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La España del Frente Popular

La necro-lógica de la violencia sociopolítica en la primavera de 1936

La nécro-logique de la violence socio-politique au printemps 1936
The (necro-)logic of socio-political violence in the spring of 1936
Eduardo González Calleja
p. 37-60

Résumés

L’ordre public fut l’un des grands problèmes auxquels la deuxième République dut se confronter dès ses débuts et un élément décisif pour comprendre le devenir du régime démocratique dans la conjoncture dramatique de l’été 1936. L’objectif de ce travail est de proposer une évaluation chiffrée des violences socio-politiques ayant provoqué la mort en Espagne entre le 16 février et le 17 juillet de cette année. Pour l’atteindre, une base de données a été élaborée qui recense les victimes de façon individualisée et intègre les critères de classification suivants : lieu de l’incident, province, date, gouvernement en place, type d’incident violent, type d’arme utilisée et appartenance politique, profession et âge des victimes et des responsables présumés de la mort.

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Texte intégral

1El orden público fue uno de los grandes problemas con los que tuvo que lidiar la Segunda República desde el comienzo de su andadura, y un elemento decisivo para entender la suerte que corrió el régimen democrático en la dramática coyuntura del verano de 1936. Pocos asuntos condicionaron tanto la trayectoria de los gobiernos y dieron lugar a tan ásperos y prolongados debates parlamentarios, hasta el extremo de que la polémica gestión gubernamental de la violencia fue un argumento que llevó a cuestionar la legitimidad del régimen y a dotar a la República de un aura de anarquía y desgobierno que aún sigue pesando en los análisis más simplistas de este singular período histórico.

  • 1 Estado Español, 1939, pp. 9-10. El estado de guerra no se proclamaría en la zona republicana hasta (...)

2El Frente Popular condensó todas estas lacras como ninguna otra etapa de la historia española del siglo xx. Haciéndose eco de las denuncias efectuadas durante la primavera de 1936 por los líderes y los periódicos de la derecha, la Comisión constituida por orden del Ministerio del Interior franquista a fines de 1938 para demostrar la ilegitimidad de los poderes actuantes en la República Española en el momento del estallido de la guerra se aplicó a denunciar el «sinnúmero de delitos, desafueros y tropelías realizados o amparados por un Gobierno que tan audaz e ilegítimamente cabalgaba sobre el país». Para estos juristas, el régimen se encontraba en quiebra antes de producirse la rebelión militar, porque, como demostraba el «escandaloso crimen de Estado, en que culminó tanta vileza, con el asesinato del Jefe de la oposición, señor Calvo Sotelo, ordenado y planeado desde los despachos de un ministerio», la República había perdido la legitimidad de ejercicio al no haber sido capaz de mantener la autoridad. Pero en un alarde de incongruencia, también se echaba en cara a los gobiernos de izquierda el haber recurrido de forma abusiva a la Ley de Defensa de la República y el no haber declarado el estado de guerra al inicio del conflicto1.

3El propósito de este trabajo es hacer una evaluación estadística de la violencia sociopolítica con resultado de muerte producida en España desde el 16 de febrero al 17 de julio de 1936. Soy consciente de que el carácter aleatorio de las muertes que acaecen en enfrentamientos de esta naturaleza hace insuficiente y parcial cualquier análisis que no contemple la violencia contra personas y cosas en todas sus manifestaciones e implicaciones sociales y políticas. Lo realicé de todas formas por tres razones: la mayor accesibilidad a efectos de cómputo de un repertorio de incidentes necesariamente más reducido y de mayor impacto en la publicística de la época; la mayor facilidad para el análisis de un universo de datos que se presenta a priori como más homogéneo, y la voluntad de terciar en la polémica sobre víctimas, verdugos y responsables de la violencia sociopolítica, que dura cerca ya 75 años.

Una comparación preliminar de las cifras de la violencia mortal

  • 2 Payne, 2005, p. 533
  • 3 Tras un expurgo sistemático de Il Corriere della Sera, Salvemini, 1931, pp. 182187, calculó que en (...)
  • 4 De Felice, 1966, pp. 35-39 y 87 da por buenas las cifras oficiales de Errico Corradini: entre el 1- (...)
  • 5 Los datos hasta 1922, en Gumbel, 1922, pp. 73-81 y 1931, cit. por Neumann, 1983, p. 530. Según Schu (...)
  • 6 Botz, 1975, p. 527 y 1982, p. 303. Los datos de la insurrección de 1934, en Benoist-Mechin, 1964, p (...)

4Un análisis sistemático de la violencia sociopolítica durante la primavera de 1936 no puede soslayar la realidad de que España sufrió este azote de manera más intensa que cualquier otro régimen de la Europa central u occidental durante el mismo período histórico2. Por ejemplo, y por mencionar tres experiencias de involución democrática, en Italia, tras las 200-300 víctimas del bienio rosso de 1919-20, el intelectual y político antifascista Gaetano Salvemini evaluó las muertes producidas en Italia durante la «guerra civil» de 1920-22 en unas 600, a las que habrían de añadirse los 1.100 fascistas y antifascistas que fallecieron en choques con la Policía, y las víctimas que sufrieron las propias fuerzas del orden3. El año 1921 fue el más dramático, con 207 asesinatos en los primeros cuatro meses y medio4, pero el cómputo no se acerca al de las muertes acaecidas en España en los cinco meses anteriores a la guerra civil. La República de Weimar contempló 752 asesinatos políticos en el período que fue de 1918 a 1922, de ellos 44 cometidos por izquierdistas y 708 perpetrados por derechistas, mientras que el número de muertos desde la última fecha hasta la Machtergreifung nazi superaba los 6005. La Primera República austriaca tuvo sus momentos culminantes de enfrentamiento violento en 1927 (año de la revolución vienesa de 15 de julio) con 254 muertos, en la agitación nazi de 1932 con 104 fallecidos, y en el levantamiento socialista de 12 de febrero de 1934, que causó 128 muertos y 409 heridos entre las fuerzas gubernamentales y 193 muertos y 300 heridos entre los insurrectos6.

  • 7 González Calleja, 1998, pp. 390 nota 246, 435 y 529, y 1999, pp. 54 y 247. En 1921 se produjeron en (...)
  • 8 Payne, 1990, p. 285.
  • 9 Sánchez y García-Sauco, 1974, p. 144

5Las muertes violentas por razones sociopolíticas que tuvieron lugar durante la etapa del Frente Popular también superaron las sufridas en el transcurso de otras coyunturas o ciclos violentos que tuvieron lugar en España durante el siglo xx bajo un régimen constitucional: las «bombas de Barcelona» produjeron 32 muertos de 1888 a 1909; la «Semana Trágica» de la ciudad condal de julio de 1909 arrojó un balance de 113 víctimas; la huelga general revolucionaria de agosto de 1917 terminó con 80 muertos en el conjunto del país; el pistolerismo barcelonés de 1917 a 1923 produjo 267 fallecimientos por causa violenta, mientras que la agitación social que afectó al resto de España en ese mismo período produjo otras 121 víctimas7. Durante los primeros cinco años del actual régimen monárquico, de 1976 a 1980, hubo menos de 400 asesinatos en una España que contaba con un 50% más de población8, y el momento culminante del terrorismo desestabilizador —puntualizado por el centenar de muertos que se cobraron las acciones de ETA en 1980— fue el contexto en el que se produjo una aguda crisis de gobierno y un intento de golpe de Estado. Sólo una etapa conflictiva bien caracterizada, y excepcional por varios motivos, superó la cifra de muertos del Frente Popular: la revolución de octubre de 1934, que según cifras oficiales se cobró la vida de 855 paisanos y 229 integrantes las fuerzas gubernamentales en Asturias, y 1.051 y 284 respectivamente en el conjunto de España9.

  • 10 DSC, 15-IV-1936, pp. 324-334 y 15-VII-1936, p. 6. En el periódico The Universe, 22-I-1937, Gil Robl (...)
  • 11 Véase, por ejemplo, Cierva, 1969, pp. 689-690 y 797.
  • 12 Linz, 1978, p. 188 (1981, pp. 396-397) y Payne, 1990, p. 282. Este último autor, que en 1970, p. 20 (...)
  • 13 Cruz, 2006, p. 167. La distribución cronológica es: 44 en la segunda quincena de febrero, 93 en mar (...)
  • 14 Blázquez Miguel, 2003a, pp. 21 y 85. La evolución cronológica mes a mes, en p. 27 y un cuadro de co (...)

6El carácter excepcionalmente violento del período histórico que nos ocupa no ha conducido hasta la fecha a una evaluación incontrovertible de los datos. La polémica sobre las «víctimas del Frente Popular» fue intensa en el momento de producirse los hechos, y lo siguió siendo en las décadas posteriores, hasta convertirse en una acerada arma ideológica. El 15 de abril de 1936, Calvo Sotelo pronunció una apocalíptica diatriba donde contabilizó 74 muertos y 345 heridos desde el triunfo del Frente Popular. Al día siguiente, Gil Robles fue más lejos y contabilizó 269 muertos y 1.287 heridos, y en la reunión de la Diputación Permanente de las Cortes que el 15 de julio debatió el asesinato del líder del Bloque Nacional añadió a su estadística otros 64 muertos y 224 heridos hasta el 13 de julio, lo que hace un total de 333 muertos y 1.511 heridos10. Los historiadores franquistas bebieron acríticamente de estas fuentes parlamentarias11, hasta que a fines de los años 70 Ramiro Cibrián abrió el estudio sistemático de la violencia política con un extenso e incisivo trabajo basado en un repertorio de incidentes políticos violentos extraídos de la prensa española y argentina (concretamente El Sol de Madrid y La Nación y La Prensa de Buenos Aires) por Edward Malefakis. Evaluaba en 188 los incidentes y en 273 las víctimas mortales producidas entre el 3 de febrero y el 17 de julio, y tanto Juan J. Linz como Stanley Payne corroboraron lo esencial de estas cifras (según ellos, 269 muertos)12, mientras que Rafael Cruz ha localizado recientemente 189 incidentes con el resultado de 262 víctimas mortales13. La nota discordante la aporta Juan Blázquez Miguel, que en sus trabajos hace ascender las víctimas a 444 muertos y 1.593 heridos en 2.019 incidentes del 16 de febrero al 17 de julio, y asegura que los datos están entresacados de la prensa nacional, aunque no cita de forma detallada las fuentes de su análisis estadístico, y parece ceñirse a los criterios laxos sobre conflictividad violenta mantenidos por Gil Robles y Calvo Sotelo14.

7La base de datos sobre la que apoyo el presente análisis estadístico recoge de forma individualizada las víctimas por violencia sociopolítica producidas entre el 16 de febrero y el 17 de julio, y establece los siguientes criterios de clasificación: lugar del incidente, provincia, fecha, gobierno al mando, tipo de incidente violento, tipo de arma utilizada, y adscripción política y profesional y edad de las víctimas y de los presuntos responsables de las muertes. Sobre la base de las referencias de archivo, hemerográficas y bibliográficas reseñadas en el anexo, he detectado 236 incidentes con resultado de muerte, y un total de 351 víctimas mortales, lo que supone una tasa de 1,48 muertos por enfrentamiento. El criterio básico de inclusión fue reseñar cualquier incidente mortal causado en conflictos por motivaciones de naturaleza político-ideológica (enfrentamientos en torno al poder institucional, corporativo, local, provincial o nacional) y social (disputas entre los agentes económicos por el control y gestión de las relaciones laborales), y querellas suscitadas por la exhibición de símbolos identitarios colectivos difícilmente compatibles. Los asesinatos cometidos por móviles de orden personal, más asimilables al delito común, han sido dejados al margen. La gran mayoría de los eventos han sido validados con más de una referencia documentada, aunque en ocasiones existen ligeras discrepancias en los datos. Existe un grupo de 14 incidentes (5,9% del total) para los que carecemos de fecha exacta y/o referencia corroborada, pero que han sido incluidos por disponer de información en otros aspectos esenciales. Este primer balance, que requerirá una actualización permanente y un análisis más detallado en el futuro, tratará de ampliarse a todo el período republicano, para lo cual tengo descrito un repertorio de más de 650 eventos violentos con resultado de muerte desde el 14 de abril de 1931.

La responsabilidad de los gobiernos

  • 15 Cruz, 2006, pp. 36 y 166.
  • 16 Malefakis, 1971, pp. 428-430.

8Los gobiernos que se sucedieron en el poder desde el 16 de febrero tuvieron en su mano importantes herramientas restrictivas de los derechos ciudadanos: los gabinetes prorrogaron sistemáticamente el estado de alarma proclamado por Portela Valladares el 17 de febrero, hasta el punto de que la totalidad de los 151 días que mediaron entre la toma del poder por Azaña y la dimisión de Casares Quiroga transcurrieron con los principales derechos cívicos y políticos en suspenso en la totalidad del territorio nacional. Los portavoces de las derechas aprovecharon precisamente los debates sobre prórroga de los estados de alarma para denunciar sucesivamente, el 16 de abril, el 16 de junio (en que Gil Robles defendió una proposición no de ley en la que pedía «la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España») y el 15 de julio, el deterioro de la autoridad gubernativa a nivel estatal, aireando las ya citadas series de estadísticas violentas. Pero Azaña y Casares no fueron débiles en el control del orden público, ya que si se comparan las estadísticas de víctimas mortales desde el 16 de febrero con las del segundo gobierno de Portela no existieron diferencias notables15. Lo cierto es que los gobiernos no lograron prevenir, o al menos reprimir con eficacia, los ac-tos de violencia que proliferaron esa primavera. A tenor de las grandes movilizaciones observadas durante esos seis meses, los gobiernos no quisieron o no pudieron aplicar una política inequívocamente represiva que hubiese incrementado el malestar de las masas obreras, y pensó que una gestión del orden público basada en una coacción moderada y selectiva y en la concesión rápida de reivindicaciones sociales podía estabilizar la República con apoyo del ala más moderada del PSOE16. El gran problema al que hubieron de enfrentarse los gobernantes fue la politización del orden público en todos sus aspectos, y no sólo por la deriva extremista de buena parte de los agentes garantes del mismo.

Cuadro 1. — Los gobiernos y las víctimas mortales de la violencia

Presidente  del Consejo

Muertos

%

Días de mandato

%

Muertos  por día

M. Portela Valladares

21

5,9

3

1,9

7,0

M. Azaña

186

52,9

81

52,9

2,2

A. Barcia

2

0,5

4

2,6

0,5

S. Casares Quiroga

142

40,4

65

42,4

2,1

Total

351

99,8

153

99,8

2,2

  • 17 Cruz, 2006, p. 335.

9Rafael Cruz asevera que, «en lugar de desgobierno, en esos meses hubo un aumento del poder despótico del gobierno a través de sus propios decretos, de la legislación aprobada en la Cámara y del control político y policial dirigido por el ministro de la Gobernación, los gobernadores civiles y los alcaldes, no siempre en perfecta sintonía»17. En definitiva, hubo un despliegue desproporcionado de fuerza, antes que de autoridad. Pero, además, el creciente reforzamiento de las medidas coactivas por parte del gobierno fue en paralelo a su boicoteo por parte de los mandos subalternos, a la incapacidad de llevar a la práctica la resolución de los conflictos por vía de la negociación (se aplicaron medidas de extremo rigor contra las manifestaciones autorizadas y no autorizadas), y a la evidente mala fe que mostraron muchos agentes implicados en la conspiración.

La tipología de los actos violentos: una violencia individualizada  y atomizada, pero a la vez espontánea y premeditada

10La imagen que ha prevalecido de los enfrentamientos de la primavera de 1936 ha sido la de una violencia político-ideológica organizada desde la cúpula de los partidos, gestionada por grupos armados bien organizados y cuyo móvil gravitó en torno a la polarización ideológica generada en torno a las antinomias fascismo/antifascismo o revolución/contrarrevolución, pero abocada en último extremo a la conquista del Estado, como un «ensayo general con casi todo» del inminente conflicto fratricida. Una violencia que tuvo su ámbito privilegiado de desarrollo en las calles de la gran ciudad, que fue organizada por grupos paramilitares de diverso tipo, y desplegada con espectacularidad en repertorios de creciente intensidad destructiva. Una violencia que, en definitiva, actuó de aglutinante necesario para la concertación de los frentes políticos que acabaron por formar los bandos contendientes de la guerra civil.

Cuadro 2. — Incidentes según el número de víctimas mortales

1 muerto

182

2 muertos

34

3 muertos

5

4 muertos

6

5 muertos

6

7 muertos

1

8 muertos

1

18 muertos

1

Total

236

11No hace falta profundizar en exceso el devenir del Frente Popular para advertir que esta visión es claramente insostenible: fue una violencia fuertemente atomizada y desestructurada, en la que prevaleció la confrontación de carácter individual. Lo que podríamos denominar «masacre» fue la excepción, ya que por encima de los cinco muertos sólo figuraron los incidentes de Logroño el 14 de marzo,de Madrid el 16 de abril y de Yeste (Albacete) el 28 de mayo. El 77,1% de los incidentes se saldaron con una sola víctima mortal.

Cuadro 3. — Víctimas mortales por tipo de enfrentamiento

Altercado espontáneo no organizado

20

5,6%

Atentados y represalias de tipo político

104

29,6%

Atentados y represalias de tipo sociolaboral

45

12,8%

Disparos fortuitos

1

0,2%

Enfrentamientos espontáneos entre grupos políticos

69

19,6%

Enfrentamientos deliberados con la fuerza pública

37

10,5%

Enfrentamientos fortuitos con la fuerza pública

24

6,8%

Explosiones fortuitas

1

0,2%

Represión unilateral de la fuerza pública

50

14,2%

Total

351

100,0%

  • 18 Gould, 2003, p. 66.

12La tipología de la violencia se ha determinado en función de la espontaneidad y el grado de organización de los actores. Se puede comprobar que los enfrentamientos fortuitos entre individuos o grupos no organizados, o entre grupos con cierta identidad política constituyen aproximadamente un cuarto del total de muertes. Según Gould, este tipo de violencias que podríamos calificar con los términos de «reyerta» o «altercado» tiende a ocurrir más en relaciones simétricas (entre amigos o iguales) que entre personas jerarquizadas en funciónde su rango social, y se acentúa cuando alguno de los actores trata de obtener superioridad o dominio sobre el otro, incluso si no hay razón sustantiva para ello. Además, las disputas interpersonales tienden a agravarse en momentos de transformación política acelerada, como fue la primavera de 193618. De modo que las reyertas impremeditadas entre individuos o grupos políticos débilmente organizados constituyen un porcentaje ligeramente inferior al que representan los atentados y las represalias deliberados entre grupos políticos (perpetrados en buena parte por «profesionales» de la violencia por métodos pistoleriles), aunque si añadimos los de móvil sociolaboral o las agresiones premeditadas a la fuerza pública superan ampliamente esta cifra. En todo caso, el predominio en la los enfrentamientos de pequeños grupos descoordinados de ámbito local nos aleja de la hipótesis de una violencia masiva dirigida de forma deliberada hacia la revolución.

La geografía de la violencia: incidencia en las pequeñas  poblaciones, impacto en las grandes urbes

  • 19 Cibrián, 1978: 102-103 (datos luego recogidos con ligerísimas variantes por Linz, 1981, pp. 396-397 (...)
  • 20 Cruz, 2006, p. 169. Por el contrario, Malefakis, 1971, p. 380 nota 57 señalaba que «parece haber ha (...)

13Otro tópico que es preciso desterrar es el carácter preferente metropolitano de la violencia durante la primavera de 1936. Cibrián aseguraba que el 31,2% de las muertes totales se concentraba en las nueve ciudades más importantes del país, y el 55,6% se había dado en el ámbito urbano, por el 44,4% en las zonas rurales19. Si atendemos a las víctimas mortales según el núcleo de población, comprobamos que sólo 126 (el 35,8% del total) fueron asesinadas en ciudades de más de 100.000 habitantes según el Censo de 1930, mientras que 81 fallecieron en ciudades de menos de 100.000 habitantes (23%) y 144 murieron en poblaciones de menos de 10.000 habitantes (41%). Según Cruz, el 59% de los acontecimientos con muertos se produjeron en áreas rurales, especialmente del Sur de España, como la mayor parte de la violencia colectiva en general, y coincidieron en buena medida con la actuación desmesurada de fuerzas del orden, en especial de la Guardia Civil20. Fue en este ámbito de las pequeñas localidades y las agrociudades (más del 60%, según mis cálculos) donde se había dirimido el cambio de régimen en la primavera de 1931, donde más incidencia tuvieron las reformas y las contrarreformas impulsadas por los distintos gobiernos, donde se libró con más tenacidad la lucha por el poder, y donde los gobiernos del Frente Popular evidenciaron con más claridad su ineptitud para hacer frente a esa dispersión y erosión de la autoridad que fueron una de las causas de la crisis. El carácter marcadamente localista de la violencia con resultado de muerte se relaciona directamente con los tipos de enfrentamiento más espontáneos y menos organizados (los altercados entre vecinos) o con la represión directa de las fuerzas de orden público, que corrió casi en exclusiva a cargo de la Guardia Civil.

  • 21 Romero, 1982, p. 56

14Según Luis Romero, «la escasa importancia que se les atribuye [a los delitos de sangre de origen político-social], salvo los casos de mayor relieve, es indicio de que impresionan escasamente a la opinión pública, a menos que ocurrieran en la misma ciudad o región»21. Sin duda la actividad violenta en las grandes ciudades, expresada sobre todo en forma atentados individuales y enfrentamientos callejeros multitudinarios, se convirtió en la manifestación más espectacular de la violencia política durante los meses del Frente Popular. Las milicias políticas no parecen haber tenido casi ningún protagonismo en las acciones violentas con resultado de muerte, que fueron obra de pequeñas bandas de pistoleros en ciudades como Santander, Sevilla, Valladolid, Orense o Madrid, lugares con importante presencia sindical y con una creciente implantación de Falange entre los jóvenes derechistas de clase media. La incidencia de la violencia en la capital del Estado o en Málaga también tuvo que ver con las huelgas que enfrentaron a cenetistas con comunistas y socialistas. La ciudad de Madrid, que contempló el 12,6% del total de las muertes, se convirtió en el gran escaparate de la violencia política, especialmente a partir de los atentados de mediados de marzo, los enfrentamientos callejeros de mediados de abril y las agresiones individuales que culminaron en el asesinato de Calvo Sotelo. La presencia de potentes altavoces de opinión como el Parlamento o la prensa de ámbito nacional, y su capacidad de irradiación simbólica como centro del poder político y clave del dispositivo militar explican en parte el sobredimensionamiento de los sucesos acaecidos en la capital, cuya efervescencia contrastó con la tranquilidad que se respiró en otras ciudades con amplia trayectoria conflictiva en el pasado inmediato, como Oviedo, Barcelona, Bilbao o Zaragoza.

Cuadro 4. — Víctimas mortales por provincia

Provincia

Total

Capital

Provincia

Total

Capital

Álava

0

0

Las Palmas
de Gran Canaria

2

2

Albacete

22

1

León

3

1

Alicante

7

2

Lérida

0

0

Almería

3

1

Lugo

1

0

Asturias

18

2

Madrid

50

44

Ávila

2

0

Málaga

16

8

Badajoz

4

0

Melilla

0

0

Baleares

0

0

Murcia

10

0

Barcelona

7

4

Navarra

6

2

Burgos

6

0

Orense

7

5

Cáceres

10

0

Palencia

5

1

Cádiz

5

1

Pontevedra

6

1

Cantabria

21

10

Rioja

13

9

Castellón

2

2

Salamanca

5

2

Ceuta

3

0

Santa Cruz de Tenerife

0

0

Ciudad Real

6

0

Segovia

0

0

Córdoba

11

0

Sevilla

21

9

Coruña

3

1

Soria

0

0

Cuenca

3

0

Tarragona

0

0

Gerona

0

0

Teruel

1

0

Granada

6

2

Toledo

16

3

Guadalajara

3

1

Valencia

3

0

Guipúzcoa

4

2

Valladolid

13

6

Huelva

5

1

Vizcaya

5

2

Huesca

3

2

Zamora

4

3

Jaén

4

0

Zaragoza

6

2

Total

351

132

15Las provincias con mayor número de víctimas en proporción a su población fueron Madrid, Albacete (sobre todo por los sucesos de Yeste), Sevilla, Cantabria, Toledo, Asturias, Rioja, Valladolid y Córdoba. Contra lo que señalan algunos autores, la violencia mortal tuvo un reparto geográfico bastante equilibrado: el norte de España sufrió el 40% de las muertes, la provincia de Madrid el 14,3% y el Sur el 44,4%, y las islas y ciudades africanas un 1,4%. Sorprende la escasa incidencia de la violencia en regiones tradicionalmente conflictivas como Cataluña (con sólo tres muertos fuera de la ciudad de Barcelona), País Vasco o Andalucía Oriental (con la excepción de Málaga y Granada), su enquistamiento en Andalucía Occidental, Extremadura (sobre todo los pueblos de Cáceres) y provincias meridionales de Castilla-La Mancha, su desequilibrio en Levante (con mayor incidencia en los pueblos de Alicante y de Murcia que en las provincias de Valencia o Castellón), y su fuerte impacto en Cantabria y las provincias de Castilla-León, lugares de incidencia del «fascismo rural» entre los arrendatarios y pequeños propietarios, donde se percibe un equilibrio de incidentes violentos entre las capitales y los pequeños pueblos.

Las víctimas mortales: adscripción política y profesional

  • 22 Payne, 2005, p. 297.
  • 23 Cruz, 2006, p. 168.

16La identificación política y socioprofesional de las víctimas permite determinar si la violencia letal fue indiscriminada o selectiva. Payne asevera que «la mayoría de los muertos en ataques políticos fueron derechistas o no simpatizantes de la izquierda que fueron asesinados por los izquierdistas», lo cual es falso, aunque, como veremos, resulta cierta la afirmación de que «la policía fue la responsable de la mayor parte de las bajas sufridas por la izquierda al intentar sofocar manifestaciones y tumultos»22. Las estadísticas disponibles desmienten rotundamente el mito de la persecución y el martirologio derechista: según Cruz, el 56% de los muertos eran jornaleros agrícolas, obreros o simpatizantes izquierdistas, el 19% eran derechistas, propietarios o patronos, y el 7% policías o militares, algunos de ellos notoriamente izquierdistas, como el capitán Faraudo o el teniente Castillo23. En mis cálculos, las víctimas identificables de forma inequívoca con las derechas representan el 29% del total, las adscritas a partidos de centro el 1,1% y los vinculados a sindicatos y partidos de izquierda el 41,8%. Es un cálculo conservador, ya que entre el 23% de víctimas sin identidad política inequívoca figura una gran cantidad de obreros y jornaleros fallecidos en enfrentamientos con la fuerza pública durante protestas de tipo sociolaboral protagonizadas por lo general por simpatizantes del Frente Popular. La misma observación, pero en el sentido inverso de sus simpatías básicamente conservadoras, se podría realizar para el caso de los diez militares y policías muertos en el desempeño de su labor profesional, no a título privado como militantes o simpatizantes de un partido político.

  • 24 Las cifras no son coincidentes: Vega Gonzalo, 1999, p. 151 evalúa en 26 los muertos falangistas des (...)

17Resulta significativo el primer puesto que ocupa Falange como partido con mayor número de víctimas y de responsables de muertes —casi una cifra equiparable—, lo que dice mucho acerca de la trayectoria de confrontación escogida por esta formación desde fines de febrero de 1936 hasta inicios de julio, cuando según algunos testimonios, el partido había sufrido aproximadamente la baja número 70 desde su fundación y se responsabilizaba de un número similar, si no mayor, de asesinatos políticos24. En todo caso, la extremada polarización de víctimas y victimarios resulta un síntoma plausible del ambiente de enfrentamiento que se respiraba en el país.

Cuadro 5. — Víctimas mortales por adscripción política

Falange/SEU/CONS

59

16,8%

Alfonsinos/RE

3

0,8%

AP/CEDA/JAP

9

2,5%

Carlistas

4

1,1%

Sindicalistas y jóvenes católicos

3

0,8%

Militares y policías de derecha

3

0,8%

Derechistas sin identificar

21

5,9%

Liberal-demócratas

2

0,5%

PRR

1

0,2%

PNV

1

0,2%

ERC

2

0,5%

UR/IR/PRRS

4

1,1%

PSOE/UGT/JJSS

42

11,9%

PCE/UJCE/JSU

20

5,6%

CNT/FAI/JJLL

15

4,2%

CNT o PSOE

1

0,2%

Militares y policías de izquierda

2

0,5%

Izquierdistas sin identificar

61

17,3%

Militares y policías sin identificar

10

2,8%

Falange o izquierdistas

5

1,4%

Falange o PSOE

1

0,2%

CNT o Militares y policías sin identificar

1

0,2%

Desconocidos

81

23,0%

Total

351

100,0%

18La adscripción socioprofesional va en esta misma dirección, a pesar de que la disponibilidad de datos no llega a la mitad de la muestra: predominio de trabajadores asalariados del campo y la ciudad, especialmente jornaleros, lo que resulta lógico cuando la mitad de la fuerza de trabajo estaba dedicada a la agricultura. La reducida presencia de empresarios, propietarios y arrendatarios entre las víctimas (en torno a un 4%) revela que la conflictividad no enfrentó directamente a estos colectivos, sino sobre todo a los trabajadores, las fuerzas del orden y funcionarios de la Administración civil (alcaldes, concejales, secretarios, etc.), que contribuyen al obituario con un número de víctimas equiparable. La relativamente amplia presencia de estudiantes está directamente vinculada a la deriva violenta de Falange: el 1 de marzo, Primo de Rivera ordenó al SEU que se incorporara en pleno a las milicias del partido, y a partir de ese momento, los incidentes violentos protagonizados por falangistas se sucedieron sin interrupción hasta el estallido de la guerra civil.

Cuadro 6. — Víctimas mortales por profesión

Amas de casa

2

0,5%

Arrendatarios y capataces

4

1,1%

Cargos políticos y gubernativos

10

2,8%

Estudiantes

20

5,6%

Funcionarios de la Administración Civil

8

2,2%

Guardias municipales

1

0,2%

Militares

3

0,8%

Guardias civiles

11

3,1%

Obreros, jornaleros y empleados

80

22,7%

Periodistas

1

0,2%

Policías y guardias de Asalto

9

2,5%

Profesionales liberales

1

0,2%

Propietarios agrarios y empresarios

10

2,8%

Reclusos

5

1,4%

Sin identificar

186

52,9%

Total

351

100,0%

Los responsables de las muertes:  adscripción política y profesional

19La responsabilidad de los enfrentamientos mortales de los que se conoce la autoría aparece equilibrada entre las derechas (29,6%) y las izquierdas (28,4%). Falange aparece como la principal organización política causante de muertes durante el Frente Popular, con más de la cuarta parte de las víctimas producidas por enfrentamientos entre grupos de ideología contraria. Con la detención de Primo de Rivera y de casi toda la Junta Política el 14 de marzo, y la decisión de un tribunal de Madrid de suspender las actividades del partido por tenencia ilícita de armas, Falange se despeñó por la pendiente de la conspiración y el terrorismo con el apoyo de los militares conjurados contra la República.

Cuadro 7. — Responsables de enfrentamientos mortales por adscripción política

Falange/SEU/CONS

50

14,2 %

AP/CEDA/JAP

1

0,2 %

Carlistas

1

0,2 %

Religiosos

1

0,2 %

Militares y policías de derecha

20

5,6 %

Derechistas sin identificar

31

8,8 %

PRR

1

0,2 %

PSOE/UGT/JJSS

14

3,9 %

PCE/UJCE/JSU

8

2,2 %

CNT/FAI/JJLL

10

2,8 %

CNT o PSOE

1

0,2 %

Militares y policías de izquierda

1

0,2 %

Izquierdistas sin identificar

66

18,8 %

Militares y policías sin identificar

76

21,6 %

FE o izquierdistas sin identificar

5

1,4 %

Derechistas o izquierdistas sin ident.

1

0,2 %

Desconocidos

64

18,2 %

Total

351

100,0 %

Cuadro 8. — Responsables de enfrentamientos mortales por profesión

Arrendatarios y capataces

1

0,2 %

Cargos políticos y gubernativos

1

0,2 %

Estudiantes

2

0,5 %

Funcionarios de la Admón. Civil

17

4,8 %

Guardias civiles

48

13,6 %

Militares

8

2,2 %

Guardias municipales

8

2,2 %

Obreros, jornaleros y empleados

23

6,5 %

Policías y guardias de Asalto

26

7,4 %

Propietarios y empresarios

2

0,5 %

Religiosos

1

0,2 %

Sin identificar

214

60,9 %

Total

351

100,0 %

  • 25 Cruz, 2006, p. 168.
  • 26 Cibrián, 1978: 114. Ranzato, 2008: 166 responsabiliza a los órganos del Estado, favorables en su op (...)

20Pero el gran responsable de la violencia mortal fue el propio Estado. Los sucesos luctuosos con implicación de agentes del orden público suponen más de un 30% del total, lo que resulta congruente con el predominio de éstos como principales ejecutores de la violencia coactiva a lo largo de esta etapa histórica y del conjunto del período republicano. Según los datos aportados por Cruz, las distintas policías y el Ejército regular causaron el 43% de las 262 víctimas mortales que computa desde febrero a julio de 1936 (aunque la proporción de policías como autores de las muertes descendió considerablemente a partir de mayo), mientras que un 20% de actos luctuosos tuvo autoría izquierdista y un 17% puede ser achacado a las derechas, incluida la Falange25. Mi cálculo es más matizado: los policías y los militares ocasionaron en el desempeño estricto de su labor (no como afiliados o simpatizantes de un partido) un 21,6% de las muertes, que fueron especialmente numerosas en las intervenciones protagonizadas por la Guardia Civil en el ámbito rural. Cibrián afirma que «la intensidad de la violencia rural parece haber sido función de la actitud adoptada por las autoridades hacia las acciones revolucionarias de las masas jornaleras y campesinas»26. Es cierto que hubo responsabilidad mayoritaria de los agentes de la autoridad, pero es difícil achacarla a la actitud «revolucionaria» de unas masas que, por el tipo de enfrentamiento en que se vieron envueltas, aparecen como actores desorganizados. También es preciso relativizar la responsabilidad política de estas actuaciones, ya que a pesar de las admoniciones y la reclamación de intervenciones enérgicas, las autoridades políticas y gubernativas se quejaban de la escasa fiabilidad de la Policía, la cual quedó de manifiesto en su ineficacia a la hora de desarticular las diversas tramas conspirativas o, al menos, efectuar un eficaz trabajo de prevención de los disturbios.

Las dinámicas y la evolución cronológica de la violencia

21Como ha quedado dicho, dominaron las agresiones aisladas, pero también fueron numerosos los enfrentamientos movidos por una dinámica de represalias, que tuvieron lugar sobre todo en las ciudades, como fue el caso de la reacción de la Primera Línea de Falange al asesinato de dos militantes en Madrid el 6 de marzo, que llevó al atentado contra el diputado socialista Jiménez de Asúa el 12 de marzo y al asesinato el 13 de abril por pistoleros falangistas del juez instructor del anterior crimen, el magistrado Pedregal. Otras represalias protagonizadas por Falange tuvieron lugar en Carrión de los Condes (Palencia) el 3 de mayo, en Santander el 5 de mayo y el 3 de junio, en Madrid el 23-25 de mayo y el 2-4 de julio, y en Valladolid el 18 de junio. Dos casos notorios fueron las venganzas mutuas entre anarquistas y marxistas en Málaga de 9 a 12 de junio y la conexión directa entre el asesinato del teniente Castillo el 12 de julio y el de Calvo Sotelo la madrugada siguiente.

22La estrategia de la provocación y de la tensión, en la que se especializó Falange, acarreó la convocatoria de huelgas generales de protesta y manifestaciones tumultuarias de los grupos de izquierda que en ocasiones llevaron al asalto y destrucción de locales derechistas y a enfrentamientos con las fuerzas del orden. Así sucedió, por ejemplo, en Elche el 20 de febrero, en Granada el 10 de marzo, en Madrid tres días después durante el entierro del agente de escolta de Jiménez de Asúa, o en Logroño el 14 de marzo. Pero el mecanismo de la agresión-protesta-represión también podía actuar contra los simpatizantes derechistas, como sucedió durante los entierros del jefe local de FE en Puebla de Almoradiel (Toledo) el 6 de marzo, del alférez de lo Reyes en Madrid el 16 de abril y de Calvo Sotelo el 14 de julio.

Gráfico 1. — Muertos por semana

Gráfico 1. — Muertos por semana
  • 27 Cibrián, 1978, p. 86, aunque su gráfico y cuadro de muertes de pp. 88 y 91 son más matizados.

23Mi percepción sobre la evolución cronológica de las muertes coincide en esencia con el análisis de Cibrián, que sitúa los momentos culminantes a mediados de marzo (ilegalización de FE), mediados de abril (incidentes del Día de la República) y fines de mayo (masacre de Yeste)27. Los tres picos de violencia que se detectan según mis datos son el correspondiente al incremento de expectativas en la semana inmediatamente posterior a la victoria electoral de 16 de febrero (cuando proliferaron los asaltos a cárceles y centros políticos, incendios de iglesias, o escaramuzas y alborotos vinculados en ocasiones a los entierros carnavalescos de Gil Robles), la iniciada con los sucesos de Escalona (Toledo) el 8 de marzo y que declinó tras la ilegalización de Falange a mediados de mes, y tras un apreciable rebrote a mediados de abril y después de cinco semanas con bajas tasas de letalidad, el punto álgido de la semana final de mayo, coincidente con la masacre de Yeste, aunque Cibrián sitúa la incidencia de la violencia global (que implica incidentes violentos, no muertes) en la primera semana de mes, en torno a las celebraciones obreras del Primero de Mayo y la difusión del bulo de los caramelos envenenados que circuló por varios barrios populares de Madrid el día 4.

  • 28 Véanse los relatos contradictorios de El Socialista, 15-IV-1936, p. 1; El Sol, 15-IV-1936, p. 3; AB (...)

24 Los días próximos al V Aniversario de la República fueron la culminación de una estrategia de la tensión que está directamente relacionada con los preparativos para el golpe de Estado que debiera haberse ejecutado el 20 de abril: en la noche del día 13 cayó abatido el magistrado Pedregal, instructor de la causa por el atentado a Jiménez de Asúa, presuntamente a manos de pistoleros del SEU. En los actos celebrados en Madrid el día 14, se produjo un tumulto que degeneró en un tiroteo que causó la muerte del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes28. En la tarde del 16 de abril se verificó el sepelio de dicho oficial, a cuyo cortejo se unieron cientos de jefes y oficiales del Ejército y de las fuerzas de orden público que convirtieron la comitiva fúnebre en una manifestación tumultuaria contra el Gobierno, hasta el punto de que, al llegar a la Plaza de Cibeles, el grupo más violento, alentado y apoyado por las milicias falangistas, pretendió asaltar el Congreso en una reedición a la española de los sucesos de 6 de febrero de 1934 en París. La relación total de víctimas de ese día es muy confusa, pero la más plausible se cifra en cinco muertos y de treinta a cincuenta heridos. Las reacciones tras los incidentes fueron inmediatas: el día 17, y recordando una medida análoga impulsada por el gabinete Sarraut un mes antes, tras el atentado perpetrado el 13 de febrero por disidentes de l’Action Française contra Léon Blum, el gobierno aprobó un proyecto de ley sancionando a los militares retirados que pertenecieran a organizaciones clandestinas, y un decreto de disolución e ilegalización de las ligas fascistas que permitió declarar a Falange asociación ilícita. La prensa derechista replicó publicando la prolija relación de hechos violentos ocurridos desde el 16 de febrero, sin diferenciación de delitos políticos o comunes, que Calvo Sotelo había presentado a las Cortes el 15 de abril. La situación resultaba tan insostenible que el nuevo gobierno Casares se declaró inmediatamente «beligerante contra el fascismo», y presentó posteriormente un nuevo proyecto de ley de actividades peligrosas y contra el terrorismo.

  • 29 Según telegrama del embajador francés Herbette, 7-VII-1936, en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Pol (...)

25La violencia mortal alcanzó su momento culminante en la semana del 25 de mayo, y fue decreciendo en intensidad hasta el 17 de julio, pero tuvo un repunte en la segunda semana de junio, con el momento culminante en los atentados y represalias de comunistas y cenetistas en Málaga que acabaron con el asesinato del presidente de la Gestora de la Diputación Provincial y vicepresidente de la Agrupación Provincial Socialista, Antonio Román Reina. La violencia letal volvió a incrementarse a inicios de julio: el día 2, un atentado perpetrado en Madrid por miembros de las JSU provocó tres muertos, dos de ellos estudiantes falangistas, y varios heridos. La represalia ejecutada el día 4 contra obreros del ramo de la leche que salían de la Casa del Pueblo de la calle Gravina causó la muerte de dos ugetistas y heridas a siete. Los días 3 y 4 aparecieron en el extrarradio de Madrid los cadáveres de dos presuntos militantes falangistas con señales de torturas29. A partir de ahí, la sucesión de agresiones individuales, que culminaron en las muertes de Castillo y Calvo Sotelo, fue incesante hasta más allá del inicio del movimiento militar.

Balance: la incidencia de la violencia  en el naufragio de la República

26Las muertes por razones políticas y sociales fueron el indicio más visible, y a la vez el más debatido, de la coyuntura crítica de la primavera de 1936. En este trabajo he intentado analizar unos datos y describir una dinámica que arrojan un balance más matizado que estudios anteriores. A pesar de que los datos disponibles evidencian la polarización política de la época, que algunos autores han querido simplificar en la antinomia fascismo/antifascismo, la violencia con resultado de muerte presenta un carácter heterogéneo en cuanto a los ámbitos, tipología y protagonistas de los enfrentamientos. La violencia mantuvo grandes dosis de espontaneidad y desarticulación en los pequeños pueblos, y atisbos de premeditación y organización en las grandes ciudades; no incidió necesariamente en las regiones y provincias con larga tradición de conflicto social (como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha), sino que pareció vinculada a la expansión de ideologías extremistas, sobre todo de ese «fascismo rural» que comenzó a arraigar en Castilla-León, la Rioja y en las agrociudades del sur peninsular.

  • 30 Cibrián, 1978, p. 87.
  • 31 Bravo Morata, 1978, pp. 22-23.

27Mi análisis cuestiona los mitos tanto de la existencia de una violencia prerrevolucionaria organizada por la extrema izquierda para conquistar el poder, como del predominio de los usos paramilitares en la actuación contrarrevolucionaria de la extrema derecha. En el primer caso hubo más anarquía que revolución, y en el segundo hubo más pistolerismo y actos de provocación y vindicta que expediciones punitivas al estilo de la conquista del potere fascista. Los grandes actores de la violencia fueron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuya gestión de la protesta se caracterizó por la inflexibilidad y el uso desproporcionado de la fuerza. Esta realidad no exonera de responsabilidad a los gobiernos, a pesar de la creciente insumisión de este instrumento de control social, y resultó clave en el proceso de deslegitimación del régimen. El impacto psicológico acumulativo de los desórdenes públicos, y la retórica conservadora sobre la anarquía, incapacidad, cautividad o complicidad gubernamentales, ampliamente aireada desde la prensa y la tribuna parlamentaria, activaron el proceso de cuestionamiento de la autoridad estatal y estimularon la búsqueda de soluciones autoritarias al presunto peligro revolucionario. El temor a la revolución y a la guerra civil atizó la violencia preventiva de unos y la respuesta defensiva de otros, en una espiral que condujo, en una particularmente siniestra self-fulfilling prophecy, a ese fin no deseado. Pero la violencia por sí sola no destruyó la República, ya que otros gobiernos han soportado niveles similares o incluso mayores de agresividad política sin derrumbarse. No es cierto, como dice Cibrián, que «la democracia no pudo resistir un promedio de 11,4 muertes políticas durante un período continuado de 24 semanas»30. La guerra civil no tiene su desencadenante en los muertos del Frente Popular, sino en el fracaso parcial de un golpe militar que se estaba preparando desde marzo. Contra los partidarios de justificar el golpe como remedio a esa «situación de necesidad» abierta por el deterioro del orden público, cabría aseverar que, según los cálculos de Gil Robles, del 13 de mayo al 15 de junio hubo 2,16 muertos y 7,66 heridos por día; 47,48 y 40,16 veces menos respectivamente que lo que costó diariamente en vidas la guerra civil31.

  • 32 González Calleja, 2005.

28No cabe duda de que la primavera de 1936 fue una de las etapas más violentas de la historia democrática de España, pero la violencia no nació en la etapa del Frente Popular, ni éste fue el responsable único o último de los graves conflictos que trataron de resolverse mediante un golpe de Estado, y tras el fracaso de éste, en una contienda fratricida. La violencia se manifestó a lo largo de todo el período republicano desde muy diversas líneas de fractura —no sólo, ni fundamentalmente, de orden político—, y actuó como un enérgico corrosivo de todo tipo de consensos internos entre grupos sociales, comunidades, formaciones políticas y sindicales, corporaciones o instituciones estatales y paraestatales32. Esta violencia polifacética y atomizada tuvo su campo preferente de expresión en el ámbito local, que fue el escenario donde se había dirimido el cambio de régimen en la primavera de 1931, donde más incidencias tuvieron las reformas y las contrarreformas impulsadas por los distintos gobiernos, donde se libró con más tenacidad la lucha por el poder, tanto real como simbólico, y donde el Estado republicano evidenció con más claridad su ineptitud para hacer frente a esa dispersión y erosión de la autoridad que fueron causa de su crisis y derrumbe.

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Bibliographie

Abreviaturas

AHN : Archivos Histórico Nacional (Madrid)AP : Acción Popular
AQO : Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Quai d’Orsay (París)
CDMH : Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca)
CEDA : Confederación Española de Derechas Autónomas
CNT : Confederación Nacional del Trabajo
CONS : Central Obrera Nacional-Sindicalista
ERC : Esquerra Republicana de Catalunya
FAI : Federación Anarquista Ibérica
FE : Falange Española
IR : Izquierda Republicana
JAP : Juventud de Acción Popular
JJLL : Juventudes Libertarias
JJSS : Juventudes Socialistas
JSU : Juventudes Socialistas Unificadas
KPD : Kommunistische Partei Deutschlands (Partido Comunista Alemán)
NA.FO : National Archives, Foreign Office (Kew, Surrey, Gran Bretaña)
NSDAP : Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes)
PCE : Partido Comunista de España
PNV : Partido Nacionalista Vasco
PRR : Partido Republicano Radical
PRRS : Partido Republicano Radical-Socialista
PSOE : Partido Socialista Obrero Español
RE : Renovación Española
SEU : Sindicato Español Universitario
SPD : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partido Socialdemócrata Alemán)
UGT : Unión General de Trabajadores
UJCE : Unión de Juventudes Comunistas de España
UR : Unión Republicana

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Annexe

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Publicaciones periódicas:
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Notes

1 Estado Español, 1939, pp. 9-10. El estado de guerra no se proclamaría en la zona republicana hasta el 23-I-1939.

2 Payne, 2005, p. 533

3 Tras un expurgo sistemático de Il Corriere della Sera, Salvemini, 1931, pp. 182187, calculó que entre el 1-X-1920 y el 30-X-1922 las víctimas de los fascistas fueron 406, mientras que los «camisas negras» sufrieron 216 muertos. Salvemini, 1963, p. 281, consideró que, incluyendo a las víctimas de enfrentamientos con la Policía, se podrían evaluar en unos 2.000 los izquierdistas muertos en el bienio anterior a la conquista del poder por el fascismo, de ellos 1.500 en 1921. Desde inicios de 1923 el número de víctimas decreció, y fue alrededor de un millar para el período comprendido entre noviembre de 1922 y fines de 1926 (ibid., pp. 102-107, 348349 nota y 354).

4 De Felice, 1966, pp. 35-39 y 87 da por buenas las cifras oficiales de Errico Corradini: entre el 1-I- y el 7-IV-1921 hubo 102 muertos (de ellos 25 fascistas y 41 socialistas) y 388 heridos (108 fascistas y 123 socialistas) en diversos choques violentos. Del 8-IV al 14-V hubo 105 muertos (49 por conflictos electorales) y 431 heridos (208 por causas electorales), y 71 muertos y 216 heridos del 16 al 30-V-1921.

5 Los datos hasta 1922, en Gumbel, 1922, pp. 73-81 y 1931, cit. por Neumann, 1983, p. 530. Según Schumann, 2009, pp. 251-252 y 261, un total de 457 personas fueron asesinadas entre inicios de 1923 y mediados de octubre de 1931: 236 en 1923, 66 entre 1924-1928 y 155 en 1929-1931. De ellas, 323 militaban en la extrema izquierda y 31 en la extrema derecha. El número de muertos en 1932 ascendió a 155, de los cuales 55 pertenecían al NSDAP, 54 al KPD y 12 al Reichbanner y el SPD.

6 Botz, 1975, p. 527 y 1982, p. 303. Los datos de la insurrección de 1934, en Benoist-Mechin, 1964, p. 425.

7 González Calleja, 1998, pp. 390 nota 246, 435 y 529, y 1999, pp. 54 y 247. En 1921 se produjeron en España 228 asesinatos de índole sociopolítica.

8 Payne, 1990, p. 285.

9 Sánchez y García-Sauco, 1974, p. 144

10 DSC, 15-IV-1936, pp. 324-334 y 15-VII-1936, p. 6. En el periódico The Universe, 22-I-1937, Gil Robles rectificó sus datos, y aseguró que durante el Frente Popular habían muerto 256 personas y se habían producido más de un millar de heridos (Fundación Nacional Francisco Franco, 1992, p. 108). La Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936 asumió los datos expuestos por Calvo Sotelo en las Cortes ycontabilizó 74 muertos del 16-II a 2-IV-1936, y otros 47 del 1-IV al 4-V-1936 (Estado Español, 1939: 62-63).

11 Véase, por ejemplo, Cierva, 1969, pp. 689-690 y 797.

12 Linz, 1978, p. 188 (1981, pp. 396-397) y Payne, 1990, p. 282. Este último autor, que en 1970, p. 208 hablaba de 215 muertos, en 2005, p. 536 hace subir su cómputo a 300 muertos.

13 Cruz, 2006, p. 167. La distribución cronológica es: 44 en la segunda quincena de febrero, 93 en marzo, 44 en abril, 42 en mayo, 24 en junio y 15 hasta el 18-VII-1936. Este autor no cita las fuentes de las que extrae estos datos.

14 Blázquez Miguel, 2003a, pp. 21 y 85. La evolución cronológica mes a mes, en p. 27 y un cuadro de conflictividad por provincias, en p. 19. Las mismas cifras, en Blázquez Miguel, 2003b, p. 85.

15 Cruz, 2006, pp. 36 y 166.

16 Malefakis, 1971, pp. 428-430.

17 Cruz, 2006, p. 335.

18 Gould, 2003, p. 66.

19 Cibrián, 1978: 102-103 (datos luego recogidos con ligerísimas variantes por Linz, 1981, pp. 396-397 y Payne, 1990, pp. 282 y 284) señala que 150 asesinatos se produjeron en la ciudad y 120 en los pueblos y aldeas rurales. Madrid vio cometerse 45 asesinatos, seguido de Sevilla, Málaga y Granada. Evaluaba el 34 (12,6%) las muertes acaecidas en los grandes municipios rurales de las trece provincias afectadas por la reforma agraria, 32 fallecidos (11,9%) en los pequeños pueblos de estas provincias, 25 (9,3%) en pueblos importantes de otras provincias y 28 (10,4%) en las pequeñas poblaciones de estas mismas provincias.

20 Cruz, 2006, p. 169. Por el contrario, Malefakis, 1971, p. 380 nota 57 señalaba que «parece haber habido menos derramamientos de sangre en el campo en 1936 que lo que uno tendería a esperar, dados los signos de los tiempos». Las cifras que aporta Payne, 1990, pp. 282 y 284 muestran un predominio aplastante de los hechos luctuosos en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid (45 muertos) y tres urbes andaluzas (35 muertos en Sevilla, Málaga y Granada), mientras que el resto de capitales de provincia contemplaron el asesinato de otras 54 personas. En contraste, las muertes en los pueblos fueron 60, lo que supondría sólo un 22,3% del total. Las zonas más pacíficas habrían sido el País Vasco y Cataluña.

21 Romero, 1982, p. 56

22 Payne, 2005, p. 297.

23 Cruz, 2006, p. 168.

24 Las cifras no son coincidentes: Vega Gonzalo, 1999, p. 151 evalúa en 26 los muertos falangistas desde la fundación del partido hasta el 16-II-1936, a los que habría que añadir otros 53 desde esa fecha hasta el 17-VII-1936. El periódico falangista clandestino No Importa, 20-V-1936 hacía mención a 40 camaradas muertos y más de cien heridos desde el 16-II-1936. Primo de Rivera y Urquijo, 1997, p. 184 cifra en 65 los muertos de Falange desde su origen hasta el 5-VII-1936, y Ramos González, 1993, pp. 170-174 computa 66 muertos falangistas hasta el 24-VII-1936.

25 Cruz, 2006, p. 168.

26 Cibrián, 1978: 114. Ranzato, 2008: 166 responsabiliza a los órganos del Estado, favorables en su opinión a la revolución. Pero gran parte de las fuerzas del orden se alinearon en favor de los intereses conservadores, y no hicieron ninguna víctima mortal entre los propietarios. Este autor llega a comparar la represión ejercida sobre las milicias falangistas —que habían tomado la senda de la violencia por orden de sus jefes— con unas milicias «rojas» [sic] de capacidad combatiente más que dudosa, pero de las que dice que se desarrollaron «al amparo de las fuerzas públicas del Estado», lo cual, como mínimo, es inexacto (pp. 169-170).

27 Cibrián, 1978, p. 86, aunque su gráfico y cuadro de muertes de pp. 88 y 91 son más matizados.

28 Véanse los relatos contradictorios de El Socialista, 15-IV-1936, p. 1; El Sol, 15-IV-1936, p. 3; ABC, 15-IV-1936, p. 23 y El Siglo Futuro, 14-IV-1936, p. 18. Según Tagüeña, 1978, p. 68, de los Reyes fue abatido por la propia Policía cuando estaba situado junto a la tribuna presidencial en actitud sospechosa.

29 Según telegrama del embajador francés Herbette, 7-VII-1936, en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier général, leg. 167, p. 201, ambos asesinatos podrían ser represalias de fascistas contra militantes sospechosos de traición.

30 Cibrián, 1978, p. 87.

31 Bravo Morata, 1978, pp. 22-23.

32 González Calleja, 2005.

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Eduardo González Calleja, « La necro-lógica de la violencia sociopolítica en la primavera de 1936 », Mélanges de la Casa de Velázquez, 41-1 | 2011, 37-60.

Référence électronique

Eduardo González Calleja, « La necro-lógica de la violencia sociopolítica en la primavera de 1936 », Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 41-1 | 2011, mis en ligne le 15 avril 2013, consulté le 28 juin 2017. URL : http://mcv.revues.org/3825

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Eduardo González Calleja

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