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El conde de Floridablanca y su época

El juicio político a Floridablanca: la creación de la Junta de Estado

Le procès politique de Floridablanca : la création de la Junte d'État
The political trial of Floridablanca: creation of the «Junta de Estado»
Francisco Andújar Castillo
p. 61-81

Résumés

Après sa destitution en février 1792, le comte de Floridablanca fut fait prisonnier et enfermé dans la citadelle de Pampelune. Jusqu'à présent, nous ne connaissions comme charge retenue contre lui que celle de malversation de fonds publics lors de la construction du Canal impérial d'Aragon. Cependant, grâce à une documentation inédite, nous savons désormais qu'il fut soumis à un « procès politique », accusé d'avoir institué la Junte d'État, un organisme qui s'appropriait certaines compétences des Conseils traditionnels de la monarchie. Dans ce travail, nous analysons ce procès politique et révélons l'existence d'une nouvelle « défense » rédigée par Floridablanca lui-même, puis nous procédons à une analyse comparative de ce que fut réellement la Junte d'État et des imputations faites à son encontre par ses ennemis politiques. Nous axons également notre étude sur un point particulier, l'attribution des principales charges publiques de la monarchie, afin de comparer l'activité de la Junte d'État et le rôle joué par Floridablanca dans ce domaine au cours des années où fonctionna ce nouvel organisme.

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Texte intégral

Texte intégral en libre accès disponible depuis le 15 mai 2010.

  • 1  Ferrer del Río, 1867.
  • 2  Alcázar, 1953.
  • 3  Aborda el asunto de su final político, por extenso, Escudero, 1979.
  • 4  Hernández Franco, 1986 ; 1987-1989 ; 1990 y 1992.
  • 5  Nos exime de cualquier referencia a obras anteriores la reciente publicación de Molas Ribalta, 200 (...)

1La salida del gobierno del conde de Floridablanca, en febrero de 1792, se conoce con bastante precisión desde que Ferrer del Río publicara entre los escritos del político murciano, el famoso Memorial que presentó ante Carlos III y repitió ante Carlos IV renunciando al ministerio, así como la doble Defensa legal, la primera contra el marqués de Manca y demás autores de «ciertos papeles anónimos, satíricos, e infamatorios» contra el conde, y la segunda en respuesta a su arresto «por el llamado abuso de autoridad en el tiempo en que sirvió la Secretaría del Despacho de Estado»1. Con posterioridad, la obra de Cayetano Alcázar, centrada precisamente en el año de la exoneración, contribuyó a dar a la luz nueva documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional en torno a lo que describió como el «largo proceso de acoso» por parte de las facciones políticas que pretendían acabar con el poder alcanzado por Floridablanca como Secretario de Estado2. Con posterioridad diversos autores se ocuparon de esta misma cuestión, aportando nuevos datos sobre el complejo y dramático final de la vida política de José Moñino3. En fechas más recientes destacan los trabajos de Juan Hernández Franco, su principal estudioso, relativos a todos los ámbitos de la gestión, tanto en política interior como en política internacional4. Igualmente obras de carácter general relativas a este mismo período abordan los intensos avatares que desembocaron en el cese de Floridablanca5.

2El interés del personaje, su larga etapa de gobierno, entre febrero de 1777 y el mismo mes de 1792, el enorme poder que llegó a acumular, su servicio a dos monarcas y sobre todo, el debate abierto en torno a su «reformismo político», lo singularizan como una de las figuras más importantes de la España del siglo xviii. Sin embargo, a pesar del amplio caudal de publicaciones surgidas en torno a su figura, continúan en la penumbra algunos aspectos relativos a las causas de su final, primero con su destitución y luego con el proceso y prisión en la ciudadela de Pamplona.

  • 6 Herr, 1971, p. 219 y Alcázar, 1953, p. 116.
  • 7  Hernández Franco, 1984, p. 21.

3Sobre la destitución de Floridablanca, y con él la supresión de la Junta de Estado, se han dado múltiples argumentos, que van desde considerarlo una exigencia de la política francesa, hasta atribuirlo a una decisión personal de la reina, pasando por otras interpretaciones que consideran al ministro murciano como una victima de las intrigas de Godoy6. Juan Hernández Franco apunta también como causas del cese de Floridablanca su agotamiento político y un generalizado estado de opinión contrario hacia su persona, procedente tanto desde el campo conservador como desde el liberal, a lo cual se sumaría la enemistad de Aranda, que aprovechó su fuerza en el Consejo de Castilla para orquestar una campaña contra su persona y enfrentarlo a la nobleza y el clero. El mismo autor sitúa también como elemento clave en la defenestración de Floridablanca la presión del gobierno francés sobre Carlos IV a causa de la política contrarrevolucionaria que el primer ministro seguía tanto a nivel interno —el conocido «cordón anticontagio»— como externo, promoviendo una alianza europea para restablecer en el trono al depuesto Luis XVI7. Por unas causas o por otras, de lo que no hay duda es de que desde los grupos de poder que habían urdido las sátiras y libelos contra su persona y gestión se llevaba largo tiempo buscando su alejamiento de aquel extraordinario poder que había logrado acumular en su calidad de secretario del Despacho de Estado y presidente de la Junta de Estado.

4En las páginas siguientes pretendemos añadir algunas notas adicionales que ayuden a explicar la destitución de Floridablanca. Y lo haremos centrándonos en uno de los principales dardos políticos que se utilizaron contra su persona, esto es, la creación de una Junta de Estado que, supuestamente, restaba atribuciones a la persona regia en beneficio del primer ministro que presidía aquella reunión de secretarios del Despacho. Sin embargo, como veremos, nueva documentación, procedente del Archivo Histórico Nacional, permite arrojar nueva luz sobre una historia marcada por la complejidad y por algunas incógnitas pendientes aún de resolver. Se trata, pues de aportar nuevos datos a partir de nuevos documentos y, sobre todo, de comparar con otras fuentes lo que Floridablanca afirmó acerca del funcionamiento de la Junta de Estado que él mismo presidió durante cinco años.

Floridablanca y la creación de la Junta de Estado

  • 8  Castellano, 2006, pp. 243-244.

5De partida, señalemos la dimensión real de la Junta de Estado. Como muy bien ha señalado Juan Luis Castellano, la Junta nunca fue un Consejo de Ministros cual apuntara en su día Andrés Muriel en su Historia de Carlos IV. Las razones las ha descrito con rotundidad: porque, además de los titulares de las Secretarías del Despacho, a la Junta de Estado podían concurrir eventualmente otros ministros; porque este órgano no entendía en todas las materias administrativas; porque restringía la libertad operativa de los secretarios a lo establecido en la Instrucción Reservada; y porque carecía de la unidad necesaria, pues el rey seguía manteniendo el despacho con cada uno de los secretarios8.

6Sobre esas premisas, cualquier referencia a la Junta de Estado ha de comenzar necesariamente por la famosa Instrucción Reservada, un verdadero compendio de lo que debía ser la gestión política —nacional e internacional— de la Monarquía y de las materias que debía abordar aquel gabinete en todos los ámbitos de gobierno. Sus artículos han sido citados en numerosas ocasiones y han sido fuente inagotable de referencias para el estudio del gobierno de la Monarquía en las postrimerías del siglo xviii.

  • 9  Publicadas por Escudero, 1979, vol. 2, pp. 161-882.
  • 10 Ferrer del Río, 1867, p. 343.

7Sin embargo, si comparamos las actas de los asuntos tratados en las sesiones de la Junta con los propósitos declarados en la Instrucción Reservada observamos que los ambiciosos objetivos de creación de aquella se quedaron en una mera declaración de intenciones, en un proyecto político que, en muchos aspectos, no llegó a plasmarse en nada concreto9. Dicho de otro modo: la Junta de Estado no debatió en sus sesiones los asuntos enunciados por Floridablanca como prioritarios para abordarlos en aquel gabinete de ministros. La explicación hay que buscarla en que la Instrucción contenía el proyecto personal del primer ministro para el gobierno de España y luego, en la práctica, la Junta, como establecía el propio decreto de erección de 8 de julio de 1787, se constituía como un espacio para la coordinación de la acción política, pues sus dos principales objetivos eran debatir los asuntos «de que puede resultar regla general» y examinar las competencias entre las Secretarías del Despacho o los tribunales superiores cuando no se hubiesen decidido éstas en juntas de competencias o cuando por su urgencia conviniere abreviar su resolución10. Según Floridablanca, con posterioridad a esos dos objetivos, añadió Carlos III otro relativo a que en la Junta

se hiciesen presentes las propuestas de los empleos que hubiesen de tener mandos pertenecientes a distintos departamentos, como el político y el militar, o el político y el de Hacienda.

8Prueba palmaria de la contradicción existente entre aquella declaración de objetivos y la realidad de los asuntos tratados en la Junta, la hallamos en uno de los argumentos que fue utilizado contra Floridablanca para acusarlo de práctica de «despotismo ministerial»: la política de nombramientos de los principales agentes de gobierno de la Monarquía.

  • 11 Ibid., pp. 219-220 y 227.
  • 12 Ibid., p. 220.
  • 13 Ibid., p. 283.

9En materia de nombramientos de virreyes, gobernadores y capitanes generales de las provincias, la Instrucción establecía las características que debían reunir éstos cuando se tratase en la Junta de la provisión de esos empleos11. Sin embargo, luego, en la práctica, dicha Junta nunca trató ninguna propuesta de nombramientos de esas características, pues la competencia quedó en exclusiva en manos de los secretarios de Estado y del Despacho, a pesar de que los virreyes, gobernadores y capitanes generales tenían funciones que concernían a materias de ejército, hacienda y economía, y por tanto, su nombramiento, según aquella Instrucción y los objetivos programáticos de fundación de la Junta, hubieran precisado de la concurrencia de varios ministros en la decisión de proponer a las personas idóneas ante el monarca. Casi lo mismo se puede afirmar acerca de la necesidad que establecía la Instrucción de tratar en la Junta de Estado cuestiones relativas al gobierno de los consejos y cámaras, «acomodándolas a los tiempos presentes y mejorándolas en cuanto sea posible»12. De los diarios de acuerdos de la Junta de Estado no se infiere tampoco que esas cuestiones fuesen en ningún momento objeto de ocupación por parte de la misma. Sin embargo ambos asuntos serían objeto de los dardos envenenados lanzados por los opositores que acusaron a Moñino en la Confesión, por haber dispuesto a su libre albedrío de «los negocios de todas las secretarías con los tribunales, causas y nombramientos que dependen de ellas»13.

10Sea como fuere, lo cierto es que la creación de la Junta de Estado se convirtió desde muy pronto en punta de lanza de los ataques de sus enemigos políticos. En una fecha tan temprana como la de octubre de 1788, en que Floridablanca redacta el Memorial, comienza ya a defenderse de las acusaciones vertidas en la Confesión que calificaban a la Junta como «conciliábulo indefendible, y por lo menos ilegal» erigido para «poder impune y libremente disponer de los negocios de todas las secretarías con los tribunales, causas y nombramientos que dependen de ellas». En aquella ocasión Floridablanca se defenderá en términos muy similares a los que iba a utilizar años después con motivo de su proceso judicial. Entonces, como haría después, planteó que de manera informal la Junta se venía reuniendo antes de su llegada al ministerio y que lo único que hizo fue institucionalizar una dinámica política que ya venía funcionando. Igualmente atribuyó la idea de crear esa junta a su amigo Antonio Valdés Bazán, Secretario del Despacho de Marina.

11Pero lo más importante de la creación de aquella Junta, para sus enemigos políticos, radicaba en el excepcional incremento de poder que otorgaba a la persona del primer ministro. En palabras del propio Floridablanca, la Junta de Estado

  • 14 Ibid., p. 346.

según los malignos censores, no es otra cosa que una invención contra la libre disposición del Soberano, y un modo de apoderarse el ministerio de Estado de la autoridad de todos los ramos y departamentos14.

12Desde esta perspectiva, sus adversarios no estarían en contra de aquella creación de la Junta por discrepar de los objetivos de su erección sino por el incremento de poder de Floridablanca que podría decidir sobre asuntos de otras Secretarías del Despacho ajenas a la de Estado. En ese mismo sentido el primer ministro podría decidir sobre empleos y nombramientos de ministerios, sobre los cuales hasta ese momento no tenía capacidad de influencia alguna.

13Afirmaba Floridablanca que, en materia de provisión de empleos, se seguía la práctica institucionalizada tradicional, según la cual

  • 15  Por el contrario, Floridablanca consideraba que con aquellos nombramientos que llegasen a la Junta (...)

oye el Soberano las consultas de las dos cámaras de Castilla e Indias, de los jefes de palacio y de los mismos secretarios del Despacho, que le hacen las propuestas, en sus respectivos departamentos, para todos los cargos y promociones militares y hábiles de Estado, Guerra, Hacienda, Marina e Indias. Nadie dice que estas propuestas quitan a vuestra majestad la autoridad y libertar de elegir como quiera y a quien quiera para embajadores, ministros, generales, oficiales de mar y tierra, togados, corregidores, criados de la real casa y demás destinados a su servicio. De nada de esto se trata en la Junta15.

14Y, en efecto, así fue, pero sus adversarios políticos convirtieron aquella prerrogativa del decreto de creación en uno de los principales argumentos con los que atacar al ministro. Es probable que aquellas invectivas primeras sobre esa facultad de la Junta de Estado alejaran de la mesa de ésta cualquier intento de proceder a proponer al rey un nombramiento acordado en aquel gabinete. Como veremos, luego Floridablanca, pudo esquivar a sus enemigos utilizando otro subterfugio que le otorgaba un poder muy superior a aquel que habría gozado llevando los asuntos de nombramientos a las sesiones de aquella Junta de Estado.

  • 16 Escudero, 1979, vol. 2, p. 731.
  • 17 Ozanam, 1998, p. 356.
  • 18 Ferrer del Río, 1867, pp. 298.

15Si sus enemigos carecían de fundamentos reales para hacer aquella acusación, razones no les faltaban cuando en la Confesión denunciaron su nepotismo al haber nombrado a su hermano Francisco como presidente del Consejo de Indias. De nuevo, el primer ministro antepuso —más bien situó como excusa— a la figura del ministro de Marina, Antonio Valdés Bazán, quien también ocupó de forma interina la Secretaría del Despacho de Hacienda y Guerra de Indias entre el 8 julio de 1787 y el 25 de abril de 179016. Según Floridablanca, en el nombramiento de su hermano no intervino, sino que todo fue obra de Valdés que le nombró, amén de que su hermano acreditaba mucha experiencia en los asuntos de Indias pues había sido «cinco o seis veces» ministro del mismo Consejo de Indias que pasó a presidir desde el día 10 de julio de 1787 hasta el mismo marzo de 1792 en que sería destituido tras el cese de su hermano. El caso de Francisco Moñino debió de escandalizar, no sólo a los enemigos políticos del conde de Floridablanca, sino a todo el personal de los Consejos y de las principales instituciones de la Monarquía. Francisco Moñino tuvo una carrera meteórica merced a la protección de su hermano, el cual, siendo consejero camarista de Castilla, lo situó a la edad de 32 años como intendente de la provincia de Soria en abril de 1775, cuando hasta entonces tan sólo acreditaba cuatro años de servicio, primero como contador de rentas reales y millones de la provincia de Granada y luego como contador de la intendencia de esa misma circunscripción17. En diciembre de 1778, apenas unos meses después de ser nombrado Secretario de Estado el conde de Floridablanca, Francisco Moñino fue promocionado hasta un sillón del Consejo de Indias —cargo del que tomaría posesión en marzo de 1779— pero estuvo poco tiempo en tan alta magistratura pues en octubre de 1781 lo llamó para su primera misión diplomática como embajador en Florencia, carrera que no dejaría hasta su retorno a España al ser nombrado Presidente del Consejo de Indias. Así pues, ocupó la presidencia de este Consejo con poco más de dos años de experiencia y a la temprana edad de 45 años. Su excepcional y anómalo cursus honorum era fruto directo del patrocinio ejercido por su hermano desde la Cámara de Castilla y desde la Secretaría de Estado, y en vano podía negar una acusación tan certera como aquella contenida en la Confesión del conde de Floridablanca y que trató de rebatir en las Observaciones18.

  • 19 Ibid., pp. 283.
  • 20 Andújar Castillo, 1996, pp. 250-251.

16El problema para Floridablanca radicaba en que, por mucho que se empeñase, apenas tenía argumentos para rebatir su política de patronazgo ejercido con su extensa clientela. La misma sátira de la Confesión describía a un tal Lema como el «más insolente, el más desbocado animal y más indigno de la confianza pública» que había sido nombrado consejero del Consejo de Guerra por influencia del conde19. El autor de esa sátira se refería a Juan Francisco Pérez Lema, un burócrata de la Secretaría del Despacho de Guerra que de forma súbita había sido promocionado por Floridablanca desde oficial sexto de la misma a un puesto de consejero de Guerra en septiembre de 178520. Con independencia de los calificativos emitidos por los autores de aquel papel satírico, lo cierto es que la trayectoria de Pérez Lema era excepcional y tan sólo podía responder a la arbitrariedad y al patrocinio dispensado por Floridablanca.

Una perspectiva parcial de la exoneración de Floridablanca

  • 21 Ferrer del Río, 1867, pp. 435-508.

17Las acusaciones contra Floridablanca y el proceso judicial que se abrió tras su exoneración las conocemos a través de la perspectiva parcial contenida en la Defensa legal por el excelentísimo señor conde de Floridablanca en la causa de su arresto por el llamado abuso de autoridad en el tiempo en que sirvió la Secretaría del Despacho de Estado y demás encargos21. Se trata de un extensísimo texto que complementa la primera Defensa legal, y no menos vasta, que redactó —y que según Alcázar habría sido obra de Cipriano de Ortega— en la causa contra el marqués de Manca y demás autores de los papeles satíricos contra su persona.

  • 22 Ibid., p. 436.

18Floridablanca, detenido ya en la ciudadela de Pamplona, trató de defenderse de los cargos que le habían conducido hacia aquella prisión y que le habían supuesto el secuestro de sus bienes. De la lectura de la Defensa legal se infiere que había sido inculpado tan sólo por la causa seguida contra el banquero Juan Bautista Condom, tesorero de las obras del Canal Imperial de Aragón. Los autos, redactados por su enemigo político, el conde de la Cañada, en virtud de un decreto de 4 de julio de 1792, y a la vista de lo dictaminado por los fiscales, establecían que Floridablanca debía ser inculpado en la causa contra Condom por abuso de facultades, y más en concreto por haber dispuesto de la hacienda del rey sin consultarle, de tal modo que habían desaparecido «cuarenta millones de reales, entregados sin la menor seguridad y sin objeto ni interés del real servicio»22.

19Floridablanca intentó su liberación tratando de pactar con el conde de la Cañada. En el mes de septiembre, se dirigió a éste en una carta que no nos ha llegado, pero cuyo contenido conocemos a través de la respuesta que le dio el conde de la Cañada. En concreto, le interrogaba al conde de la Cañada en los siguientes términos:

  • 23  AHN, Consejos, legs. 52.337 y 12.675-2.

¿Qué se perderá, señor excelentísimo, en que toda España, y aun Europa, sepan y yo divulgue, que después de los Reyes son V. E. y sus amigos a quienes deba mi libertad y reposo? ¿Qué se perderá en asegurar perpetuamente el fiel agradecimiento de un hombre honrado, y adquirir sus mediadores la gloria y la opinión de generosos, y de que lejos de serle contrarios han sido sus protectores?23.

  • 24  Ibid.

20El intento de pacto fue vano, porque Floridablanca introdujo en su misiva algunas frases que, supuestamente, importunaron al monarca, aunque debieron molestar más aún al propio conde de la Cañada, que no admitió el tono amenazante del ex ministro, al advertir de las «consecuencias importantes» que se podían derivar de su mantenimiento en prisión y de la existencia de un grupo de «protectores de su libertad» calificados por el propio Floridablanca como «espíritus inquietos y descontentos, que siempre los hay en todo gobierno»24.

  • 25  La « acusación económica », cuyo contenido excede los límites y objetivos de este trabajo, se encu (...)

21Desde Madrid, el 24 de noviembre de 1792, el conde de la Cañada remitió al regente del Consejo de Navarra los cargos contra Floridablanca para que se los hiciese llegar a la prisión y pudiese defenderse de los mismos. Y, precisamente, en su Defensa legal tan sólo se defendió de los cargos relativos al Canal Imperial de Aragón, en los que se le acusaba de haber tratado de obtener beneficios personales, tanto él mismo como el tesorero, y que habían ido «en perjuicio de la propia empresa, del real erario y de otros terceros»25. Nada figuraba en aquella Defensa legal del juicio por su gestión política a que fue sometido por uno de sus principales enemigos, el conde de la Cañada, y que se convirtió en uno de los principales elementos de cargo para su encarcelamiento. No deja de sorprender que Floridablanca tan sólo se defendiera de aquella imputación de haber facilitado la malversación de caudales públicos y que ocultara por completo otra acusación de contenido estrictamente político.

  • 26  AHN, Consejos, leg. 12.675-2.

22La ocultación de esos cargos «políticos» por parte de Floridablanca realmente existió. Lo prueba la documentación inédita hallada, relativa a aquel proceso judicial, que demuestra de forma fehaciente que contra el ministro murciano hubo, además de una acusación de malversación de fondos, un verdadero «juicio político» contra su gestión, y más en concreto contra la creación de la Junta de Estado26. Se retornaba así a los mismos elementos de confrontación que habían aparecido ya en el año 1788 cuando Floridablanca redactó su Memorial y se tuvo que defender de haber impulsado la creación de la Junta de Estado.

23El conde de la Cañada, formó un Expediente o causa sobre la erección de la Junta de Estado, en el que recabó a Floridablanca que declarase sobre una serie de acusaciones que constituyen «el otro juicio», es decir, las materias de cargo por su gestión política, utilizando como arma única la erección de la Junta de Estado. Comenzando por el decreto de erección de la misma, para el conde de la Cañada, ese texto era una

  • 27 Ibid.

ley general que, con su publicación, obliga estrechamente a todos los vasallos de S. M. a su exacto cumplimiento; y sola esta circunstancia hace reparable, y aun reprensible, que se formase y publicase sin aquel previo meditado examen de muchos hombres sabios y entendidos en los graves asuntos que contiene27.

24Expresado en otros términos, el conde de la Cañada le «acusaba» de haber instituido una «Junta suprema única, y absoluta legisladora hasta de las ideas de gobierno». Nombrado presidente del Consejo de Castilla unos días después de la exoneración de Floridablanca, Juan Acedo Rico, titulado como conde de la Cañada desde noviembre de 1789, se hacía eco en las acusaciones contra Floridablanca de los mismos argumentos que se habían utilizado contra éste en 1788. El único matiz radicaba en que ahora debía transformarlas en imputaciones judiciales y por ello apeló al texto legal de creación de la Junta, uno de cuyos artículos encomendaba a ésta la «reforma de abusos» en todas las materias, competencia que, a juicio del conde de la Cañada, chocaba frontalmente con las facultades atribuidas al Consejo de Castilla que presidía y del que formaba parte como consejero desde marzo de 1773. El mismo conflicto se planteaba en la potestad de la Junta de Estado del «conocimiento arbitrario y decisivo en el más difícil y complicado asunto de las competencias entre los tribunales superiores», para lo cual el mismo Floridablanca había ordenado que de los conflictos de competencias se diese aviso desde los Consejos a las Secretarías del Despacho para que se tratasen en la Junta de Estado cual establecía el decreto de creación de la misma.

  • 28 Ibid.

25El problema, para el conde de la Cañada, estribaba en que la Junta de Estado venía a ser una nueva institución que cercenaba el poder de los Consejos, tanto como lo habían limitado las primeras medidas reformistas de Felipe V que habían restado poder a la vía consultiva que encarnaban los Consejos para transferirlo a la vía ejecutiva de las Secretarías del Despacho. Lo deja muy claro el conde de la Cañada cuando entre los cargos contra Floridablanca llega incluso a acusar a los fiscales del Consejo de Castilla de no haber hecho nada por detener aquel real decreto de creación de la Junta de Estado que «ofendía las facultades nativas del Consejo y demás tribunales, y las leyes constitucionales de la Nación y Reynos de que se compone»28. Sus conclusiones no dejaban lugar a la duda, acerca del juicio político a que se sometía Floridablanca:

  • 29  Ibid. La cursiva es nuestra.

A su real nombre se formó la Suprema Junta de Estado, y se aniquilaron tantas leyes fundamentales del Reyno, que no pudiendo atribuirse al Rey este pensamiento, porque lo resisten las mismas leyes, es consecuencia precisa que lo sea de los que influyeron y extendieron el citado real decreto de ocho de julio, con el fin que presenta a primera vista de resumir todo el Imperio en sus manos y usar de él a su arbitrio en las personas y en los bienes del Estado29.

  • 30  El texto completo del mismo se halla igualmente en AHN, Consejos, leg. 12.675-2.

26Exculpado Carlos III, como es obvio, por haber firmado el decreto de creación de la Junta de Estado, toda la responsabilidad se hacía recaer sobre el conde de Floridablanca, quien no tardó en responder a los cargos que le imputaba su enemigo y poderoso presidente del Consejo de Castilla. Desde la ciudadela de Pamplona, el 26 de enero de 1793, Floridablanca firmó el final de su extensa declaración en la que trató de rebatir todos los argumentos políticos y jurídicos —contra la legalidad del texto de creación de la Junta— esgrimidos por el conde de la Cañada. Se trata de un documento excepcional que complementa aquella otra Defensa legal, que escribiera para justificar los cargos que se le hacían en materia de uso de caudales públicos30.

27En un total de 92 puntos, Floridablanca trató de defenderse de las acusaciones y de la impugnación que hacía el conde de la Cañada del decreto de creación, comenzando, cual había hecho en 1788, con el argumento de mostrar, en primer lugar, que la creación de la Junta de Estado fue anterior a su nombramiento como primer ministro, aduciendo como prueba que asistió en el real sitio de El Pardo a una Junta el día 19 de febrero de 1777 y que luego Carlos III continuó «una especie de costumbre o estilo, de oir a la Junta sobre cualquier asunto de alguna importancia, aunque no fuese de la mayor gravedad». Tras exponer nuevos datos sobre diversas Juntas de ministros habidas —todas ellas extraordinarias, no regulares— en los años siguientes, volvió a utilizar el nombre del ministro de marina, Valdés, como autor de la idea de institucionalizar aquellas reuniones de secretarios del Despacho. Una vez formada la Junta, Floridablanca, según su propio texto de descargo, trató en diversas ocasiones, incluso antes de su puesta en funcionamiento, de que Carlos III mandase que la presidiese el príncipe de Asturias, para que el heredero

ayudase a su augusto Padre a llevar el peso de los negocios, y que al mismo tiempo fuese tomando de ellos la noticia, instrucción y conocimiento anticipado, que tanto podría conducir a sus aciertos en lo futuro.

28Sobre esta materia, el conde de Floridablanca se extendió en diversos puntos de su defensa, alegando su insistencia ante el rey, e incluso esgrimió la asistencia del monarca y del príncipe a las sesiones en las que el ministro expuso la Instrucción a la Junta, «añadiéndose y suprimiéndose todo lo que el Rey y el Príncipe notaron». De esta manera, Floridablanca transfería a la figura de los soberanos —Carlos III y Carlos IV— la responsabilidad de la creación y posterior funcionamiento de aquella Junta. Por ello, por no considerarse como responsable único de la idea, escribió con rotundidad:

  • 31 Ibid.

Para culparme por haber extendido el decreto e Instrucción sería preciso reprobar los altos motivos que hubo para ello, y culpar también a los soberanos que intervinieron en la misma, enmendaron, y aprobaron lo que se resolvió y publicó; cosa que no se puede decir ni aun oír, sin estremecerse31.

29El segundo gran núcleo de críticas del conde de la Cañada, centrado en el poder que la Junta había sustraído a los Consejos, también fue rebatido por Floridablanca con el argumento de que ese órgano «lejos de aumentar la autoridad de los ministros o secretarios del Despacho, se modera, templa, y disminuye notablemente», pues no había en el texto del decreto providencia alguna contraria a las leyes «ni que perjudique al Consejo y Cámara de Castilla». Para el ex-ministro, la Junta había sido tan sólo

una Junta de conferencias puramente consultiva para excitar y metodizar cierta clase de negocios y expedientes, sin facultades en ella de decidir o resolver la más mínima cosa ni admitir recurso alguno, ni aún de alterar el modo de ordenar, substanciar o instruir los mismos expedientes.

30Su acalorada defensa de la Junta como un órgano meramente consultivo, y sin poder alguno, le llevó incluso a escribir alto tan grotesco como que la

Junta de gobierno de la Hermandad del Refugio, y la de cualquier otra congregación o cofradía han tenido y tienen más autoridad que la de Estado, porque pueden mandar algo por sí mismas en muchos negocios de su cuerpo.

31Con más sentido y razón, Floridablanca afirmó que el decreto que instituyó la Junta estableció que la misión de ésta consistía en resolver lo mismo que con anterioridad tenían obligación de hacer cada uno de los secretarios del Despacho por sí solos, con la salvedad de que ahora, en el seno de la Junta, lo harían en relación a materias muy importantes y graves. Su reflexión más importante se centraba en que el decreto de erección de la Junta, que había servido al conde de la Cañada para responsabilizarle de la merma de poder de los Consejos, en lugar de aumentar la autoridad de los Secretarios del Despacho la disminuía

puesto que los sujeta a que en los asuntos graves, que podían despachar por sí solos con S. M. traten y conferencien con los individuos de la Junta, ya sean los Secretarios del Despacho, o ya algunos más que Rey mande llamar a ella, como previene el mismo decreto.

32La Defensa política de Floridablanca para instituir la Junta de Estado constituye todo un tratado de los fines políticos perseguidos por el ministro murciano con la finalidad de coordinar las acciones de gobierno y, a la vez, intervenir él mismo —y, desde luego, esto lo silenciará— en materias que hasta entonces eran competencia de cada una de las Secretarías del Despacho. Sus razones siempre se fundamentaban en la búsqueda de una «regla general» en asuntos que, teniendo aparentemente trascendencia en un solo ámbito de gobierno, afectaban a todos o a buena parte de los vasallos, a sus derechos reales, a los pueblos, e incluso a los caudales públicos.

33Entre las acusaciones del conde de la Cañada se hallaba una relativa a las posibles carencias de los miembros de la Junta en materia de derecho, de tal modo que difícilmente podían establecer normas de carácter general, cual establecía el decreto de creación de aquel órgano. Floridablanca argumentó en contra de esa imputación con una prolija serie de razones, entre ellas la previsión que hacía el propio decreto de posibilitar la asistencia a la Junta de miembros togados del Consejo de Castilla o de otros Consejos que fuesen necesarios para que diesen su voto o dictamen. Pero la más interesante de todas las razones argüidas por el ex-ministro para rebatir semejante acusación fue la última de ellas, la que situaba al rey como supremo legislador sin que éste fuese letrado. El texto merece su reproducción literal:

  • 32 Ibid.

La ciencia política de la legislación no está ceñida a los que llamamos Letrados. Muchos y acaso los más grandes y atinados legisladores no han sido jurisconsultos; y el Rey, que es el verdadero y supremo legislador, no es ciertamente de aquel gremio; y aunque por su real clemencia pregunta, y se informa para hacer las leyes, no está ligado a formarlas por lo que los letrados le digan, sino que es que se quiera que en estos resida el poder legislativo, lo que sería absurdo, y una ofensa intolerable de la Majestad32.

34El conde de la Cañada en su calidad de presidente del Consejo de Castilla había visto en la erección de la Junta de Estado una forma de sustraer competencias tanto al propio Consejo como a la Cámara de Castilla. Floridablanca, sin detallar la realidad de esa merma de competencias —como veremos en adelante—, rechazó la acusación utilizando una artimaña que, aun respondiendo a la realidad, escondía la verdad respecto a lo sucedido realmente. Afirmó que la Junta, durante el período de su funcionamiento,

no se ha introducido a reconocer, examinar, ni dar curso a los expedientes en que la Cámara u otros Consejos han consultado personas para los empleos, y todo género de provisiones, seculares o eclesiásticas, ni se ha mezclado en el régimen, gobierno y distribución de los tribunales, ni en reformar abusos, ni dar providencia sobre algunos de ellos, ni sobre costumbres, ni menos sobre la comprensión y ejecución de algunas leyes.

35Semejante afirmación venía a ser una verdad a medias, pues si la Junta de Estado no se había entrometido como órgano sí que lo había hecho a título personal Floridablanca y aquellas personas que, como Manuel Godoy, comenzaron a tener influencia sobre Carlos IV y la reina María Luisa, incluso en un período anterior al nombramiento del extremeño como Secretario de Estado en sustitución del conde de Aranda.

36La defensa de Floridablanca sobre las observaciones realizadas por el presidente del Consejo de Castilla, siempre se centró en anteponer al rey como principal mentor de la Junta de Estado, para eximirse así de cualquier responsabilidad en relación a las acusaciones que se le hacían. Los argumentos en su contra irían en todo caso dirigidas al el monarca, «autor de estas providencias y contra el Consejo que las mandó cumplir», porque tanto el decreto de creación como la instrucción reservada posterior se habían hecho con la autoridad de Carlos III que examinó ambos documentos con minuciosidad y se acordó su cumplimiento «liso y llano por todo un Consejo de Castilla». En su opinión, la Junta nunca pretendió interponer su autoridad entre la del monarca y la de Consejo de Castilla.

37En suma, Floridablanca fue acusado, por el conde de la Cañada y por sus adversarios políticos, de haber alterado, mediante la creación de la Junta de Estado, el sistema político de la Monarquía vigente desde hacía siglos. En el fondo del problema había dos cuestiones. Por un lado, el fuerte resquemor que sembró entre sus adversarios el enorme poder acumulado como presidente de la Junta de Estado y su intervención en asuntos de Hacienda, Guerra, Marina o Indias que habían escapado a su control hasta entonces. En segundo lugar, estaba el problema del tradicional conflicto entre la estructura polisinodial de la Monarquía y la vía ejecutiva de las Secretarías del Despacho, y en el que los que trataban de ser garantes de la primera —representados en esta ocasión por el conde de la Cañada como presidente del Consejo de Castilla— veían una merma de sus competencias.

38Pero, al margen de estos conflictos, lo que realmente subyacía en el «juicio político» abierto contra Floridablanca fue realmente la lucha por el poder desatada años atrás. Los argumentos exhibidos por el conde de la Cañada en 1793 son prácticamente idénticos a los que aparecen en 1788 en la famosa Confesión. La formación de la Junta de Estado la había aprobado Carlos III y su hijo la había mantenido tras su acceso al trono. La hipotética alteración del sistema político de la Monarquía había sido obra de Floridablanca pero con el beneplácito de ambos monarcas. El objetivo principal era acabar con el ministro murciano, primero políticamente con su cese en febrero de 1792, y luego tratando de dar carácter judicial a lo que no era sino una mera valoración de su política como impulsor de la Junta de Estado presidida, no por el rey, sino por un primer ministro.

39Lo más interesante de todo lo expuesto hasta aquí radica en que las acusaciones del año 1793 contra el conde de Floridablanca, expuestas en forma de Observaciones por el conde de la Cañada, se hacían en momento en que carecían de cualquier sentido, puesto que la Junta de Estado se había extinguido ya. El propio conde se preguntaba con un cierto laconismo: «¿Qué necesidad hay de disputar y controvertir aquellos puntos, y si son o no conformes a las Leyes cuando ya no rigen y S. M. ha mandado que cese la Junta?» En parte, la respuesta a tal interrogante la daba el propio ministro al apuntar que aun cuando tuviesen fundamento esas observaciones «sólo podrían servir ahora para unas controversias académicas o especulativas, siempre peligrosas, por estar por medio la potestad soberana». Por eso, concluyó su extensa respuesta a las imputaciones del conde de la Cañada con que en todo este asunto «lo más seguro sería sepultarlo en un eterno olvido», porque lo que se estaba cuestionando en el fondo no era su persona sino la potestad del monarca.

40Esa era la interpretación personal de un Floridablanca siempre parapetado tras el escudo del monarca que había dado autorización al inicio de los trabajos de la Junta de Estado. Y, en efecto, ¿qué sentido tenía proseguir con las acusaciones políticas cuando ya había sido extinguida la Junta? La única explicación posible hay que buscarla en la enemistad forjada en los años anteriores entre el conde de la Cañada y Floridablanca y, sobre todo, en que el primero, que había sido nombrado presidente del Consejo de Castilla unos días después de la caída de Floridablanca —por tanto cuando el conde de Aranda ejercía ya como Secretario de Estado— pretendiera ahora seguir gozando ahora del favor del nuevo primer ministro, de su paisano extremeño Manuel Godoy. La persecución política a Moñino no tendría otra razón de ser que las luchas entre las distintas facciones políticas, entre las cuales el conde de Floridablanca conservaba sólidos lazos de fidelidad merced a su política de formación de redes clientelares integradas por todos aquellos que se habían visto favorecidos por su poderosa influencia.

El ministro, la Junta de Estado y la provisión de empleos

41Floridablanca, en la que hemos denominado como su «defensa política», aludió en sus últimos epígrafes a uno de los principales objetivos de erección de la Junta de Estado, relativo a la provisión de los principales empleos de la Monarquía. Sobre el particular ya señalamos más arriba a que el decreto de creación de la Junta sólo facultaba a los miembros de la misma para las propuestas de empleos pertenecientes a dos mandos, como el político y el de hacienda —caso de los intendentes— o el militar y político que convergía en los virreyes de Indias. Al respecto se le imputó que, por este medio, trató de apoderarse del «nombramiento de los empleos y dar con la Junta de Estado una especie de sujeción al Soberano para las elecciones». En sus propias palabras, los que «forjaron esta calumnia, no distinguieron de empleos, y dejaron campo a presumir que todos se habían de dar con dictamen de la Junta».

42En efecto, durante el tiempo que funcionó la Junta, el conde de Floridablanca no propuso ni sugirió en ella que se propusiese persona alguna para tales empleos de dos mandos. La acusación era totalmente falsa y de ella se quejó amargamente al sentenciar:

  • 33  Ibid.

La religión prohíbe formar juicios de mala intención en las cosas buenas, y en las indiferentes de nuestros prójimos; pero de cualquier acto u operación mía, aunque inocente, parece que era lícito a mis enemigos pensar mal, y aun lo peor. No deja de ser desgracia33.

43Además, en su descargo, enunciaba lo que había sido una realidad en el funcionamiento político de la Monarquía: que los monarcas se apartaban de las providencias cuando lo creían conveniente,

y aun antes de hacerlas, nombran si les parece, para muchos empleos, sin que pueda haber ministro irreverente y atrevido que sea capaz de quejarse y censurarlo. Así se ha practicado en la Junta, porque la autoridad suprema, que reside en el Monarca, no está sujeta a propuestas ni informes, aunque por su real clemencia haya querido, y quiera que se le hagan.

  • 34  Andújar Castillo, 2008.

44Sin embargo, Floridablanca no hizo referencia en sus alegaciones al trascendental cambio que se había producido en la política de provisión de empleos en el año de 1789. Desde luego, no tenía relación con la Junta de Estado, pero las acusaciones que se habían vertido contra él, como si tales decisiones de nombramientos de cargos se hubiesen tomado en aquella Junta, bien podrían haberse formulado en otro ámbito distinto, pues en aquel año se produjo un cambio en la política de nombramientos que supuso un giro radical en lo que venía siendo la práctica consultiva consuetudinaria de todo el reinado de Carlos III. En ese ámbito, al que nos referiremos en adelante, sí que se produjo la marginación del principal órgano consultivo de la Monarquía, la Cámara de Castilla, que fue relegada en beneficio de la vía ejecutiva del decreto regio. Esta cuestión la hemos analizado en profundidad en un reciente estudio que compara los últimos años de gestión de Floridablanca con la denominada «primera etapa de gobierno de Godoy», la que transcurre hasta el año de 179834. De forma sumaria se expone en las líneas siguientes.

45El análisis de los nombramientos realizados en magistraturas de justicia, en los cargos de consejeros de los principales Consejos de la Monarquía, así como en los corregimientos, revela que desde 1789, sin respetar normas ni méritos, se extendió la vía del decreto decisivo o ejecutivo, mediante el cual, el monarca nombraba a un servidor sin que hubiese mediado consulta alguna de la Cámara de Castilla, comunicaba al órgano consultivo su soberana voluntad, para que por esa vía de la Cámara se expidiesen los correspondientes despachos, y éste órgano colegiado se limitaba a acatar la decisión regia y proceder al trámite burocrático de la misma. Se trataba de la reimplantación de un sistema de larga tradición en la Monarquía hispánica que había aflorado en coyunturas muy concretas, vinculadas a menudo a la venalidad de los cargos, aunque para este período finisecular, por las escasas investigaciones realizadas hasta el momento, parece estar más relacionado con la formación de redes clientelares de poder en tornos a los secretarios del Despacho y primeros ministros.

46Por este sistema, el rey podía nombrar a un consejero de hacienda o a un oidor directamente, sin necesidad de que la Cámara lo hubiese presentado en una terna en la que se expusiesen sus años de servicios y las funciones desempeñadas con anterioridad. El procedimiento garantizaba a los agraciados por estos decretos ejecutivos la posibilidad de alcanzar hasta las más altas cotas del gobierno y de la administración de justicia, utilizando la senda del favor que les colocaba a edades muy jóvenes y con escasa experiencia en puestos que para otros requerían largos años de servicio.

47Las cifras son concluyentes. En 1787 el decreto ejecutivo del rey a la Cámara es tan excepcional como que a lo largo de ese año tan sólo se registran un total de cuatro decretos. Al año siguiente, el número de decretos se incrementa hasta la cifra de 25, pero la mayor parte son de miembros del Tribunal del Protomedicato, Títulos de Castilla y, sobre todo, los numerosos despachos de «secretarios del rey con ejercicio de decretos» que siempre se nombraban por esta vía ejecutiva. El inicio del reinado de Carlos IV marca una cesura fundamental en esta dinámica del recurso a la vía ejecutiva. En total, en 1789 se registran 105 decretos decisivos del rey a la Cámara. Por entonces el máximo poder lo ostenta Floridablanca, aunque se aprecia ya la poderosa influencia de Manuel Godoy, quien comienza a tener ya más ascendencia en el entorno de los monarcas. Es entonces cuando emerge la vía extraordinaria del decreto con toda su fuerza en forma de nombramientos supernumerarios de consejeros, en concreto, con cinco despachos, entre los cuales se encuentra José Godoy, padre de Manuel Godoy, que en agosto de 1789 es nombrado consejero supernumerario de Hacienda sin experiencia alguna en esta materia.

48La puerta abierta durante ese año se consolida en 1790 con un total de 88 decretos ejecutivos del rey a la Cámara, entre los cuales, como gran novedad, figuran por vez primera los decretos para la provisión de plazas de justicia de chancillerías y audiencias. Se comienza a anular de forma parcial la potestad de la Cámara para consultar al rey el nombramiento de magistrados, y de este procedimiento se beneficiarán tanto el primer ministro, el conde de Floridablanca, como Manuel Godoy y el propio secretario del Despacho de Gracia y Justicia, a la sazón Antonio Porlier. Los seleccionados presentan un perfil bien definido, pues son jóvenes, consiguen promocionar en los años siguientes por el mismo sistema ejecutivo y, algunos de ellos, presentan claros vínculos de paisanaje con quienes les han colocado en esos puestos. Tras ser favorecidos por este método, de inmediato se integran en la clientela del patrón que los ha promocionado por tan excepcional sistema.

  • 35  La Parra López, 2002, p. 84.
  • 36  Andújar Castillo,2008.

49Frente a las acusaciones vertidas por el conde de la Cañada, constatamos que en el año de 1791 el poder del conde de Floridablanca comienza a debilitarse en la misma medida en que crece el de Manuel Godoy, sobre todo tras el nombramiento de este último en el mes de julio como sargento mayor de las Guardias de Corps. Lo ha señalado Emilio La Parra, al escribir que durante ese año Carlos IV se sirve de Godoy como confidente político y le acompaña en el despacho de ciertos asuntos con los miembros del gobierno35. Será Godoy quien más se aproveche de esta vía de nombramientos directos que prescindían de la consulta de la Cámara, y lo hará en mayor medida que Floridablanca, para colocar en los más altos puestos de los consejos y en las magistraturas a hombres de su clientela y de su parentela. El análisis de los nombramientos realizados en 1791 por la vía ejecutiva revela que quien más se benefició del «favor directo» del monarca fue, con gran diferencia, Manuel Godoy36.

  • 37  Sobre su figura, véase Hernández Franco, Mula Gómez, y Gris Martínez, 2002.
  • 38  AHN, Consejos, lib. 738.
  • 39 Ibid.

50En relación con Floridablanca, y a falta de un estudio monográfico que aborde la amplia red clientelar que tejió desde febrero de 1777 en que fue nombrado Secretario del Despacho de Estado, los nombres más directos y la actividad de algunos familiares se conocen con precisión. El más próximo, su hermano Francisco, ya se ha estudiado en las páginas precedentes. Pero la nómina se puede ampliar con su cuñado, Antonio Robles Vives, más conocido por su labor al frente de la construcción de los pantanos de Lorca, obra en la que moriría en abril de 1802 como consecuencia de la rotura del embalse de Puentes37. Antonio Robles se inició en la carrera judicial como fiscal del crimen de la Chancillería de Valladolid, en junio de 1771, cuando su cuñado era ya fiscal del crimen del Consejo de Castilla38. Luego, el favor familiar se manifestaría en toda su expresión en agosto de 1779 cuando, sin haber ascendido a oidor de audiencia alguna, Floridablanca lo promovió directamente a una plaza de consejero togado del Consejo de Hacienda, con destino en la sala de la Única Contribución39.

  • 40  AGS, Gracia y Justicia, lib. 317.
  • 41 Ozanam, 1998, p. 423.
  • 42  AGS, Guerra Moderna, leg. 5.909.

51Dos sobrinos también gozaron de la especial protección de José Moñino. Antonio José Salinas Moñino, hijo de Manuela Moñino Redondo, a una edad excesivamente joven para el destino, pues contaba con 38 años de edad, fue nombrado obispo de Tortosa en marzo de 1790. Tras la caída del poder de su tío dos años después, su carrera eclesiástica se vio seriamente truncada, tanto como que permaneció en aquella diócesis hasta su muerte en noviembre de 1814. Con anterioridad a su nombramiento para la sede de Tortosa, Floridablanca lo había agraciado con un despacho de sumiller de cortina del rey con los correspondientes gajes40. Su otro sobrino, Francisco Salinas Moñino, que había seguido la carrera militar, primero como artillero y luego en el cuerpo de dragones, abandonó las armas para servir junto a su tío, quien lo designó en enero de 1785 como enviado de España en Marruecos y en octubre de 1787 como ministro plenipotenciario de España en Florencia41. De este modo, su primer destino diplomático lo alcanzaba a una temprana edad, con 25 años, al tiempo que mantenía su carrera en el escalafón militar en el que alcanzó el grado de brigadier en febrero de 1791, un año antes de que su tío cayera en desgracia. Al igual que ocurriera con su hermano, su carrera se detuvo por completo y no conocerá un ascenso al grado siguiente del escalafón, el de mariscal de campo, hasta octubre de 1802, justo en una coyuntura en la que había tenido lugar el crecimiento más espectacular del generalato de la historia de la España Moderna, y en el que permaneció tan marginado como que en el año 1800 reclamó su ascenso «por ser el brigadier más antiguo» de cuantos se hallaban en activo por entonces42.

52Por lo que hace a la clientela que favoreció por la vía decreto ejecutivo, aunque el tema, como hemos señalado, precisaría una extensa investigación, por el momento podemos anotar algunos nombres muy significativos del excepcional poder que suponía la posibilidad de presentar ante el rey nombramientos sin control alguno de la Cámara en el que se hicieran constar los méritos que concurrían para desempeñar importantes puestos de justicia y de gobierno.

  • 43 Andújar Castillo, 2008.

53Uno de los casos más interesantes se encuentra en la figura de Manuel Vicente Cano, quien no era paisano directo del conde de Floridablanca, pues había nacido en 1764 en Chinchilla, pero cursó estudios de filosofía y derecho en el Colegio de San Fulgencio de Murcia, el mismo en el que estudiara el ministro. Su relación con Floridablanca debía ser tan directa como que éste había estado detrás de la carrera de su tío, Antonio Cano Manuel, a la sazón consejero y camarista de Castilla desde febrero de 1790. Tres meses más tarde, con esa formación académica y sin experiencia docente ni haber ejercido la abogacía, un decreto ejecutivo nombró a Manuel Vicente alcalde del crimen de la Chancillería de Granada. Por entonces contaba con tan sólo 26 años de edad43. Mientras tanto, en el mismo tribunal había ingresado un mes antes que Cano, el gallego Felipe Gil Taboada Lemus, que llegó a Granada a la edad de 41 años y con amplio currículum a sus espaldas. La diferencia entre ambos era ostensible en edad y formación jurídica. El primero gozaba de la protección de Floridablanca y de su tío, y se valió de la vía ejecutiva, del decreto regio, en tanto que el segundo había sido propuesto a través de la Cámara de Castilla.

  • 44  AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 24, leg. 272.
  • 45  AHN, Consejos, lib. 739.
  • 46López Gómez, 1990, p. 237 y Molas Ribalta, 1993, p. 25.

54Otro caso relevante se encuentra en la persona de Francisco Soria Soria, natural de Hellín y protegido de Floridablanca, quien se lo llevó a la Corte y lo introdujo directamente en las oficinas reales, primero como agente fiscal del Consejo de Castilla y luego, en junio de 1784, como oficial segundo de la Secretaría del Despacho de Hacienda44. Con tan escasa experiencia, a una edad muy joven, 41 años, Floridablanca le promovió en diciembre de 1789, mediante decreto ejecutivo del rey, a fiscal del Consejo de Castilla y, con la misma fecha, también recibió nombramiento para acumular junto a ese cargo el de fiscal del Patronato de la Cámara de Castilla45. Con tan estrecha vinculación no es de extrañar que Soria fuese depuesto de su cargo tras la caída de su protector en febrero de 179246.

  • 47  AHN, Consejos, lib. 739. La plaza supernumeraria la obtuvo con opción a la primera vacante y el pr (...)
  • 48  AHN, Consejos, leg. 52.337.

55La familia también se beneficia de esta vía excepcional del decreto ejecutivo. En concreto en 1789, estando ocupadas todas las plazas del Consejo de Hacienda, Floridablanca consigue del rey un decreto por el cual se nombra como consejero supernumerario al baztanés, Jerónimo Mendinueta Muzquiz, esposo de su sobrina Ana María Robles Vives Moñino47. Por entonces, Mendinueta servía en la Contaduría Mayor de Cuentas y se encontraba ya muy bien introducido en la administración de los bienes de los infantes, ocupándose, entre otras tareas, de la administración de las encomiendas y testamentaría del infante don Gabriel. Precisamente, en relación con la administración de esta tesorería, uno de los cargos en la acusación «económica» contra Floridablanca, fue la orden que dio en febrero de 1791 a su sobrino para que entregase a Juan Bautista Condom, tesorero del Canal Imperial de Aragón, un millón y medio de reales de los caudales de la testamentaría para facilitar fondos para las obras de dicho canal48.

56Al margen de estos casos, el análisis de la actuación política de Floridablanca en materia de provisión de empleos, que fue uno de los objetos de las acusaciones vertidas por el conde de la Cañada en su «juicio político» sobre el abuso de poder del ministro murciano, no tuvo fundamento alguno, por cuanto la Junta de Estado no trató cuestiones relativas a nombramientos. Es cierto que aprovechó la excepcional vía ejecutiva que suponía presentar directamente ante el rey —y por ende, prescindiendo de la Cámara— una propuesta de nombramiento de un magistrado, de un consejero o de un corregidor, para que el monarca proveyese el cargo sin más consulta o informe que el que le elevaba el ministro. Más que Floridablanca, quien aprovechó esta vía fue Manuel Godoy, el cual desde 1789 supo hacer llegar a los monarcas propuestas de nombramientos que favorecían a sus familiares y protegidos. Cuando el conde de la Cañada escribía la acusación contra Floridablanca, el paradigma del nepotismo, de la arbitrariedad y del abuso de poder lo encarnaba su amigo y paisano Manuel Godoy. Con el conde la Cañada como gobernador del Consejo de Castilla, y por ende como presidente de la Cámara, y con Godoy en el cenit de su extraordinario poder, era relativamente fácil hacer leña del árbol caído de Floridablanca. Nada importaba, pues, que en 1793 —año de redacción de las acusaciones contra Moñino— la Cámara de Castilla que presidía el conde de la Cañada fuese ignorada por Godoy de forma sistemática. Ante todo, estos dos últimos, eran amigos y paisanos, y con toda seguridad el primero debía el cargo a la poderosa influencia del segundo ante los monarcas. En tales condiciones, la elaboración de un «juicio político» contra el «enemigo político» era tarea que no entrañaba dificultad alguna. Mientras se criticaba a la Junta de Estado y a la política desarrollada por su primer ministro, Godoy aplicó —y Cañada otorgó— justo lo mismo que había servido como uno de los ejes de acusación contra Floridablanca: el despotismo, o más bien nepotismo, en materia de nombramientos en las principales instituciones de gobierno de la Monarquía.

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Bibliographie

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Annexe

Abreviaturas

AG

Archivo General de Simancas, Valladolid

AHN

Archivo Histórico Nacional, Madrid

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Notes

1  Ferrer del Río, 1867.

2  Alcázar, 1953.

3  Aborda el asunto de su final político, por extenso, Escudero, 1979.

4  Hernández Franco, 1986 ; 1987-1989 ; 1990 y 1992.

5  Nos exime de cualquier referencia a obras anteriores la reciente publicación de Molas Ribalta, 2008.

6 Herr, 1971, p. 219 y Alcázar, 1953, p. 116.

7  Hernández Franco, 1984, p. 21.

8  Castellano, 2006, pp. 243-244.

9  Publicadas por Escudero, 1979, vol. 2, pp. 161-882.

10 Ferrer del Río, 1867, p. 343.

11 Ibid., pp. 219-220 y 227.

12 Ibid., p. 220.

13 Ibid., p. 283.

14 Ibid., p. 346.

15  Por el contrario, Floridablanca consideraba que con aquellos nombramientos que llegasen a la Junta de Estado quien perdía poder eran los propios ministros que se sentaban en ella : « Desengañémonos, señor, que quien disminuye su autoridad con este examen somos los ministros y nuestros dependientes, y tanto cuanto baja la nuestra, sube la de vuestra majestad » (ibid.).

16 Escudero, 1979, vol. 2, p. 731.

17 Ozanam, 1998, p. 356.

18 Ferrer del Río, 1867, pp. 298.

19 Ibid., pp. 283.

20 Andújar Castillo, 1996, pp. 250-251.

21 Ferrer del Río, 1867, pp. 435-508.

22 Ibid., p. 436.

23  AHN, Consejos, legs. 52.337 y 12.675-2.

24  Ibid.

25  La « acusación económica », cuyo contenido excede los límites y objetivos de este trabajo, se encuentra en AHN, Consejos, leg. 52.337.

26  AHN, Consejos, leg. 12.675-2.

27 Ibid.

28 Ibid.

29  Ibid. La cursiva es nuestra.

30  El texto completo del mismo se halla igualmente en AHN, Consejos, leg. 12.675-2.

31 Ibid.

32 Ibid.

33  Ibid.

34  Andújar Castillo, 2008.

35  La Parra López, 2002, p. 84.

36  Andújar Castillo,2008.

37  Sobre su figura, véase Hernández Franco, Mula Gómez, y Gris Martínez, 2002.

38  AHN, Consejos, lib. 738.

39 Ibid.

40  AGS, Gracia y Justicia, lib. 317.

41 Ozanam, 1998, p. 423.

42  AGS, Guerra Moderna, leg. 5.909.

43 Andújar Castillo, 2008.

44  AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 24, leg. 272.

45  AHN, Consejos, lib. 739.

46López Gómez, 1990, p. 237 y Molas Ribalta, 1993, p. 25.

47  AHN, Consejos, lib. 739. La plaza supernumeraria la obtuvo con opción a la primera vacante y el propio decreto de concesión establecía que « se entenderá provista en él sin nueva gracia ni decreto », esto es, sin necesidad de recibir un nombramiento posterior.

48  AHN, Consejos, leg. 52.337.

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Pour citer cet article

Référence papier

Francisco Andújar Castillo, « El juicio político a Floridablanca: la creación de la Junta de Estado », Mélanges de la Casa de Velázquez, 39-2 | 2009, 61-81.

Référence électronique

Francisco Andújar Castillo, « El juicio político a Floridablanca: la creación de la Junta de Estado », Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 39-2 | 2009, mis en ligne le 15 mai 2010, consulté le 28 novembre 2014. URL : http://mcv.revues.org/2809

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Auteur

Francisco Andújar Castillo

Departamento de Historia, Universidad de Almería

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