberalismo español (Catálogo de la exposición celebrada en Madrid del 20 de diciembre de 2000 al 18 de febrero de 2001), Madrid, pp.103-121.
(2004), Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid.

Burgos, Javier de, Anales del Reinado de D.a Isabel II (6 vols.), Madrid, 1850-1851.

Caballero, Fermín, El Gobierno y las Cortes del Estatuto. Materiales para su historia, Madrid, 1837 a.
, Resultado de las últimas elecciones para Diputados y Senadores, Madrid, 1837 b.

Caballero, Margarita (1999), «El derecho de representación. Sufragio y leyes electorales», Ayer, 34, pp. 41-63.

Cases Méndez, José Ignacio (1977), «El sufragio censitario. Elecciones durante el reinado de Isabel II», Historia 16, Extra II, pp.51-60.

Castells Oliván, Irene (1989), La utopía insurreccional del liberalismo. Torrijos y las conspiraciones liberales de la década ominosa, Barcelona.

Díaz Marín, Pedro (2000), Los derechos políticos en los inicios del liberalismo (Alicante 1834-1836), Alicante.
(2002), «Elecciones y práctica electoral en la provincia de Alicante bajo la ley de 1837», Comunicación presentada al Congreso InternacionalOrígenes del liberalismo. Universidad, política, economía. (Universidad de Salamanca, 1-4 de octubre de 2002), Salamanca, publicada en CD-Rom, Departamento de Economía e Historia Económica, Universidad de Salamanca.

Donoso Cortés, Juan, Artículos políticos en «El Porvenir» (1837), Pamplona, 1992.

Espronceda, José de, Obras completas de D. José de Espronceda, Jorge Campos (ed.), Madrid, 1954.

Estrada Sánchez, Manuel (1999), El significado político de la legislación electoral en la España de Isabel II, Santander.

Fernández Almagro, Melchor (1943), «Las Cortes del siglo xix y la práctica electoral», Revista de Estudios Políticos, 10, pp. 383-416.

Fernández Domínguez, Arturo (1992), Leyes electorales españolas de diputados a Cortes en el siglo xix. Estudio histórico y jurídico-político, Madrid.

Fernández Sebastián, Javier y Fuentes, Juan Francisco (dirs.) (2002), Diccionario político y social del siglo xix español, Madrid.

Fontana, Josep (1977), La revolución liberal. Política y hacienda en 1833-1845, Madrid.

García Rovira, Anna María (1989),La revolució liberala Espanya i les clases populars (1832-1835), Vic.

Gómez Ochoa, Fidel (2003), «Pero, ¿hubo alguna vez once mil vírgenes? El partido moderado y la conciliación liberal, 1833-1868», en Manuel Suárez Cortina (ed.), Las máscaras de la libertad. El liberalismo español (1808-1950), Madrid, pp. 135-168.

Jover Zamora, José María (1991), La civilización española a mediados del siglo xix, Madrid.

López, Joaquín María, Colección de discursos parlamentarios, defensas forenses y producciones literarias de D. Joaquín María López, publicados por D. Feliciano López, abogado del Ilustre Colegio de Madrid (7vols.), Madrid, 1856-1857.

Marichal, Carlos (1980), La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España (1834-1844), Madrid.

Marliani, Manuel, El Reinado de Fernando VII, Madrid, 1986.

Marrast, Robert (1989), José de Espronceda y su tiempo. Literatura, sociedad y política en tiempos del Romanticismo, Barcelona.

Matilla, María Jesús y Frax, Esperanza (1999), «Libertad de industria y comercio. El derecho de propiedad», Ayer, 34, número monográfico «Derechos y Constitución», Rafael Flaquer (ed.), pp. 17-40.

Millán, Jesús (1994), «Burgesia i canvi social a ‘Espanya del segle xix, 1843-1875», Recerques, 28, pp. 73-80.
(1999), El poder de la tierra. La sociedad agraria del Bajo Segura en la época del liberalismo (1830-1890), Alicante.
(2002), «La doble cara del liberalismo en España. El cambio social y el subdesarrollo de la ciudadanía», Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée,114 (2), pp. 695-710.

Millán, Jesús y Zurita, Rafael (1998), «Élites terratenientes y tipos de caciquismo. La casa de Rafal/Via Manuel entre la revolución liberal y la crisis de la Restauración», Historia Agraria, 16, pp. 153-181.

Millán, Jesús y Romeo Mateo, María Cruz (2004), «Was the Liberal Revolution Important to Modern Spain? Political Cultures and Citizenship in Spanish History», Social History, 3, pp. 284-300.

Moliner Prada, Antonio (1988), Joaquín María López y el Partido Progresista (1834-1843), Alicante.
(1997), Revolución burguesa y movimiento juntero en España. La acción de las juntas a través de la correspondencia diplomática y consular francesa (1808-1868), Lleida.

Moreno Alonso, Manuel (1997), La forja del liberalismo en España. Los amigos españoles de Lord Holland (1793-1840), Madrid.

Pan-Montojo, Juan (2000), «Juan Álvarez y Mendizábal (1790-1853). El burgués revolucionario», en Isabel Burdiel y Manuel Pérez Ledesma (coords.), Liberales, agitadores y conspiradores. Biografías heterodoxas del siglo xix, Madrid, pp. 155-181.

Rico y Amat, Juan, Historia política y parlamentaria de España (desde los tiempos primitivos hasta nuestros días) [3 tomos], Madrid, 1860.

Romeo Mateo, María Cruz (1993), Entre el orden y la revolución. La formación de la burguesía liberal en la crisis de la monarquía absoluta (1814-1833), Alicante.

Romeo Mateo, María Cruz (1998), «Lenguaje y política del nuevo liberalismo. Moderados y progresistas (1834-1845)», Ayer,29, número monográfico «La política en el reinado de Isabel II», Isabel Burdiel (ed.), pp.37-62.
(2000), «La cultura política del progresismo. Las utopías liberales, una herencia en discusión», Berceo. Revista riojana de ciencias sociales y humanidades, 139, pp. 9-30.
(2003), «Los mundos posibles del liberalismo progresista», en Emilio La Parra López y Germán Ramírez (eds.), El primer liberalismo. España y Europa, una perspectiva comparada. Foro de debate (Valencia, 25-27 de octubre de 2001), Valencia, pp. 287-314.

Rueda, Juan Carlos (ed.) (1998), Legislación electoral española (1808-1977), Barcelona.

Ruiz Torres, Pedro (2003), «Modelos sociales del liberalismo español», en Ricardo Robledo, Irene Castells Oliván y María Cruz RomeoMateo (eds.), Orígenes del liberalismo. Universidad, política, economía. Actas del Congreso Internacional (Universidad de Salamanca, 1-4 de octubre de 2002), Salamanca, pp. 173-204.

Tomás Villarroya, Joaquín (1965 a), «El cuerpo electoral en la ley de 1837», Revista del Instituto de Ciencias Sociales, 6, pp. 157-205.
(1965 b), «Las primeras elecciones directas en España», Anales de la Universidad de Valencia, 38, pp. 7-56.
(1968), El sistema político del Estatuto Real (1834-1836), Madrid.

Ull Pont, Eugenio J. (1974), «El sufragio censitario en el derecho electoral español», Revista de Estudios Políticos, 195-196, pp. 161-192.

Varela Suanzes, Joaquín (1983-1984), «La Constitución española de 1837. Una Constitución transaccional», Revista de Derecho Político, 20, pp. 95-106.

Wais, Francisco (1987), Historia de los ferrocarriles españoles (2vols.), Madrid.

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Notes

1 Javier Fernández Sebastián, voz «Ciudadanía», en Fernández Sebastián y Fuentes (dirs.), 2002, p. 141. Mi artículo forma parte del Proyecto de Investigación BHA 2002-01006 del Ministerio de Ciencia y Tecnología (actualmente Ministerio de Educación y Ciencia).

2 Jover Zamora, 1991, pp. 192-195.

3 Citado por Fontana, 1977, p. 27.

4 Burgos, Anales del Reinado de D.a Isabel II, vol. 1, pp. 341-351 y 352-357.

5 Romeo Mateo, 1993.

6 Marrast, 1989, p. 273.

7 Burdiel, 1987 y García Rovira, 1989.

8 Caballero, El Gobierno y las Cortes del Estatuto, p. xvi.

9 Díaz Marín, 2000, p. 16.

10 Ibid.

11 Millán y Zurita,1998.

12 La normativa electoral, en Rueda (ed.), 1998, pp. 59-63 y Fernández Domínguez, 1992.

13 Citado por Díaz Marín, 2000, p. 16.

14 Tomás Villarroya, 1968, p. 431.

15 Caballero, Resultado de las últimas elecciones, p. 16. Según Marliani, El Reinado de Fernando VII, p. 168, en España había 18.447 concejos repartidos en 49 provincias, lo que suponía 376 concejos por provincia: «Se pueden regular en 10 por provincia las cabezas de partido; y así es que en el total de los concejos habría 490 con voto electoral, y 17.957 sin él, y como cada cabeza de partido nombraba dos electores, las 490 cabezas componían 980 electores».

16 Wais, 1987, p. 26.

17 Citado por Díaz Marín, 2000, p. 26.

18 Burdiel, 1987, pp. 100 y ss.

19 Fontana, 1977, p. 105.

20 López, Colección de discursos parlamentarios, vol. 1, p. 51.

21 Ibid., p. 19.

22 Ibid., p. 21.

23 Matilla y Frax, 1999.

24 López, Colección de discursos parlamentarios, vol. 1, p. 53.

25 Burdiel, 1989 y Romeo Mateo, 1998.

26 Marliani, El Reinado de Fernando VII, p. 175.

27 Burdiel, 1987, p. 167.

28 Castells Oliván, 1989.

29 Moliner Prada, 1997, pp. 131-174.

30 Blasco Ibáñez, 1890-1892, vol. 2, p. 738.

31 Burdiel, 1987, p. 353.

32 López, Colección de discursos parlamentarios, vol. 1, p. 137.

33 Díaz Marín, 2000, p. 67.

34 El Español, 8-ii-1836, en Borrego, Andrés Borrego, periodismo político liberal, p. 88.

35 Caballero,El Gobierno y las Cortes del Estatuto, pp. 13-18.

36 Tomás Villarroya, 1968, p. 446 y Burdiel, 1987, p. 309.

37 Marichal, 1980, pp. 102-103.

38 En Díaz Marín, 2000, p. 75.

39 Burdiel, 1987, p. 319.

40 López, Colección de discursos parlamentarios, vol. 1, p. 174.

41 Espronceda, Obras Completas, p. 576 («El Ministerio Mendizábal», febrero de 1836, pp.573-579).

42 Ibid.,p.577.

43 Rico y Amat, Historia política y parlamentaria de España, t. i, pp. 23-24.

44 Pan-Montojo, 2000.

45 Citado por Moreno Alonso, 1997, p.452.

46 Marichal, 1980, pp.105-107 y Burdiel, 1987, pp.321-322.

47 López, Colección de discursos parlamentarios, vol. 1, p. 191.

48 Ibid., p. 194.

49 Marichal, 1980, p. 106.

50 En Díaz Marín, 2000, p. 79.

51 Estrada Sánchez, 1999, pp. 17-53 y Tomás Villarroya, 1968, p. 142.

52 Tomás Villarroya, 1965 b, p. 11.

53 Caballero, El Gobierno y las Cortes del Estatuto, p. 149.

54 Citado por Díaz Marín, 2000, p. 81.

55 Díaz Marín, 2000, p. 88.

56 Citado por Tomás Villarroya, 1965 b, p. 27.

57 Fernández Almagro, 1943.

58 Citado por Tomás Villarroya, 1965 b, p. 31.

59 Gómez Ochoa, 2003, p. 149.

60 Burdiel, 1989 y 1999.

61 Véase Burdiel, 2004, pp. 77-85.

62 Artola, 1977, vol. 1, p. 47, considera esa cifra elevada porque representaba cerca de la cuarta parte de la población española, «lo que supondría la totalidad de la población por encima de una línea situada alrededor de los dieciocho años».

63 Caballero, Resultado de las últimas elecciones, p. 16.

64 Eco del Comercio, 16-ix-1836.

65 Ull Pont, 1974; Artola Gallego, 1977 y Caballero, 1999.

66 Citado por Tomás Villarroya, 1965 a, pp. 165-166.

67 Millán, 1994.

68 Romeo Mateo,2003 y Burdiel, 2000.

69 Varela Suanzes, 1983-1984.

70 Gómez Ochoa, 2003, p. 150.

71 El Porvenir, 8-vi-1837, en Donoso Cortés, Artículos políticos, p. 260.

72 Eco del Comercio, 21-v-1837, citado por Moliner Prada, 1988, p. 60.

73 El Porvenir, 3-viii-1837, en Donoso Cortés, Artículos políticos, p. 460.

74 Romeo Mateo, 1998.

75 Romeo Mateo, 2000 y Millán, 1999, p. 255. Una opinión discrepante sobre el igualitarismo liberal, en Ruiz Torres, 2003, p. 185.

76 Cases Méndez, 1977.

77 Borrego, Manual electoral, p. 5, citado por Álvarez Berango, 2000, p. 12.

78 Jover Zamora, 1991, p. 192.

79 Díaz Marín,2002.

80 Millán, 2002 y Millán y Romeo Mateo, 2004.

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Pour citer cet article

Référence papier

Pedro Díaz Marín, « La cultura de la participación », Mélanges de la Casa de Velázquez, 35-1 | 2005, 99-118.

Référence électronique

Pedro Díaz Marín, « La cultura de la participación », Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 35-1 | 2005, mis en ligne le 27 octobre 2010, consulté le 20 août 2017. URL : http://mcv.revues.org/1571

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Auteur

Pedro Díaz Marín

Universidad de Alicante

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© Casa de Velázquez

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