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Le partage de l'eau (Espagne, Portugal, Maroc)

Grandes zonas regables y reparto del agua en España

El caso de la cuenta del Guadalquivir
Grandes zones d’irrigation et problème de la répartition de l’eau en Espagne. Le cas du bassin du Guadalquivir
Large Irrigable Areas and Water Distribution in Spain. The Case of the Guadalquivir Basin
Leandro del Moral Ituarte et Rocío Silva Pérez
p. 125-147

Résumés

L’agriculture consommant plus de 80 % de l’eau en Espagne, l’avenir de l’irrigation continue d’être une des clés de la gestion des ressources hydriques. Le ralentissement de la demande en eau de la part de l’agriculture (encore croissante dans certaines régions) et la redistribution des ressources disponibles en faveur d’usages économiquement et socialement plus productifs constituent deux objectifs fondamentaux de la nouvelle politique de l’eau. Dans ce contexte, cet article présente les résultats d’une enquête récente sur les grandes zones d’irrigation d’initiative publique dans le bassin du Guadalquivir, confrontées aux défis de la réforme de la politique agricole commune et de la Directive Cadre sur l’eau. Une importante étude de terrain dans les trois communautés d’irrigants permet de proposer un diagnostic de la situation actuelle ; d’identifier les fortes inerties à l’origine du maintien du modèle actuel de l’utilisation de l’eau ; et d’analyser, en particulier, les éléments essentiels du débat actuel sur la question de l’eau : la nouvelle répartition spatiale et temporelle des ressources disponibles.

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Texte intégral

Texte intégral en libre accès disponible depuis le 15 novembre 2009.

  • 1 Véase Allan, 2000. Nuestro artículo recoge algunos resultados del proyecto de investigación El cana (...)

1En la cuenca del Guadalquivir, como en el resto de España, ha predominado hasta el presente un modelo de gestión hídrica orientado hacia la generación del recurso, el « paradigma hidráulico », bien descrito en otros países por una abundante bibliografía1. El axioma central de este paradigma, formulado a finales del siglo xix, ha consistido en la necesidad de proporcionar agua suficiente para todos aquellos agentes sociales dispuestos a utilizarla en el de-sarrollo de la producción, especialmente del regadío. Este desarrollo implicaba un proyecto de profunda transformación geográfica, de « regeneración » física y moral del país, cuyo instrumento privilegiado serían las obras hidráulicas de financiación pública.

Agua y sociedad en España : definición de problemas

  • 2 Ortega Cantero, 1992; López Ontiveros, 1998;Drain(dir.),1998 y Swyngedouw, 1999.
  • 3 Faggi, 1996.

2Las características específicas y las diferentes manifestaciones históricas del « paradigma hidráulico » en España a lo largo del siglo siguiente han sido expuestas repetidas veces, tanto por autores españoles como de otras nacionalidades2. Durante mucho tiempo la política hidráulica se ha presentado como la máxima expresión de la política correcta que el país necesitaba, desempeñando un importante papel en la legitimación del Estado, fenómeno que también ha sido descrito en otros contextos geográficos3. Independientemente del debate sobre costes y beneficios sociales, económicos y ecológicos, el sistema hidráulico resultante de esta estrategia constituye un componente básico de la estructura física en la que se basa la actual sociedad española. Ni la historia reciente del país ni su configuración actual pueden ser entendidas sin tener en cuenta lo que ha significado la intervención sobre el sistema hidrológico y su radical transformación.

  • 4 En el debate sobre gestión del agua se reclama frecuentemente la distinción entre«demanda económica (...)

3Sin embargo, esta estrategia ha tenido como consecuencia directa el aumento de la vulnerabilidad del sistema a lo largo de la segunda mitad del siglo xx, pese al constante incremento de recursos hídricos disponibles. La razón de esta dinámica es que, en el marco institucional y en presencia de los agentes implicados en la gestión del agua, ha existido una relación no casual entre la estrategia de incremento de los recursos y la expansión de la « demanda »4. El actual modelo de utilización del agua —caracterizado por el débil control sobre los usos y la escasa responsabilización de costes— está estrechamente relacionado con la conceptualización de los recursos hídricos —input productivo altamente subsidiado— que, entre otros factores culturales y políticos, otorga legitimidad a la política hidráulica tradicional. Como resultado de todo esto, mientras más recursos se han hecho disponibles, mayor se ha hecho la « demanda » de agua, en un contexto de consenso generalizado sobre el derecho de acceso al recurso por parte de los sectores productivos tradicionales.

  • 5 La «sequía» se define como el déficit hídrico inusual, la anomalía pluviométrica negativa suficient (...)

4En términos generales, las experiencias de sequías5, como expresiones de la crisis del sistema hídrico, han contribuido a la justificación y consolidación de este razonamiento. Las sequías se perciben como expresiones circunstanciales de una escasez crónica de agua, fruto del llamado « déficit estructural » (una suerte de desequilibrio hidráulico permanente) entre la demanda de agua y la capacidad de regulación (fundamentalmente a través de embalses) del sistema hidrológico. Esta percepción social del riesgo de sequía contribuye a que apenas se tomen en consideración la variabilidad y la incertidumbre al estimar los recursos disponibles. En este sentido, hasta ahora las experiencias de sequía han ayudado por lo general a reforzar la estrategia infraestructural, dirigida por los poderes públicos, a la vez que han dificultado el desarrollo de una estrategia orientada hacia la previsión de contingencias (es decir, situaciones más o menos frecuentes, pero anómalas y de ocurrencia incierta) y la gestión de crisis.

5Sin embargo, en España a lo largo de la última década y, más específicamente, tras la sequía de 1991-1995 y la amenaza de los años 1999-2000, aunque las inercias culturales, políticas y sociales siguen siendo fuertes, los límites de las prácticas actuales en la gestión del agua han sido objeto de un intenso debate. Una idea muy extendida entre los gestores de agua y los principales usuarios es que durante la sequía el sistema de gestión de agua llegó en algunas regiones a una situación de colapso, expresión de una trayectoria que no se puede mantener ya indefinidamente. Esta idea, junto con otras tendencias generales en política de agua, derivadas de procesos socio-políticos y económicos más generales, forzó un profundo proceso de reflexión. Puede afirmarse que el paradigma hidráulico tradicional sufre una crisis profunda —aunque todavía mantiene fuertes apoyos— en ausencia de un proyecto verdaderamente alternativo y socialmente aceptado.

La reasignación del agua como nueva estrategia de adaptación a la escasez

6Algunas de las reorientaciones que experimenta el actual sistema de gestión están relacionadas con la tendencia general hacia la privatización y « mercantilización » de los servicios, dentro de la cual se produce el desarrollo de una atmósfera general favorable a soluciones que incorporen « indicadores económicos de escasez » en la asignación del agua. Esto incluye, por un lado, medidas para un análisis económico de los usos del agua que lleven a un cierto grado de recuperación de costes, lo cual cambiaría la propia conceptualización del déficit hídrico. Por otro lado, esta tendencia prepara el terreno para la introducción de mecanismos de « reasignación », de reparto del agua entre usuarios con demandas concurrentes. Frente al discurso tradicional de la política de agua vigente —es decir, planificación hidrológica administrativa con reconocimiento de derechos adquiridos sobre el agua—, el nuevo discurso subraya la necesidad de crear instrumentos de gestión más flexibles, que permitan la reasignación de agua entre los usuarios. Durante el debate de la reforma de la Ley de Aguas en 1999, en la que se introdujo esta posibilidad, se creó un cierto consenso general en torno a la idea de que, aunque habría que evaluar cuidadosamente las implicaciones sociales y espaciales de tales reasignaciones, los intercambios voluntarios entre usuarios podrían ser un mecanismo para garantizar las necesidades más urgentes y beneficiosas, especialmente en situaciones de sequía.

  • 6 Véase el art. 56 de la Ley de Aguas de 1985 y el art. 52.2 del texto refundido de 2001.

7En España el uso de las aguas continentales renovables requiere una concesión administrativa otorgada por las autoridades de cada cuenca (confederaciones hidrográficas) de acuerdo con un orden de preferencia que la Ley de Aguas establece, con carácter general, del siguiente modo : abastecimiento a poblaciones (incluyendo industrias conectadas a las redes de distribución municipales) ; regadío y usos agrarios ; producción eléctrica ; otros usos industriales, piscicultura, usos recreativos, navegación y transporte fluvial y otros usos. De acuerdo con la normativa vigente hasta 1999, el agua se vinculaba rígidamente a los usos indicados en el documento concesional y no podía ser aplicada a otro uso diferente. Incluso cuando se trataba de una concesión para riego, el agua no podía ser utilizada en una finca diferente a la identificada en el título concesional, aunque perteneciera al mismo titular de la concesión. Por consiguiente, no se permitían transacciones entre diferentes titulares de concesiones ni cambios de usos del agua. Solamente en situaciones especiales (sequías, emergencias) la Administración podía, y sigue pudiendo tras la reforma, modificar el uso del dominio público hidráulico « para garantizar su explotación racional », estableciéndose indemnizaciones en caso de que la modificación generara perjuicios a unos aprovechamientos a favor de otros6. Es de destacar, sin embargo, que en algunas áreas eran frecuentes las formas ilegales de compraventa de derechos de agua que daban lugar a situaciones generalizadas de mercado negro.

  • 7 Esta posibilidad de no respetar el orden de prelación se reitera en el reciente Real Decreto 1265⁄2 (...)
  • 8 Véase Bauer, 1998, uno de los autores a través del cual se introduce en España el debate sobre los (...)

8La modificación de la Ley de Aguas de 1999 pretendió hacer la situación anterior más flexible, facilitando las transacciones entre usuarios por medio de dos mecanismos : « mercados de agua » y « bancos de agua ». De acuerdo con el primero de ellos, se introdujo la posibilidad de transferencias de agua, independientemente de la existencia de sequía o no, mediante la cesión temporal de derechos de un titular a otro, pero manteniendo formalmente la institución del dominio público e introduciendo una serie de limitaciones. En primer lugar, los concesionarios pueden ceder el agua sólo a otros titulares de igual o mayor rango según el orden de preferencia, de tal manera que un regante estaría autorizado a « vender » su agua para el abastecimiento de las ciudades o a otro agricultor, pero no tendría el derecho de cederlo para fines recreativos o industriales. Aunque existirían razones de interés general que, dictaminadas por la Administración, permitirían cesiones de agua que no respetasen esta prelación de usos7. En segundo lugar, los concesionarios o titulares de derechos de uso de carácter no consuntivos (fundamentalmente los usos hidroeléctricos) no pueden ceder sus concesiones. La negativa experiencia de Chile a este respecto ha sido repetidamente mencionada8.

  • 9 Véanse, por ejemplo, Herreras Espino, 1996 y Bauer, 2005.

9El segundo mecanismo introducido en 1999 por la modificación de la Ley prevé la creación de centros de intercambio de derechos de uso de agua en caso de sequía y otras situaciones excepcionales, siguiendo la experiencia de los bancos de agua desarrollada en California en 1991 que ha sido profusamente analizada en la última década9. Tales centros de intercambio se constituyeron mediante acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Medio Ambiente. En este caso, los organismos de cada cuenca hidrográfica quedaron autorizados para realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso de agua para, posteriormente, cederlos a otros usuarios mediante el precio que el propio organismo oferte. Éste es el mecanismo que el actual gobierno trata de desarrollar.

  • 10 Pérez Díazet al., 1996.
  • 11 Naredo, 1999 y Estevan y Naredo, 2004.

10El rechazo general al sistema « paternalista » e intervencionista vigente10ha generado un cierto consenso en torno a la idea de que la introducción de flexibilidad en las concesiones tendría efectos positivos sobre el sistema de gestión en su conjunto, aunque sólo afectara a una pequeña parte de los recursos. Las diferencias de valores marginales del agua en las distintas aplicaciones y entre diferentes orientaciones de cultivos dentro del sector agrícola apoyan la operatividad de la reasignación del agua entre usuarios. La compraventa de derechos podría actuar como un mecanismo de reevaluación del agua como recurso escaso e introduciría la dimensión económica en la mentalidad de los usuarios, haciéndoles pensar en términos de costes de oportunidad y de niveles de productividad marginal en el uso del agua11. La puesta en práctica de intercambios entre usuarios conduciría, por ejemplo, a evitar restricciones de agua en poblaciones situadas en las proximidades de grandes zonas de riego. De esta forma, los trasvases desde regiones muy distantes como solución a los déficit hídricos locales se situarían en un segundo plano.

  • 12 Para entender el funcionamiento real de los mercados del agua en Canarias, véase Aguilera Klink, 20 (...)

11Sin embargo, los « mercados del agua » están siendo objeto de fuertes debates, en lo que se refiere a sus posibles consecuencias sobre la equidad social y territorial, sobre el medio ambiente y los paisajes. En las islas Canarias, por tradición histórica y por su peculiar marco legal, vienen funcionando varias modalidades de compraventa legal de agua, unas de iniciativa privada (tradicionales) y otras de carácter público. Este marco institucional incide positivamente en los ahorros y en el desarrollo de la depuración y reutilización de aguas residuales. Sin embargo, la agricultura, pese a la alta productividad de los cultivos tropicales, en particular el plátano, no puede competir con los usos urbanos, principalmente con el turismo de costa, por lo que los paisajes agrícolas se encuentran amenazados. Con el telón de fondo de esta experiencia, los grupos políticos de izquierda, así como las asociaciones de pequeños y medianos agricultores y algunas asociaciones ecologistas han criticado la introducción de los mercados12. Las objeciones se centran en : la concentración de los recursos en los sectores y áreas de mayor productividad ; los daños ambientales ; la desaparición de los agentes peor preparados ; la privatización de facto de un recurso que hasta ahora era un bien público ; la actual situación de descontrol en lo que se refiere al sistema concesional. Como se ha dicho en relación con este último tema :

  • 13 José Manuel Ruiz, «El agua fugitiva», El Correo Español-El Pueblo Vasco, 13-vii-2000, p. 23.

Actualizar el actual Registro de Aguas sería condición previa tanto del plan como de un posible mercado de aguas, porque ¿alguien se imagina un mercado libre y transparente de bienes inmuebles sin un Registro de la Propiedad actualizado y fidedigno ?13.

  • 14 Izquierda Unida, 1997, p. 7.

12Sin embargo, incluso desde los sectores críticos, aunque finalmente opuestos a la reforma, se reconoce que la flexibilización del sistema concesional (especialmente en la versión de bancos de agua) « podría ser una buena idea », pues « podría permitir resolver fácilmente la concentración de los derechos de agua en usos irracionales, minimizando el rechazo social contra la transición hacia un modelo de gestión más sostenible »14.

13Esta posición viene en parte justificada por la idea de que dado el alto porcentaje de agua destinada al riego (80 % del total), en buena parte dedicada a cultivos de pequeño valor añadido, en muchas regiones los intercambios permitidos por los mercados de agua no afectarían gravemente al sector. Por otra parte, los regantes potencialmente afectados por los mercados podrían recibir compensación por las pérdidas. En casos en los que existiera riesgo de efectos negativos indirectos, se deberían aplicar instrumentos de defensa del regadío en combinación con otras políticas, por ejemplo, políticas de ordenación del territorio cuando criterios sociales, ecológicos y paisajísticos lo justificaran.

  • 15 Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Guadalquivir, 1998, p. 7.

14En cualquier caso, pese a esta atmósfera general favorable a la « flexibilización » de las actuales « rigideces » del sistema concesional, la reforma de la Ley de Aguas fue aprobada el 25 de noviembre de 1999 con el voto en contra del principal partido de la oposición (PSOE), que prometió derogar el nuevo texto legal en caso de obtener la mayoría suficiente para ello en elecciones posteriores. También las organizaciones de regantes manifestaron sus reticencias. Así por ejemplo, la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Guadalquivir, durante la discusión de los borradores de la reforma, defendió que sólo se autorizaran contratos de transmisión de derechos de uso de agua cuando « concurrieran circunstancias especiales y excepcionales »15.

15La realidad es que, tras las elecciones de marzo de 2004, el nuevo gobierno socialista no derogó los artículos introducidos en la reforma de 1999. Por el contrario, a lo largo de 2005 se reabrió el debate sobre la operatividad de estos mecanismos, aunque primándose por parte de las administraciones centrales y autonómicas socialistas la opción de « bancos públicos » de agua.

Presentación general y análisis de la demanda de agua en la zona de estudio

16El ámbito espacial de este estudio es el conjunto de tierras situadas en la margen izquierda del río Guadalquivir, total o parcialmente regadas por el Canal del Bajo Guadalquivir. Todo este conjunto de tierras regadas, que incluyen las situadas tanto en la margen derecha como en la margen izquierda del canal, se distribuye entre trece municipios, desde Lora del Río hasta Lebrija, y comprende zonas de riego de naturaleza muy diferente.

17Del conjunto de este ámbito, a efectos del trabajo de campo, el estudio presta una atención especial a los siete municipios localizados al sur de la aglomeración urbana de Sevilla (cuadro 1 y mapa, p. 132). No obstante, debido a razones administrativas y de presentación de la documentación disponible, alguna de la información utilizada, como la procedente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) —principalmente, las Memorias de Campaña de Riegos— se refiere a un ámbito más amplio que incluye las tierras regadas aguas arriba de Sevilla.

Cuadro 1. — Distribución de las áreas de Riego en el Bajo Guadalquivir

Áreas de riego (Ha)

Municipios

Riego del arroz

Privados Bajo Guadalquivir

B-XI Norte

B-XI Sur

B-XII

Privados B-XII

Total

Coria del Río

1.812

1.812

La Puebla del Río

737

737

Dos Hermanas

110

2.601

2.054

4.765

Utrera

3.018

5.045

6.998

15.061

Los Palacios y Villafranca

525

1.494

6.822

8.841

Las Cabezas de San Juan

2.974

4.896

3.416

11.286

Lebrija

137

403

16.203

Total

6.764

14.439

21.839

950

14.099

614

58.705

Fuente : Inventario de Regadíos de Andalucía, 2003 (elaboración propria).

Ámbito de estudio

Ámbito de estudio

Fuentes : Instituto Cartográfico de Andalucía (mapa digital de Andalucía 1 : 100.000 y 1 : 400.000) y Consejería de Agricultura y Pesca (inventario y caracterización de regadíos de Andalucía, 2002).

18Como se puede observar en el mapa, el ámbito de estudio ocupa una situación central en el contexto de Andalucía Occidental, en el marco de un abanico de núcleos urbanos, nudos y redes infraestructurales que constituyen claras capacidades de integración en un territorio más amplio. El Parque Nacional de Doñana y los espacios naturales protegidos de su entorno le aportan un elemento importante de identificación y de potencialidad territorial.

19El Bajo Guadalquivir constituye un caso paradigmático entre los problemas que presentan los usos agrarios del agua en Andalucía. Su origen (transformación de una gran zona regable por iniciativa estatal) hace de esta zona un caso muy representativo de los problemas que se extienden a otras comarcas de la misma cuenca del Guadalquivir (Vegas de Jaén, Córdoba y Valle Inferior de Sevilla) y de otras cuencas españolas. Sus peculiares condiciones agronómicas, su localización en el tramo final de la cuenca —aguas abajo de todos los usos restantes— y su gran superficie potencian esos problemas. Por otro lado, las diferencias naturales y estructurales internas, la larga trayectoria de medio siglo recorrida desde los inicios de la puesta en riego y la experiencia acumulada diversifican las situaciones y obligan a matizar los diagnósticos generales.

  • 16 Consejería de Agricultura y Pesca, 2003 («Metodología y contenido temático»).

20Durante los últimos veinte años, el algodón ha ocupado el primer lugar en la distribución de cultivos, seguido por el girasol, el arroz, la remolacha, el trigo y el maíz, representando el 78 % de la superficie cultivada (gráfico 1). Así pues, se trata de una zona especializada en cultivos herbáceos de carácter extensivo o semiextensivo, de acuerdo con la terminología introducida en la segunda edición del inventario de regadíos de Andalucía16.

Gráfico 1. — Superficies medias por cultivos en el Bajo Guadalquivir* (1987-2003)

Gráfico 1. — Superficies medias por cultivos en el Bajo Guadalquivir* (1987-2003)

* % sobre el total de superficie cultivada

Fuente : CHG, “Memorias de campaña” (1987-2003). Elaboración propria.

21Por lo que respecta a la evolución temporal de los suministros de agua de riego en la zona de estudio, de la información suministrada por las Memorias de campaña de riego del período 1986-2003 (gráfico 2), se desprenden dos ideas fundamentales :

  • Por una parte, los volúmenes de agua suministrados manifiestan una gran variabilidad interanual, experimentando fluctuaciones muy bruscas entre unas campañas y otras : mínimo de 42 Hm3 en el año 1994 (descartando los años 1993 y 1995 en los que el suministro prácticamente se suspendió) y máximo de 555 Hm3 en 1999 ;

  • Por otra parte, a pesar de estas fluctuaciones, el suministro se ha mantenido básicamente estable, con una ligera tendencia al crecimiento.

Gráfico 2. — Evolución del suministro de agua (Hm3) en el Bajo Guadalquivir

Gráfico 2. — Evolución del suministro de agua (Hm3) en el Bajo Guadalquivir

Fuente : CHG, “Memorias de campaña” (1987-2003). Elaboración propria.

22La primera de las características (variabilidad interanual) no es sorprendente y responde a la bien conocida realidad de la falta de garantía del suministro hidráulico en la cuenca del Guadalquivir. Destaca la disminución del suministro en el año 1989 y, sobre todo, el colapso hidráulico durante el largo período de sequía entre 1992 y 1995. Es ésta una debilidad muy importante del sistema de riego que pareció haber sido interiorizada seriamente por los gestores y usuarios del mismo tras el impacto de la sequía mencionada.

23Efectivamente, es de destacar el comportamiento de los dos años posteriores (1996 y 1997) a la larga sequía. Pese a que el sistema de regulación general de la cuenca se había recuperado tras las fuertes lluvias de los inviernos de 1995-1996 y 1996-1997, el suministro se mantuvo moderado, en niveles inferiores a los de los años previos a la sequía. Sin embargo, la situación cambió radicalmente en los años siguientes (1998 y 1999) en los que no solamente terminó el ciclo de contención sino que se dispararon los suministros a cotas desconocidas en toda la trayectoria anterior.

24La experiencia de la campaña de riegos de 1999, un año muy seco en el que se desembalsó mucha agua, se puede considerar como un punto de inflexión en la reacción a las prácticas habituales que rodean la asignación de dotaciones de agua. Por primera vez, una parte de los medios de comunicación introdujeron un nuevo discurso en la información y el análisis sobre el reparto del agua. Un diario sevillano de gran tirada publicó en su portada el siguiente titular :

« Desviado al regadío el agua que Sevilla necesita durante seis años » (Diario de Sevilla, 30-ix-1999)

25En los días siguientes a esta denuncia, el gobierno autonómico lanzó una fuerte campaña contra la « falta de racionalidad y precaución » que suponían los altos consumos de riego. Los consejeros de Medio Ambiente, Obras Públicas y Agricultura censuraron a la CHG por aumentar el riesgo de desabastecimiento urbano en caso de que la sequía continuara en años sucesivos. Más aún, las organizaciones de pequeños y medianos agricultores se unieron a la campaña del gobierno autonómico « contra el despilfarro de grandes cantidades de agua » y los procedimientos, en su opinión, « injustos y semisecretos » por medio de los cuales se habían establecido las dotaciones de riego. Todo el tema supuso, por tanto, un fuerte golpe a la credibilidad y unidad del colectivo de los regantes y un fuerte cuestionamiento de los mecanismos habituales en la toma de decisiones.

  • 17 Garrido, Iglesiasy Gómez, 2000.

26Pese a las fuertes lluvias de otoño de 1999, el invierno de 1999-2000 fue de nuevo extremadamente seco de manera que la sequía parecía confirmarse. Ya en enero del año 2000, el presidente de la CHG publicó una nota en la que, « previendo la posibilidad de que los próximos meses continúen siendo secos », recordaba la necesidad de un uso cuidadoso del recurso y establecía una dotación de riego muy baja (3.000 m3/Ha) que podría variar en función de la evolución de las características meteorológicas del año hidrológico. Sin embargo, la posición de los regantes (incluidos los del Bajo Guadalquivir) estuvo orientada, como el año anterior, a obtener tanta agua como fuera posible para la campaña de riego en curso, desentendiéndose de cualquier consideración sobre el suministro de agua en los años siguientes. Esta actitud, como más adelante se comentará, responde a un sistema concesional que —en lo que se refiere a las cantidades de agua realmente utilizables— no da incentivos ni seguridad jurídica para que una comunidad de regantes pueda decidir unilateralmente reducir su consumo de agua en una campaña para disponer de ella en la siguiente17.

27Finalmente, la primavera del año 2000 fue muy lluviosa y la crisis fue superada. De toda esta experiencia parece haberse desprendido un acuerdo para volver a la moderación y al control de las dotaciones que caracterizó los años 1996 y 1997 (gráfico 3). En cualquier caso, los volúmenes suministrados no se han mantenido en los bajos niveles de aquellos años 1996-1997. Si se agrupa el período estudiado en dos etapas, antes y después de la sequía de la primera mitad de los años 90 (eliminando los años más afectados por la misma), se comprueba que en su conjunto la tendencia es de crecimiento de las dotaciones.

Gráfico 3. — Evolución de las dotaciones (M3/Ha) en el Bajo Guadalquivir

Gráfico 3. — Evolución de las dotaciones (M3/Ha) en el Bajo Guadalquivir

Fuente : CHG, “Memorias de campaña” (1987-2003). Elaboración propria.

28Esta tendencia de crecimiento que acabamos de comentar es menos conocida y, quizá por eso mismo, más preocupante que la repetida falta de garantía en el suministro. Teniendo en cuenta que durante estos últimos años se ha insistido mucho en la necesidad de moderar los consumos de agua, el dato afecta a un debate fundamental que se expone a continuación.

  • 18 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1998, pp. 34-36.

29En la primera mitad de la década de 1990 hubo tendencia a pensar que la consecuencia inmediata del modelo de política agrícola resultante de la primera reforma de la Política Agrícola Común [PAC] (1992) sería la disminución de las producciones —con la consiguiente reducción de los costes de producción— debido a la introducción de una nueva estrategia productiva en la que « maximizar beneficios » económicos ya no sería equivalente a alcanzar las producciones potenciales máximas. La disminución del factor trabajo y otros costes de producción habrían de ser uno de los primeros efectos de la nueva estrategia. Paralelamente, en esta etapa se pensaba que este modelo no potenciaría el ahorro de agua de riego dado el bajo precio de este factor y su casi nula elasticidad18.

30En cualquier caso, los resultados de las campañas de riego de 1996 y 1997 en la cuenca del Guadalquivir parecieron indicar que el proceso general de reducción de factores de producción empezaba a manifestarse también en el uso del agua. En 1996 la demanda real de riego fue un 40 % inferior a la demanda normal en un año medio. Estos datos generales se pueden trasladar literalmente a nuestra zona de estudio. La hipótesis de interpretación que se planteó fue que en los cultivos de regadío con altas subvenciones por superficie, sobrepasar un umbral determinado de agua aplicada mediante riego, pese a su escaso coste, empezaba a representar en términos económicos un incremento de coste de producción sin respuesta interesante para el agricultor en lo que se refiere a beneficio final. Según esta interpretación, tras el prolongado período de la sequía (1992-1995), la lógica de la reforma de la PAC de 1992 empezaría a manifestarse en el regadío bético en forma de disminución de la demanda hídrica.

31Sin embargo, como ya se ha comentado, la evolución posterior no ha venido a confirmar esta hipótesis. En el año 1997 las dotaciones, aunque crecieron, se mantuvieron moderadas, pero en los años 1998 y 1999 se dispararon. A partir de esa campaña, mediando la controversia a que anteriormente hemos hecho referencia, los consumos se han moderado (se sitúan en torno a los valores de la demanda normal de cada zona, sin llegar a descender a los niveles de 1996 y 1997). Solamente en las últimas campañas, tras los procesos de modernización de los sistemas de riego que se han iniciado, parece apuntarse la esperada inflexión a la baja de las demandas, de la que, si se confirma, lo que más destaca es lo mucho que se está retrasando y las fuertes inercias de altos consumos a los que se está enfrentando.

La productividad y el precio del agua

32Debido al tipo predominante de cultivos y a las dotaciones de agua aplicadas a la productividad del recurso, ya sea medida en valores monetarios o en empleo generado, es, en términos generales, muy baja. Cultivos extensivos (cereales y oleaginosas) o semiextensivos (algodón, remolacha) con altos consumos de agua y bajo valor de la producción bruta, dan lugar a ratios €/m3 muy reducidos. El caso extremo es el del arrozal que, debido a las altas dotaciones de agua que exige, se sitúa en una relación de 0,16 €/m3. En el extremo opuesto, las escasas superficies de cultivos hortícolas protegidos alcanzan una productividad bruta de 12,5 €/m3, pero estos cultivos tienen una presencia muy reducida en la zona.

  • 19 Una UTA es el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la acti (...)

33Teniendo en cuenta el alto nivel de mecanización de los cultivos herbáceos extensivos, la productividad del agua en términos de empleo también es muy baja. El arrozal vuelve a ponerse al frente de las necesidades de agua para generar una Unidad de Trabajo Agrario (UTA19), cerca de 400.000 m3/UTA, y los cultivos semiextensivos más característicos de la zona (algodón, remolacha) en torno a 100.000 m3/UTA.

34Pero si al análisis de los valores medios añadimos la consideración del valor de las producciones anuales a lo largo de la serie de la que disponemos (1987-2003) y, a su vez, relacionamos estos datos con los de evolución de las dotaciones de agua a lo largo de este mismo período, ya comentadas anteriormente, las conclusiones aumentan de interés y son más novedosas (gráfico 4).

Gráfico 4. — Productividad del agua por campaña (céntimos de €/m3)* en el Bajo Guadalquivir

Gráfico 4. — Productividad del agua por campaña (céntimos de €/m3)* en el Bajo Guadalquivir

*Valores corrientes y constantes en precios percibidos por los agricultores y deflactados según IPC.

Fuente : CHG, “Memorias de campaña” (1987-2003). Elaboración propria.

35La idea fundamental que se desprende de este gráfico es que no existe una correlación entre la evolución (aumentos o disminuciones) de las dotaciones y la evolución del valor de las producciones de cada campaña. El valor constante de la producción, una vez deflactado con arreglo al índice de precios al consumo (IPC), se mantiene sensiblemente estable entre 1987 y 2003 : sesenta millones de euros. Se alcanzan mínimos de producción entre los años 1992 y 1995 y ligeras puntas en los años 1991, 1998 y 2000. Pero, eliminando los años de sequía de 1993, 1994 y 1995, en los que las extremadamente bajas o nulas dotaciones distorsionan el resultado (por este motivo no se representan en el gráfico), del cruce de estos datos con las dotaciones consumidas en cada año se desprende que las mejores relaciones de productividad del agua se obtienen en años con dotaciones moderadas (1991, 1996 y 1997, en los que la producción apenas se resiente) o incluso con dotaciones bajas (1989 y 1992), en los que la disminución de la dotación de riego no se traslada linealmente a una reducción equivalente de la producción.

  • 20 Social and Institutional Responses to Climate Change and Climatic Hazards (SIRCH), proyecto del IV (...)

36Este hecho viene a confirmar en nuestro caso de estudio las observaciones realizadas en otras zonas de la misma cuenca por parte del equipo del proyecto de investigación SIRCH20. En este trabajo se hizo un análisis de las dotaciones de riego desde 1991 hasta 1998 en las zonas regables del Viar (con sistema de regulación propio) y del B-XII (dependiente del sistema de regulación general). La principal conclusión extraída de este estudio fue que el coste de reducir los impactos de la sequía hubiera sido relativamente bajo. La alta probabilidad de sufrir sequía y los altos « precios sombra » del agua (indicador de su potencial valor futuro) durante los años secos (por ejemplo, 1992-1993 y 1994-1995, con los embalses al 15 % y al 12 % respectivamente), muestra que el coste de oportunidad del comportamiento seguido en años previos (grandes dotaciones que dejaron pocas reservas en los embalses) fue desproporcionadamente elevado. Por ejemplo, un metro cúbico ahorrado en la campaña 1990-1991 en el B-XII hubiera implicado un coste de 0,03 €, mientras que su disponibilidad en la campaña 1992-1993 hubiera proporcionado 3,39 €.

37Evidentemente, este debate tiene que ver con la posición de las organizaciones de los regantes en los órganos en los que se deciden los volúmenes de desembalse y las dotaciones asignadas cada año (Comisiones de Desembalses de la CHG), según tuvimos ocasión de señalar al comentar los sucesos de la campaña de 1999 y 2000. En relación con este tema se presentan dos problemas clave.

  • Por una parte, el riesgo de que los esfuerzos realizados con el comportamiento ahorrador sean estériles si una temporada de lluvias intensas, en el invierno posterior a la decisión de reservar recursos, llena los embalses e incluso obliga a desembalsar recursos. Sin embargo, el estudio mencionado ya tuvo en cuenta este problema tomando en consideración, para el cálculo de los « precios sombra », el stock de embalse en febrero de cada año así como las series históricas de aportaciones y las consiguientes probabilidades de stocks en años sucesivos.

  • El factor que realmente dificulta la gestión con estos criterios de mayor rentabilización económica y social de los recursos es la falta de garantía que el regante tiene de que los ahorros realizados en un año vayan a repercutir en las dotaciones que obtenga en campañas posteriores. Este problema apunta al régimen de concesiones, a los mecanismos de reasignación interanual de agua y a los sistemas de toma de decisiones sobre desembalses y dotaciones (comisiones de desembalse y otros órganos de decisión de las confederaciones hidrográficas). Es decir, a cuestiones del marco institucional.

Tarifas de riego

38Un elemento clave en la gestión del regadío son los precios del agua. En el gráfico 5 se presenta la evolución entre 1987 y 2003 de los cánones y tarifas del agua, destinados a recuperar los costes públicos de regulación (embalses) y transporte. Hay que tener en cuenta que estos precios se incrementan con los costes internos de las propias comunidades de regantes (mantenimiento y conservación de redes de distribución, guardería, administración, gastos de energía) y con los costes de aplicación del agua en cada una de las explotaciones.

39En el caso de estudio del Bajo Guadalquivir se presenta un dato fundamental que confirma la tónica general en el conjunto del país : pese al prolongado e intenso debate sobre este tema durante los últimos años, los precios que el regante paga por el agua en concepto de cánones y tarifas, es decir los pagos para cubrir los costes públicos de regulación y transporte del agua, siguen siendo facturados por hectárea, son bajos (en torno a 0,015 €/m3) y han permanecido invariables, en términos de precios constantes, a lo largo de los 17 años considerados (1987-2003).

Gráfico 5. — Evolución de las tarifas de riego en el Bajo Guadalquivir (€/Ha)

Gráfico 5. — Evolución de las tarifas de riego en el Bajo Guadalquivir (€/Ha)

Fuente : CHG, “Memorias de campaña” (1987-2003). Elaboración propria.

40La tarifación por superficie es una característica histórica del régimen económico del agua que afecta a la efectividad del precio como mecanismo de regulación de los consumos. Los procesos de modernización incluyen la instalación de contadores, requisito para el paso de un sistema de tarifación por superficie a otro volumétrico. Por lo que se refiere al precio mismo, los 90 €/Ha de 2003 (que, estimando una dotación media de 6.000 m3/Ha significan, aproximadamente, los mencionados 0,015 €/m3) deflactándolos con arreglo al IPC, suponen el equivalente a las 7.500 pesetas/Ha que se pagaban en 1987.

La visión de los agricultores

41Pese a estos bajos precios, la percepción de los agricultores es que las tarifas son elevadas y, sobre todo, que cubren los costes de generación del agua, lo que no es cierto : se estima que en términos generales el agua recibe una subvención implícita del 80 % de su coste real. Sin embargo, preguntados sobre este tema, el 95 % de los agricultores encuestados responde que lo que pagan por el agua cubre los costes reales de su suministro. A los pocos que reconocen que esto no es así (el 5 % de los encuestados) se les preguntó si consideran que el agricultor debería hacerse cargo de la diferencia entre el precio del agua y el coste del suministro. La reacción fue contundente : el 68 %, de esta pequeña fracción bien informada, contestó negativamente.

  • 21 Sumpsi Viñaset al., 1998, p. 159 y Garrido, Iglesias y Gómez, 2000, p. 81.

42Bien es verdad que, preguntada esa mayoría de agricultores que afirman pagar ya lo que el agua cuesta, por su disposición a hacer frente a tarifas más elevadas, la respuesta es mayoritariamente afirmativa (57 % de los encuestados). Esta aparente paradoja se explica por tener conciencia el agricultor de su falta de alternativas en cuanto al suministro y a la relativa inelasticidad de su demanda de agua. En estudios anteriores21 se ha puesto de relieve que los regantes de esa zona están dispuestos a pagar hasta 0,045 €/m3, precio a partir del cual las explotaciones con estrategias más extensivistas empezarían a cambiar sus orientaciones o a renunciar al agua.

43Los nuevos planteamientos sobre reasignación de derechos de agua presentan todavía un nivel de asimilación muy inicial en el medio agrario. El debate que hasta el momento se ha suscitado en la zona, como en el conjunto del regadío andaluz, ha sido la fórmula de reparto administrativo del agua durante las sequías. Los agricultores están divididos casi por la mitad en relación con las dos fórmulas en presencia : el 52 % de los encuestados son partidarios de que, en situaciones de sequía, el agua se reparta proporcionalmente a la dimensión de las explotaciones (sistema legalmente vigente), mientras que casi la otra mitad (48 %) son partidarios de la modulación de las dotaciones disponibles, garantizando un mínimo de supervivencia a las pequeñas explotaciones y fijando un máximo de suministro para las grandes. Estas posiciones están influidas, como era de esperar, por la dimensión de las explotaciones. Así, los representantes de explotaciones de una parcela tipo (explotaciones de entorno a 12 Ha) se inclinan en un 60 % a favor de la modulación (el « reparto social del agua », en terminología del fuerte debate que se desarrolló sobre el tema durante la sequía de 1992 a 1995) ; mientras que sólo el 17 % de los encuestados titulares de explotaciones de más de 50 Ha apoyan esa fórmula, tomando partido por la proporcionalidad en un 83 %.

44Por lo que se refiere a las nuevas posibilidades de negociación con los derechos de agua, son muy pocos los agricultores que conocen el tema. Sólo el 3 % de los encuestados consideran que lo conocen bien, mientras que el 90 % no ha oído hablar de los mercados del agua.

  • 22 Sumpsi Viñaset al., 1998, p. 87 y Moralet al., 2003, p. 362.

45Preguntados los agricultores por su disposición a ceder sus derechos de agua a otros regantes a cambio de una compensación económica, la respuesta ha sido mayoritariamente negativa : sólo el 20 % se manifiesta dispuesto a ello mientras que el 80 % lo hace en contra. De esta manera, en la zona de estudio se confirma el predominio de una actitud que se ha identificado en investigaciones anteriores22 : el agricultor no tiene una relación mercantil con el agua que es percibida como un bien común sobre el que posee derecho de uso, pero que puede llegar a ceder gratuitamente en caso de que otro regante necesite la que a él le pueda sobrar en un momento determinado. No está bien visto hablar de « vender agua ». Por otra parte, el agricultor entiende que el reconocimiento de tener excedentes de agua para su venta puede poner en evidencia la disponibilidad de dotaciones excesivas que justifiquen futuros recortes en la concesión de la que disfruta.

46Esta última interpretación puede estar avalada por el hecho de que al hacer la pregunta sobre la disponibilidad a adquirir agua pagando a otros regantes que la quisieran ceder, las respuestas afirmativas suben al 56 % y sólo el 44 % se opone a « comprar agua ». Parece, por consiguiente, que es más aceptable « comprar » que « vender » agua. La relación entre ambas actitudes se pone de manifiesto al analizar las respuestas, en particular, del pequeño grupo que está dispuesto a vender : entre ellos el porcentaje de agricultores dispuestos a « comprar » asciende al 93 %. Por el contrario, entre la mayoría que no está dispuesta a « vender » el porcentaje de los que están dispuestos a « comprar » desciende al 44 % (cuadro 2).

Cuadro 2. — Relación entre las actitudes a favor y en contra de la compra y venta de agua

Disposición a comprar agua

No disposición a comprar agua

Total

Dispuestos a ceder agua

27

93%

2

7%

29

100%

No dispuestos a ceder agua

50

44%

63

56%

13

100%

Fuente : Encuesta a agricultores, 2005 (elaboración propria).

47Del análisis de la distribución de estas actitudes en relación con las variables independientes que se consideraron en el estudio (edad, extensión de la explotación y localización concreta dentro de la zona), parece deducirse que ni la edad ni la localidad son factores significativos para explicar las actitudes. Por el contrario, de la muestra disponible se desprende una ligeramente mayor predisposición a la utilización de los mercados del agua por parte de las grandes explotaciones.

48El estudio de la situación de las grandes zonas regables de la cuenca del Guadalquivir, en el contexto del cambio cultural, político y económico que afecta al conjunto de la gestión del agua, confirma la identificación de los temas clave que afronta el cambio de modelo de gestión.

49En primer lugar, se confirma la importancia del debate sobre el precio del agua : acercar el precio del agua, para todos sus usos, a los precios de coste para el sector público constituye una medida básica y todavía pendiente de de-sarrollo. Un aumento gradual y por tipos de regadíos de los costes del agua sería incentivador del ahorro de agua y desmotivador de nuevas transformaciones poco rentables. Una vez fijados los precios que recuperaran los costes se debería establecer una escala de bonificaciones o recargos en función de variables ligadas a la rentabilidad de la actividad y a los intereses generales.

50Esta línea de actuación se podría combinar con una reorientación de las subvenciones desde el agua de riego hacia las explotaciones (una especie de « desacoplamiento » de la subvención del agua), con objeto de compensar el aumento de costes de las explotaciones, pero sin perturbar el efecto regulador que el precio tiene sobre el uso de los recursos hídricos.

  • 23 López Martos, 2003, p. 524.

51En segundo lugar, se confirma la importancia de las políticas de modernización de los regadíos orientadas, por una parte, al ahorro del agua (lo que exige reducir las concesiones adaptándolas a este ahorro) y, por otra, a la modificación de las orientaciones productivas hacia cultivos no excedentarios y con mayor futuro en el mercado. Sin embargo, no se puede desconocer el coste de estos procesos : en un estudio reciente23, el coste unitario del ahorro de recursos por disminución de dotaciones en el Bajo Guadalquivir se estima en 0,18 €/m3, mientras que el precio actual del agua en el Bajo Guadalquivir asciende a 0,015 €/m3.

52Esta última consideración conduce a reconocer la lógica del abandono de regadíos en los sectores de menor rentabilidad. Esta política podría revestir formas flexibles para el agricultor de manera que se permitiera la retirada del cultivo en regadío de la totalidad de las explotaciones o de parte de las mismas, con carácter temporal o definitivo. Contando con las subvenciones comunitarias y con un complemento nacional a las mismas se estima que la medida tendría aceptación. El ahorro de recursos hídricos que produciría sería inmediato y a un coste inferior al necesario para regular nuevos recursos o disponer de ellos. La última reforma de la Política Agraria Comunitaria con « desacoplamiento » de subvenciones, no sólo del volumen de producción (las anteriores subvenciones a superficies) sino de la propia superficie cultivada, crea un marco institucional adecuado para ello.

53A estas medidas más convencionales se añade con fuerza en la etapa más reciente el debate sobre la virtualidad del reparto del agua como mecanismo más eficiente para gestionar la escasez. Aumenta el interés entre los analistas sobre el intercambio, permanente o no, de dotaciones entre agricultores con diferentes niveles de productividad, con la correspondiente compensación económica que permita repartir la plusvalía generada en las zonas receptoras más eficientes económica y socialmente. Dada las implicaciones para el sistema hidrológico y para otros usuarios, domina la idea de que estos intercambios deberían realizarse bajo el control de los organismos de cuenca (la fórmula de « bancos » frente a la de « mercados » de agua).

54En cualquier caso, el estudio del caso presentado confirma que la fórmula de « reparto del agua » más viable (considerando las resistencias de los regantes al intercambio) sería la distribución inter-temporal más eficiente del agua entre las distintas campañas de riego. Del análisis de los efectos de la sequía sobre dotaciones y producciones se desprende que la escasez de agua tiene impactos diferentes sobre los agricultores, el valor de la producción y los trabajadores agrícolas, y que el valor marginal del agua cambia considerablemente de los años abundantes a los años con escasos recursos.

55El análisis empírico muestra que aplicar dotaciones bajas durante las etapas de sequía meteorológica, cuando los embalses todavía se encuentran a media capacidad, proporciona beneficios en campañas posteriores. Los costes de oportunidad de este comportamiento más prudente pueden compensarse ampliamente por los beneficios obtenidos en campañas posteriores, incluso teniendo en cuenta el irregular régimen de precipitaciones y de aportaciones que caracteriza a la región y que introduce un cierto nivel de incertidumbre sobre los recursos de los que se dispondrá al año siguiente.

56Las diferencias entre valores marginales del agua en varias campañas son tan importantes como las diferencias de valor marginal del agua entre diversas zonas. Esto sugiere que, para el « reparto temporal » del agua, definir claramente derechos de agua que promovieran ahorros de agua y su reserva para campañas sucesivas constituye una alternativa de gestión de gran interés y podría ser tan importante o más que el « reparto espacial », promocionando sistemas de intercambio (mercados o bancos de agua) entre diferentes regantes.

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Bibliographie

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Aguilera Klink, Federico (2004), « Los mercados del agua en Tenerife: reglas de juego, funciones y resultados », en Pedro Arrojo Agudo(coord.), El agua en España. Propuestas de futuro, Madrid, pp. 217-246.

Allan, Anthony (2000), « Millennial water management paradigms: making Integrated Water Resources Management (IWRM) work », School of Oriental and African Studies [www.mafhoum.com/press/53aE1.htm].

Bauer, Carl J. (1998), « Slippery Property Sights: Multiple Water Uses and the Neoliberal Model in Chile (1981-1995) », en Pedro Arrojo Agudo y Javier Martínez (eds.), El agua a debate desde la Universidad. Hacia una nueva cultura del agua, Zaragoza.

Bauer, Carl J. (2005), « La experiencia de los bancos de agua en las Américas : los casos de California y Chile », en Jornada sobre los Bancos Públicos de Agua (Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, 14 de octubre 2005), [http://www.unizar.es/fnca/docu/docu104.pdf].

Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía(1999 y 2003), Inventario y caracterización de los regadíos de Andalucía, Sevilla [CD-Rom, página web de la CAP : http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca].

Drain, Michel (dir.) (1998), « Régulation de l’eau en milieu méditerranéen. Risques et tensions », número monográfico de Territoires en Mutation, 3.

Estevan, Antonio y Naredo, José Manuel (2004), Ideas y propuestas para una nueva política del agua en España, Bilbao.

Faggi, Pier Paolo (1996), « Water in Developing Countries: Productive and Strategic Values », en Anthony Allany Lutfi Radwan (coords.), Proceedings of the European seminar on water geography: Perceptions of the values of water and water environments, School of Oriental and African Studies (SOAS), London, pp. 113-116.

Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Guadalquivir (1998), Análisis del borrador de anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Aguas, Sevilla.

Garrido, Alberto, Iglesias, Eva y Gómez, Almudena (2000), « El impacto económico de las sequías en la agricultura », en Las aguas subterráneas en la gestión de sequías en España [Proyecto Aguas Subterráneas, Fundación Marcelino Botín], Madrid, pp. 75-93.

Giansante, Consuelo, Aguilar Alba, Mónica, Babiano Amelibia, Luis, Garrido, Alberto, Gómez, Almudena, Iglesias, Eva, Lise, Wise, Moral Ituarte, Leandro dely Pedregal Mateos, Belén (2002), « Institutional Adaptation to Changing Risk of Water Scarcity in the Lower Guadalquivir Basin », Natural Resources Journal, 42 (3), pp. 521-563.

Herreras Espino, José Alberto (1996), « Los mercados del agua : la experiencia de California », Revista de Obras Públicas, 3.352, pp. 21-43.

Izquierda Unida (1997), Información de la Secretaría de Medio Ambiente sobre la Ley de Agua. Presidencia Federal, 19 de mayo de 1997, Madrid.

López Martos, Juan (2003), « Los problemas del agua y su gestión en el territorio andaluz », en Pedro Arrojo Agudo y Leandro del Moral Ituarte (coords.), La Directiva Marco del Agua. Realidades y futuros. Actas del III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua (Sevilla, 2002), Zaragoza, pp. 505-546.

López Ontiveros, Antonio (1998), « El regadío, salvación de la patria y fuente de felicidad, según los congresos nacionales de riegos (1913-1934) », Demófilo. Revista de Cultura Tradicional de Andalucía, 27, pp. 27-64.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación(1998), Plan Nacional de Regadíos. Horizonte 2008, Madrid.

Moral Ituarte, Leandro del, Van del Werff, Peter, Bakker, Karin y Handmer, John (2003), « Global Trends and Water Policy in Spain », Water International, 28 (3), pp. 358-366.

Naredo, José Manuel (1999), « El agua y la solidaridad », en Ciudades para un futuro más sostenible. El Boletín de la Biblioteca, 11, número especial « El agua y la ciudad » [http://habitat.aq.upm.es/boletin/n11/lista.html].

Ortega Cantero, Nicolás (1992), « El Plan Nacional de Obras Hidráulicas », en Antonio Gil Olcina y Alfredo Morales Gil (eds.), Hitos históricos de los regadíos españoles, Madrid, pp. 335-364.

Pérez Díaz, Víctor et al., (1996), Política y economía del agua en España, Madrid.

Sumpsi Viñas, José María, Garrido, Alberto, Blanco Fonseca, María, Varela Ortega, Consuelo e Iglesias Martínez, Eva (1998), Economía y política de gestión del agua en la agricultura, Madrid.

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Swyngedouw, E. (1999), « Modernity and Hybridity: Nature, Regeneracionismo, and the Production of the Spanish Waterscape, 1890-1930 », Annals of the Association of American Geographers, 89 (3), pp. 443-465.
DOI : 10.1111/0004-5608.00157

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Annexe

Abreviaturas

CHG Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

PAC Política Agrícola Común

UTA Unidad de Trabajo Agrario

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Notes

1 Véase Allan, 2000. Nuestro artículo recoge algunos resultados del proyecto de investigación El canal del Bajo Guadalquivir en el contexto del desarrollo. Configuración actual y perspectivas futuras del sistema hidráulico regional, desarrollado a partir de un convenio entre el Instituto del Agua (Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía) y el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla (2002-2005). Lorenzo Abreu Fernández, Águeda Guisado Muñiz y David Sampedro Sánchez, becarios de investigación del citado proyecto, se han ocupado de la realización del trabajo de campo y del procesamiento de la información.

2 Ortega Cantero, 1992; López Ontiveros, 1998;Drain(dir.),1998 y Swyngedouw, 1999.

3 Faggi, 1996.

4 En el debate sobre gestión del agua se reclama frecuentemente la distinción entre«demanda económica» y «demanda física», es decir entre las cantidades de agua que los usuarios están dispuestos a pagar a un precio determinado y aquellas otras derivadas de meros deseos o requerimientos de disponer o de otorgar agua sin pensar en precio alguno (véase Naredo, 1999 así como Estevan y Naredo, 2004).

5 La «sequía» se define como el déficit hídrico inusual, la anomalía pluviométrica negativa suficientemente intensa y prolongada como para generar impactos adversos en la sociedad. Conviene no confundir este concepto con el de «aridez», que alude a condiciones permanentes, o con el de «escasez de agua», que se refiere a la situación de desabastecimiento de agua, al margen de la presencia de sequías, aunque agravada por éstas, y en un contexto no por fuerza árido.

6 Véase el art. 56 de la Ley de Aguas de 1985 y el art. 52.2 del texto refundido de 2001.

7 Esta posibilidad de no respetar el orden de prelación se reitera en el reciente Real Decreto 1265⁄2005, de 21 de octubre, por el que se adoptan medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo.

8 Véase Bauer, 1998, uno de los autores a través del cual se introduce en España el debate sobre los efectos de la legislación neoliberal chilena.

9 Véanse, por ejemplo, Herreras Espino, 1996 y Bauer, 2005.

10 Pérez Díazet al., 1996.

11 Naredo, 1999 y Estevan y Naredo, 2004.

12 Para entender el funcionamiento real de los mercados del agua en Canarias, véase Aguilera Klink, 2004.

13 José Manuel Ruiz, «El agua fugitiva», El Correo Español-El Pueblo Vasco, 13-vii-2000, p. 23.

14 Izquierda Unida, 1997, p. 7.

15 Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Guadalquivir, 1998, p. 7.

16 Consejería de Agricultura y Pesca, 2003 («Metodología y contenido temático»).

17 Garrido, Iglesiasy Gómez, 2000.

18 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1998, pp. 34-36.

19 Una UTA es el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria. El número concreto de horas se establece reglamentariamente por la administración pública.

20 Social and Institutional Responses to Climate Change and Climatic Hazards (SIRCH), proyecto del IV Programa Marco de I+D de la Comunidad Europea desarrollado entre 1998 y 2002. En este proyecto participaron, además del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Oxford, la Universidad Libre de Amsterdam, la Universidad Politécnica de Madrid y el Institute for Prospective Technological Studies (IPTS). Véase Garrido, Iglesias y Gómez, 2000, así como Giansanteet al., 2003.

21 Sumpsi Viñaset al., 1998, p. 159 y Garrido, Iglesias y Gómez, 2000, p. 81.

22 Sumpsi Viñaset al., 1998, p. 87 y Moralet al., 2003, p. 362.

23 López Martos, 2003, p. 524.

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Table des illustrations

Titre Ámbito de estudio
Crédits Fuentes : Instituto Cartográfico de Andalucía (mapa digital de Andalucía 1 : 100.000 y 1 : 400.000) y Consejería de Agricultura y Pesca (inventario y caracterización de regadíos de Andalucía, 2002).
URL http://mcv.revues.org/docannexe/image/2168/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 52k
URL http://mcv.revues.org/docannexe/image/2168/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 124k
Titre Gráfico 1. — Superficies medias por cultivos en el Bajo Guadalquivir* (1987-2003)
Légende * % sobre el total de superficie cultivada
Crédits Fuente : CHG, “Memorias de campaña” (1987-2003). Elaboración propria.
URL http://mcv.revues.org/docannexe/image/2168/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 20k
Titre Gráfico 2. — Evolución del suministro de agua (Hm3) en el Bajo Guadalquivir
Crédits Fuente : CHG, “Memorias de campaña” (1987-2003). Elaboración propria.
URL http://mcv.revues.org/docannexe/image/2168/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 40k
Titre Gráfico 3. — Evolución de las dotaciones (M3/Ha) en el Bajo Guadalquivir
Crédits Fuente : CHG, “Memorias de campaña” (1987-2003). Elaboración propria.
URL http://mcv.revues.org/docannexe/image/2168/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 44k
Titre Gráfico 4. — Productividad del agua por campaña (céntimos de €/m3)* en el Bajo Guadalquivir
Légende *Valores corrientes y constantes en precios percibidos por los agricultores y deflactados según IPC.
Crédits Fuente : CHG, “Memorias de campaña” (1987-2003). Elaboración propria.
URL http://mcv.revues.org/docannexe/image/2168/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 32k
Titre Gráfico 5. — Evolución de las tarifas de riego en el Bajo Guadalquivir (€/Ha)
Crédits Fuente : CHG, “Memorias de campaña” (1987-2003). Elaboración propria.
URL http://mcv.revues.org/docannexe/image/2168/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 28k
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Pour citer cet article

Référence papier

Leandro del Moral Ituarte et Rocío Silva Pérez, « Grandes zonas regables y reparto del agua en España », Mélanges de la Casa de Velázquez, 36-2 | 2006, 125-147.

Référence électronique

Leandro del Moral Ituarte et Rocío Silva Pérez, « Grandes zonas regables y reparto del agua en España », Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 36-2 | 2006, mis en ligne le 15 novembre 2009, consulté le 24 juillet 2014. URL : http://mcv.revues.org/2168

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Auteurs

Leandro del Moral Ituarte

Universidad de Sevilla

Rocío Silva Pérez

Universidad de Sevilla

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Droits d’auteur

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