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Actualité de la recherche

La violencia política en la España del siglo xx: un balance historiográfico

La violence politique dans l’Espagne du xxe siècle : un bilan historiographique
Political violence in 20th-century Spain: a state of the historiography
Eduardo González Calleja
p. 213-240

Résumés

La violence politique est devenue un des thèmes du débat historiographique espagnol au début des années 1980. Depuis, deux générations d’historiens ont fait de la violence politique un sujet central de recherche, l’élevant au rang des questions les plus souvent abordées par l’histoire politique et sociale actuelle. Cet article passe en revue les différentes approches de la notion, depuis la criminologie du début du siècle dernier et les controverses suscitées par le fonctionnalisme et le marxisme dans les années 1950-1960, jusqu’aux nouvelles voies ouvertes par les différentes approches liées au paradigme de l’action collective.

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Texte intégral

  • 1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación HAR2008-00066/HIST, financia (...)

1Con un ligero retraso respecto de otros países occidentales, la violencia política se incorporó al debate historiográfico español a inicios de los años ochenta. A pesar de que los pioneros en su estudio echaban en falta una conceptualización clara y rigurosa (que esperaban obtener de otras ciencias sociales) sobre la que fundamentar su análisis, España es uno de los países europeos donde más intensamente se está trabajando sobre la violencia desde planteamientos renovadores. Al menos dos generaciones de historiadores han abordado la violencia política como tema central de investigación desde las más diversas facetas, convirtiendo esta cuestión en una de las más transitadas por la historia social y política actual1.

2No ha sido un camino fácil. Las implicaciones polémicas de la violencia han dificultado la búsqueda de una definición aceptable para el conjunto de las ciencias humanas, que han tratado el problema de forma bastante parcial y discontinua. Si el análisis de la violencia política (entendida como el empleo deliberado de la fuerza, o la amenaza de su uso, en los conflictos de poder) se ha visto lastrado por la ambigüedad y el moralismo, los historiadores han visto más afectada su autonomía de criterio que otros científicos, ya que a las presiones políticas y sociales sobre su tarea se ha añadido la carencia de instrumentos propios para abordar el estudio de un asunto de tan compleja naturaleza y tan graves consecuencias.

  • 2 Véanse, como ejemplo de diversas disciplinas, Cadalso y Manzano, 1896; Fernández-Hontoria y García, (...)
  • 3 Bernaldo de Quirós, 1973 (1.ª ed. Madrid, 1919) y Díaz del Moral, 1984 (1.ª ed. Madrid, 1929).

3A fines del siglo xix e inicios del xx, la violencia colectiva comenzó a ser objeto de la atención de los técnicos más cercanos a los gobiernos, en especial sociólogos, penalistas, estadísticos, agentes de policía y especialistas en antropología y psiquiatría criminal, pero no de los historiadores, que tardarían más de medio siglo en incorporarse al sanedrín de expertos en la materia. Por ese entonces, se carecía de una conceptualización clara que permitiera marcar la frontera entre el conflicto y sus manifestaciones violentas de índole social o política. Prevalecía una visión tumultuaria y «volcánica» del fenómeno, que era el reflejo de la perplejidad y el miedo de los sectores dominantes ante el enconamiento de la «cuestión social» y la proliferación de «clases peligrosas» en el confuso ambiente de fin de siglo. Esta incertidumbre trató de mitigarse mediante la proliferación de unos saberes positivizados que mediante aproximaciones experimentales y estadísticas trataban de objetivar la realidad y constatar la existencia y etiología de una criminalidad específica, con el fin de prescribir la terapia médica, social y penal más adecuada. De este modo, durante las dos primeras décadas del siglo xx, las sucesivas oleadas de violencia anarquista y sindicalista ofrecieron en España material para que los especialistas abordaran un análisis pormenorizado del «cuerpo del delito» con herramientas de cirujano procedentes del positivismo francés o italiano2. La actitud marcadamente punitiva respecto del crimen político conllevaba la ocultación de los trastornos políticos, sociales y económicos que estaban en su origen, como criticaron en su momento Juan Díaz del Moral y Constancio Bernaldo de Quirós, cuyos estudios de las agitaciones campesinas del «trienio bolchevique» andaluz pueden interpretarse como los primeros ejemplos involuntarios de historia social de los conflictos sociopolíticos contemporáneos3.

4La agitación política de los años veinte a cuarenta no permitió avanzar de forma sustancial en esa línea de trabajo, ya que el omnipresente debate sobre la violencia se vio contaminado por la proliferación de una abundante literatura cronística y memorial, de carácter acusatorio o exculpatorio. Dejando al margen los estudios clásicos sobre los movimientos insurgentes, las guerras y las revoluciones, los conflictos internos que proliferaron en el continente americano entre el triunfo del castrismo y la conmoción de 1968 fueron un acicate para que los científicos sociales, y, en primer lugar, los sociólogos críticos con el paradigma funcionalista dominante comenzaran a tomar en consideración la evolución temporal de estos sucesos, y los abordaron de forma franca y decidida desde la nueva conceptualización de la violencia política.

  • 4 Romero Maura,1975 y Brey y Maurice1976.

5En España, el análisis de la conflictividad política abandonó los vetustos análisis psicológicos de la personalidad criminal de la escuela lombrosiana, la psicología de masas de Gustave Le Bon o Gabriel Tarde y la mitología soreliana de la violencia para pasar al estudio de los movimientos de protesta como una forma de comportamiento normalizado. A lo largo de los años sesenta, los elementos esenciales de la teoría funcionalista del comportamiento colectivo fueron depurados para dar cabida a factores exógenos a los propios mecanismos psicológicos, a los que se añadió el análisis del funcionamiento de los grupos coordinados y de los mecanismos de control social. Este es el paradigma implícito en La Rosa de Fuego de Joaquín Romero Maura donde, siguiendo la tradición de la historiografía liberal británica, aborda un análisis político y cultural de los escenarios del conflicto urbano barcelonés sin caer en la tentación de los burdos análisis de clase que entonces dominaban en parte de la historiografía marxiana. No era, naturalmente, el caso de la obra de Gérard Brey y Jacques Maurice sobre la masacre de Casas Viejas, cuyo enfoque histórico global, atento tanto a las peculiaridades estructurales del campo andaluz y a la evolución a tiempo largo del movimiento obrero internacionalista como a la coyuntura concreta del invierno de 1933 y la memoria de la tragedia, recuperaba la tradición de los estudiosos del campesinado andaluz en el período de entreguerras y se dirigía contra el fatalismo y el milenarismo como factores explicativos del insurreccionalismo anarquista. Estos dos estudios modélicos en los ámbitos urbano y rural y bajo las perspectivas teóricas neofuncionalista y marxista tuvieron fuerte repercusión en los estudios ulteriores sobre la violencia4.

La protesta colectiva: del repertorio tradicional al moderno

6Desde fines de los años setenta, sin que se abandonara la teoría funcionalista del conflicto, se fue operando un cambio de paradigma con la incorporación de la racionalidad económica olsoniana en el estudio de los movimientos sociales. La renovación se proyectó a través de las teorías de la acción colectiva, que comenzaron a penetrar en la sociología y en la ciencia política españolas a lo largo de los años setenta, y en la historiografía a mediados de los ochenta.

  • 5 La propuesta seminal en Aróstegui, 1984. Sus aportaciones teóricas básicas: Aróstegui, 1994 a y 199 (...)
  • 6 Rudé, 1989 (1.ª ed. Nueva York, 1964) y 1981 (1.ª ed. Nueva York, 1980); Hobsbawm, 1983 (1.ª ed. Ma (...)
  • 7 Lefebvre, 1986 (1.ª ed. París, 1932) y Soboul, 1987 (1.ª ed. París, 1958). La incorporación de esto (...)
  • 8 Sus grandes obras de contenido histórico: Tilly, 1986, 1992 (1.ª ed. Londres, 1990) y 1995, así com (...)

7A Julio Aróstegui se debe la inserción explícita de la problemática violenta como elemento central del desarrollo histórico español contemporáneo, comenzando por su plasmación programática, estratégica y organizativa en la crisis del régimen liberal. Sus aportaciones han resultado fundamentales a la hora de delimitar el objeto de estudio y abordar su análisis histórico con herramientas prestadas de otras ciencias sociales5. La violencia comenzóa integrarse en el temario de una historia social renovada, atenta a los fenómenos de lucha colectiva, a las actitudes de protesta y a los intentos colectivos de cambio social. El tránsito en el estudio desde la lucha de clases hasta la protesta popular se realizó gracias a la influencia de la historiografía marxista británica (consciente del peso de las tradiciones a la hora de explicar el desarrollo de la conciencia de clase y las movilizaciones de protesta de la plebe preindustrial6), de la historia social francesa sobre los movimientos populares rurales y urbanos durante la Gran Revolución7 y a la de la sociología de la acción colectiva renovada tras la obra de Mancur Olson. La gran influencia que ha ejercido Charles Tilly radicó precisamente en su conciliación heterodoxa de la teoría marxista de la revolución con el utilitarismo y el pensamiento de Max Weber sobre el papel del Estado, aunando elementos de ciencia política, sociología e historia en una interpretación comprensible de la protesta como forma no institucionalizada, pero normal, de participación en la política. Los análisis de Tilly sobre la interacción entre los actos de protesta y la coacción estatal desde perspectivas vinculadas a la sociología histórica han influido de forma decisiva en los modos en que los especialistas interesados en la dinámica social han abordado los problemas de la conflictividad y de la violencia colectivas en los últimos treinta años8. De todo ello se extraen tres paradigmas para el estudio de la protesta popular: en primer lugar, la teoría basada en la «estructura de oportunidades políticas» como producto de la interacción de los movimientos con su entorno, que trata de ver en qué coyuntura y bajo qué condiciones un movimiento puede sacar el máximo partido de una acción de protesta. En segundo lugar, la teoría de la «movilización de recursos», que hace hincapié en las capacidades internas de los movimientos, los cuales toman en consideración los posibles costes y beneficios de su acción sin que la población agraviada necesite asumir una identidad común para otorgar su apoyo a una acción de protesta. Por último, la escuela europea de las «identidades y significados compartidos» cree que los movimientos sociales surgen como una respuesta eminentemente cultural a grandes cambios sociales e históricos. A esta corriente se ha añadido otro modo de análisis de la construcción moral de los movimientos sociales: los «procesos de enmarcamiento» que consisten en los procesos colectivos de interpretación, atribución de significado y construcción social de la realidad, y que median entre la identidad, la oportunidad, la organización y su resultado, que es la acción en común.

  • 9 Álvarez Junco y Pérez Ledesma, 1982.
  • 10 Sin pretensiones de exhaustividad, véanse Gil Andrés, 1995 y 2000; Barragán Moriana, 1990; Baumeist (...)
  • 11 Scott, 1985 y 1990. El «efecto Scott» en Casanova, 2000, p. 299. Su aplicación en Cruz Artacho, 199 (...)
  • 12 Estudios generales en La Parra López y Suárez Cortina (eds.), 1998 y «El anticlericalismo», dossier (...)
  • 13 Cruz, 1999; Míguez Macho, 2007 y Marshall, 1988.

8Aunque ya desde los años ochenta se reclamaba una ruptura que sustituyese la tradicional historia del movimiento obrero por la de todos los movimientos sociales9, estas propuestas se fueron incorporando a la historia social española a lo largo de la década de los noventa a través de trabajos interdisciplinares que recuperaban la tradicional «historia desde abajo» del marxismo británico, pero incorporando nuevos instrumentos de análisis10. El nuevo enfoque resultó especialmente provechoso para poder constatar los efectos políticos de la modernización operada en España desde fines del siglo xix. Casi todos los trabajos que se adscriben al nuevo paradigma, en su mayor parte de ámbito local, muestran interés por la sociedad campesina en transición hacia la modernidad, y centran su atención en las más variadas acciones colectivas de confrontación, desde las más formalizadas a las manifestaciones más discretas de trasgresión del orden, y tratan de integrar el estudio de la protesta popular en el contexto general de crisis de las sociedades europeas durante el primer tercio del siglo xx. Muchos de estos trabajos arrancan de la coyuntura finisecular y mantienen una estructura tripartita inspirada en las tres perspectivas de la acción colectiva que acabamos de esbozar: en primer lugar, un estudio de las bases socioeconómicas y políticas de la protesta, con especial atención a la descripción física del escenario y a la incidencia de las relaciones de poder formal e informal. En segundo término, una indagación de las causas y manifestaciones de la movilización de las clases subordinadas, que incluye una descripción de las acciones colectivas debidamente clasificadas: conflictos contra el poder social y simbólico de la iglesia (violencias anticlericales), contra la captación de recursos económicos y humanos por parte del Estado (motines de consumos y quintas), en el contexto de la articulación del mercado nacional (motines de subsistencias), así como huelgas o manifestaciones. Tampoco faltan alusiones a las formas de resistencia cotidiana individual y silenciosa, descritas por James C. Scott como «disturbios continuos, luchas cotidianas sordas, sin tregua, guerra de argucias y de desgaste, pertinaz y tenaz»11. Por último, un análisis de las identidades alternativas (el pueblo, la clase, el género) y de las ideas (en torno a culturas o significados de lo popular, cercano a la «economía moral de la multitud» de Edward P. Thompson), con atención a la percepción de la penalidad y a la imagen del enemigo, especialmente perceptible en los estudios sobre el anticlericalismo12. En una línea convergente con los procesos de enmarcamiento, otros trabajos estudian los movimientos sociales como construcciones identitarias forjadas en la lucha por la igualdad y la extensión de los derechos de ciudadanía, en sintonía con la tesis de Thomas H. Marshall de que la reclamación de derechos y la asunción de deberes son la argamasa que une los aspectos sociales, económicos, culturales y políticos de este proceso complejo de cambio histórico que llamamos modernidad13.

  • 14 Sobre los motines, véanse Arriero, 1984; Cruz, 1998; Serrano, 2000; Gil Novales, 1986; González Cal (...)
  • 15 Casanova, 1992, pp. 610-612 y Sánchez Pérez, 1994, pp. 48-51.

9Una parte importante de los trabajos de Tilly se ha dirigido a detectar el tránsito del moderno al nuevo repertorio de acción colectiva, simbolizado en el paso del motín a la huelga como forma predominante de protesta14. La fecha varía de país en país y de grupo en grupo, e incluso varios autores destacan la artificiosidad de la separación entre lo tradicional y lo moderno en la conceptualización del cambio social, y señalan la coexistencia de estos repertorios en un proceso dilatado en el tiempoa lo largo del siglo15. Todos estos ensayos han permitido una rehabilitación de la protesta popular como el modo característico de hacer política en los sectores más ajenos al poder, y con esa normalización en el estudio de estos movimientos y repertorios contribuye a poner fin a la obsesión de contemplar la historia contemporánea española como el paradigma de una excepción, una anomalía o un fracaso en función de un pretendido atraso en la incorporación de «nuevos» repertorios de la protesta. En todo caso, buena parte de estos estudios no diferencian entre las acciones disruptivas y la violencia, confundiendo las estrategias del conflicto con una de sus posibles consecuencias. Veamos ahora el tratamiento historiográfico de algunas acciones violentas relevantes, que durante el primer tercio del siglo xx fueron específicamente dirigidas a la destrucción, conquista o preservación del poder estatal.

Las estrategias violentas del Estado y de los grupos opositores en el primer tercio del siglo

  • 16 Fiestas Loza, 1977; Ballbé, 1983 y Cruz Villalón, 1984.
  • 17 Payne, 1986 (1.ª ed. Stanford, 1967); Boyd, 1990 (1.ª ed. Chapel Hill, 1979); Seco Serrano, 1984; L (...)

10Los historiadores han dirigido su atención preferente a cinco procesos violentos desarrollados en España a lo largo el siglo xx: el obrerismo revolucionario (sobre todo el anarquismo y el sindicalismo), la movilización y la confrontación armadas durante la República, la represión durante la guerra y la posguerra, la guerrilla antifranquista de los años cuarenta y el proceso aún vigente del terrorismo étnico-nacionalista vasco. Por el contrario, las investigaciones específicas sobre la política de orden público y el desarrollo de los instrumentos de coerción estatal siguen siendo escasas, y adolecen en su mayor parte de una metodología sociohistórica adecuada. Hasta épocas relativamente recientes, la cuestión fue terreno exclusivo de militares y policías, juramentados en una defensa corporativa de sus instituciones y, en no pocos casos, en una persecución paranoica de los presuntos «enemigos de España», lo que supuso un paso atrás incluso respecto de los estudios criminológicos de inicios del siglo. A inicios de los años ochenta, al hilo de la recuperada independencia de poderes, fueron apareciendo estudios más serios sobre la política de orden público en España, especialmente desde el punto de vista histórico-jurídico, en el que sigue descollando la obra de Manuel Ballbé16, que nos pone en contacto con otro fenómeno característico de la España contemporánea: el papel del Ejército planteado desde una perspectiva eminentemente histórica (las herencias del pretorianismo español del siglo xix) por Stanley G. Payne, Carolyn P. Boyd y Carlos Seco; desde la vertiente politológica (el militarismo como política de Estado) de Joaquim Lleixà, y desde el sesgo de la sociología (la construcción del Estado como instrumento de coerción) por Rafael Cruz17. Tras los estudios internos de la organización policial y las aproximaciones políticas del orden público como instrumento de control del Estado, la renovación en este campo podría gravitar en torno al análisis sociocultural de la Policía como un actor relevante de la estructura de oportunidades en los procesos de movilización y de confrontación política, lo que obligaría a analizar a tiempo largo la protesta colectiva en España sobre la base de las mutaciones en las técnicas del control social, situando al Estado y a sus agentes en el primer plano del análisis a través del estudio de su subcultura corporativa y de su «saber de oficio».

  • 18 Romero Maura, 1968 (actualizado por Dalmau, 2007); Álvarez Junco, 1976; Lida, 1972; Esenwein,1989; (...)
  • 19 Bar, 1981, pp. 55-99; Cuadrat, 1976, pp. 51-129 y «La huelga general», dossier de la revista Ayer e (...)
  • 20 León-Ignacio, 1981. Las cuantificaciones en Balcells, 1987 y 2001, pp. 11-118 y Pradas Baena, 2003. (...)
  • 21 Rey Reguillo, 1992, pp. 451-682; Bengoechea, 1994 y Winston, 1989 (1.ª ed. Princeton, 1985). La exp (...)
  • 22 Connelly Ullman, 1972. Una crítica en Álvarez Junco, 1984. Sobre la crisis de 1917, véanse Lacomba, (...)
  • 23 Aróstegui, 1986; Ucelay da Cal, 1979 y González Calleja, 1994, así como Ucelay da Cal y Tavera, 199 (...)

11Respecto de los grupos opositores, la historiografía se ha detenido especialmente en el anarquismo y el sindicalismo revolucionario como los grupos contestatarios que emplearon las prácticas políticas violentas de forma más persistente. Al trabajo inicial de Joaquín Romero Maura sobre el impacto político del terrorismo anarquista barcelonés en la delicada balanza del poder local, gubernativo y nacional siguió el minucioso estudio de José Álvarez Junco sobre la cultura política del movimiento anarquista peninsular hasta la creación de la CNT, completado por autores como Clara Lida, George R. Esenwein, y, de manera más centrada en la doctrina terrorista, por Rafael Núñez Florencio que elaboró la primera monografía específica sobre un tema que, a la luz de los recientes trabajos sobre la perspectiva internacional del problema, dista mucho de estar agotado18. El estudio del sindicalismo revolucionario español ha seguido una trayectoria muy similar, desde la teoría a las prácticas y su inserción ulterior en el escenario de transformaciones del movimiento obrero occidental a inicios del siglo xx19. Entre el importante caudal de publicaciones que ha producido el fenómeno del pistolerismo barcelonés del lustro previo a la Dictadura de Primo de Rivera, se pasó de la pormenorizada crónica cuasi-periodística a los esfuerzos más o menos logrados de cuantificación e interpretación que aparecen como herederos directos de los análisis de la época, caracterizados por un cientifismo positivista muy de moda en la criminología española20. La renovación de los estudios sobre las organizaciones empresariales y sindicales puso en solfa algunos tópicos sobre los límites de la implicación patronal, sindical, gubernativa y gubernamental en el fenómeno pistoleril. Desde entonces se prestó mayor atención a los enfoques estructurales, antropológicos e institucionales, en concreto a la relación entre la violencia política, la delincuencia organizada y los cambios estructurales (urbanización e industrialización aceleradas), al tiempo que se abordaba la cultura política de los distintos actores, imbricada con las luchas sociales, a fin de entender sus derivaciones violentas, gangsteriles o terroristas21. Por último, las grandes coyunturas de crisis donde se percibió la mutación en los repertorios de acción colectiva, violenta o no (1909, 1917, 1923, 1930-1931), han sido objeto de una atención desigual22, aunque existen varios trabajos sobre la crisis del régimen liberal contemplada desde el sesgo del insurreccionalismo23.

Continuidades y rupturas durante la Segunda República

  • 24 Cierva, 1967.
  • 25 Salas Larrazábal, 1977 y 1980.

12El análisis de la violencia política desplegada durante la Segunda República y la Guerra Civil se ha visto lastrado por un inevitable tono polémico. Durante los años de la posguerra y hasta inicios de los años sesenta prevaleció la estrategia de culpabilización de la República centrada en la denuncia de la violencia política, identificada con la anarquía y el revolucionarismo pretendidamente inherentes al régimen, argumento que constituyó una de las bases de la justificación ideológica del Alzamiento. Proliferó en esos años una literatura de denuncia, necrológica y martirial, que obstaculizó la valoración aséptica del problema hasta que los trabajos abordados por hispanistas (Gabriel Jackson, Hugh Thomas, Pierre Broué y Émile Témime, sin olvidar al exiliado Manuel Tuñón) desde fines de los años cincuenta, pero también la progresiva actitud crítica de la generación que no había estado en las trincheras, obligaron al régimen a reelaborar el discurso de la guerra como conflicto fratricida, despolitizándolo y disolviendo sus responsabilidades en el lema «todos fuimos culpables». A esta pretendida voluntad de «normalización» respondieron los trabajos de Ricardo de la Cierva, que aportó una nueva carga de erudición pretendidamente aséptica a los viejos argumentos que interpretaban la revolución de 1934 como el «ensayo general con todo» de la Guerra Civil, y la «primavera trágica» como el preludio necesario de la misma24. Su obra mantenía un primado de los acontecimientos políticos que relegaba la explicación de la violencia a un plano secundario, ya que se abogaba por un reparto falsamente ético de la culpa en el desencadenamiento de la crisis. Durante los años setenta, la narrativa equiparadora continuó siendo operativa en las obras del general Salas Larrazábal, que aportaron un mayor equilibrio en el cómputo estadístico de víctimas, pero que seguían destacando las diferencias cualitativas entre una represión ordenada y sometida a procedimientos como la franquista y otra caótica y generalizada: la republicana25.

  • 26 Linz, 1978.

13En los años de la Transición se impuso la versión, no causal sino dialéctica, según la cual la revolución y la contrarrevolución alimentaron el proceso de polarización que desembocó en la guerra. Esta tesis tuvo su origen en el análisis estructural de Juan J. Linz sobre la crisis de las democracias como un proceso irreversible de polarización, de modo que hasta los años ochenta prevalecieron entre el sector más conservador del hispanismo explicaciones del «fracaso» de la República focalizadas en la incidencia y dimensión de la violencia estrictamente política entre derecha e izquierda (tesis defendida desde Gil Robles a Payne), o en la desafección parlamentaria de un amplio elenco de grupos políticos y sindicales comprometidos con proyectos revolucionarios o contrarrevolucionario, según la perspectiva de Linz26. Pero estas actitudes ante la violencia no explicaban todas las líneas de fractura que sólo comenzaron a resumirse en un antagonismo nacional a partir de 1934 y seguían presentando la confrontación armada, centrada sobre todo en la fase del Frente Popular, como un fenómeno eminentemente partidista y urbano, desvinculado de los grandes conflictos socioeconómicos del período. La hipótesis de la polarización política era una construcción a posteriori que fijaba de antemano los bandos contendientes de la guerra y que permitía avalar esa visión equitativa e igualadora del «todos fuimos culpables». Además, estos planteamientos evidenciaban un carácter teleológico, ya que explicaban los problemas de la República en función del desenlace pretendidamente inevitable de la Guerra Civil.

  • 27 Véanse Malefakis, 1982 (1.ª ed. New Haven, 1970) y Tuñón de Lara, 1978, además de Carmona Obrero, 2 (...)

14Como tendencia general, los análisis sobre la violencia política en la República han ido evolucionando desde lo infraestructural hasta lo superestructural, desde la acción colectiva hasta el cálculo individual, desde las explicaciones coyunturales y de medio plazo hasta los acontecimientos y los procesos dilatados, desde las estructuras organizativas hasta la estructura de oportunidades, y desde las ideologías hasta las identidades colectivas, dando lugar a polémicas que, aún hoy, están lejos de dilucidarse. Una línea interpretativa anclada en la tradición de la historia social presenta la violencia, no como una causa, sino como una manifestación del conflicto suscitado ante la pervivencia de una serie de problemas estructurales, fruto de una modernización incompleta o deficientemente culminada, y que, arrastrados durante décadas, el régimen republicano intentó solucionar durante el período de decadencia del capitalismo liberal clásico. El énfasis puesto en los años setenta por autores como Edward Malefakis y Manuel Tuñón sobre los factores estructurales (especialmente la desigual distribución de la propiedad) para explicar la conflictividad y la violencia de la Segunda República alumbró importantes estudios que han profundizado en la problemática del conflicto agrario27.

  • 28 Cibrián, 1978, p. 87.

15Junto con la tradición marxiana, el funcionalismo estructuralista fue la otra tendencia de análisis social dominante en los estudios sobre la República a fines de los años setenta e inicios de los ochenta. Las consideraciones teóricas de Linz sobre los mecanismos de legitimación de las democracias, las diversas estrategias de las organizaciones políticas y sociales respecto al poder constituido y las previsibles salidas al deterioro y crisis de este tipo de regímenes siguen siendo hoy referencia obligada para los estudiosos de la ciencia política. En la estela de la historia cuantitativa que entonces hacía furor en Norteamérica, tanto Linz como su discípulo Ramiro Cibrián abordaron los primeros intentos serios de cuantificación de la violencia política en la época republicana. Sin embargo, el dudoso crédito de las fuentes utilizadas y los indicadores empleados, integrados en técnicas estadísticas de regresión multilineal, no arrojaron un resultado clarificador28.

  • 29 Aróstegui, 1981, 1991 y 1994 b.
  • 30 Véanse Aróstegui, 1986 y Casanova, 1997, además de los trabajos citados en nota 23.
  • 31 Algunos estudios de acontecimientos violentos relevantes: Requena Gallego, 1983; Gil Andrés, 2002; (...)

16Con ser relevantes, los análisis sociales o políticos de carácter estructural y sus derivaciones cuantitativas no explican por sí mismos el por qué de la intensidad de la agitación violenta en determinadas coyunturas de crisis como las que vivió España entre 1931 y 1936. Era preciso incorporar factores dinámicos, vinculados a los instrumentos de movilización, las estrategias de acción colectiva y la estructura de oportunidades, sobre todo del Estado en su política de reforma o represión, ya que sin organizaciones y sin discursos políticos que dieran contenido a las demandas y diseñaran estrategias de actuación, el conflicto violento no se hubiera producido. En la década de los ochenta, y bajo la influencia de la historiografía alemana sobre Weimar, se hizo hincapié en el fenómeno de la paramilitarización en estrecho contacto con los modelos de organización de masas y el activismo militante (sobre todo el de la juventud) en partidos y sindicatos29, así como en el insurreccionalismo como estrategia violenta de larga duración30. Este énfasis en grupos de conflicto perfectamente estructurados y en estrategias subversivas de alcance nacional como actores y objetivos decisivos de la violencia política quizás resultó exagerado cuando, en realidad, prevalecieron los conflictos por el poder local y los enfrentamientos espontáneos que no respondieron a causas políticas perfectamente definidas. Desde el punto de vista temporal, el análisis de la violencia ha podido ser abordado desde la atalaya del acontecimiento revelador de profundos condicionamientos sociales, económicos o culturales, o desde una perspectiva a tiempo largo que sigue la evolución de los ciclos de protesta y de los repertorios de acción colectiva31.

  • 32 El paradigma culturalista en el estudio de la movilización política se incorporó al debate historio (...)
  • 33 Cruz, 2006.

17Por último, a partir de inicios de los años noventa, y en consonancia con el giro culturalista experimentado por el conjunto de los estudios históricos, se ha destacado la importancia de los procesos de construcción social de la realidad (culturas, lenguajes, identidades, símbolos e imaginarios políticos) en el origen de la violencia. De este modo, el insurreccionalismo anarcosindicalista, el paramilitarismo de Estat Català, el guerracivilismo y el militarismo del movimiento carlista o los diversos móviles del anticlericalismo han sido interpretados como hechos de cultura32. Rafael Cruz ha tratado de explicar los conflictos de 1936 en paralelo con el proceso de interpretación social de los mismos, especialmente el afrontamiento de concepciones divergentes de la ciudadanía y las estrategias de construcción del adversario, sobre todo tras la revolución de Asturias. Todo ello deriva en la construcción social de la guerra como un proceso militar, político y cultural de carácter improvisado y de resultado incierto, atravesado por la constante interferencia de la acción del Estado, de la ciudadanía y de las políticas identitarias y de movilización33.

La modulación de la represión y de la resistencia armada durante la Guerra Civil y el franquismo

18Es ya un tópico decir que durante la Guerra Civil la violencia política adquirió una nueva dimensión. El gran elemento diferencial con la situación anterior fue el desarrollo de una situación política y social de represión como instrumento de guerra, pero también como elemento esencial de control político y social. Aunque el ambiguo concepto de «represión» integra múltiples estrategias violentas, los estudios sobre esta cuestión se han caracterizado por un peculiar dualismo epistemológico ya que si la violencia represiva franquista aparece como íntimamente ligada al uso y abuso del poder político, la republicana ha acostumbrado a representarse como fundamentalmente apolítica, abocada a la destrucción del poder, en una visión casi romántica de kermesse o de potlacht autodestructivo protagonizado por oscuros «incontrolados». Ahora se trata de determinar las lógicas y los modelos internos de actuación y de identificar a las víctimas, pero también a los verdugos, a los colaboradores y a los encubridores en el seno de la población.

19En los últimos treinta años, el estudio de la violencia política desplegada durante la guerra y la posguerra ha estado marcado por un ingente caudal de obras y ensayos sobre el fenómeno particular de la represión física, cuyo proceso y cuyas modalidades son unos de los fenómenos históricos mejor conocidos del franquismo, hasta el punto de que los estudios sobre los primeros años de la dictadura muestran un desequilibrio muy acusado hacia las problemáticas vinculadas a la represión. Inmersos en un acusado historicismo, los estudiosos pioneros de la represión fueron elaborando empíricamente los instrumentos de análisis y las conclusiones generales que han quedado sólidamente fijados y depurados en cada salto cualitativo que ha dado la investigación histórica sobre la materia.

  • 34 Reig Tapia, 1984 y 1990, pp. 14-19 y Moreno Gómez, 1985.
  • 35 Solé i Sabaté y Vilarroya, 1989.
  • 36 Richards, 1999 (1.ª ed. Nueva York, 1998) y Mir, 2000.

20Hasta los años noventa, el debate historiográfico ha girado en torno a dos cuestiones esenciales, de indudable calado polémico y no menos evidentes connotaciones de orden moral: la naturaleza diferencial de la represión y su balance cuantitativo en las dos zonas en conflicto. Los estudios sobre la represión se pusieron en marcha en los años setenta, en coincidencia con las primeras reflexiones globales sobre la dictadura. Surgieron así los primeros trabajos sobre la persecución de la disidencia política en la zona franquista, teñidos de un fuerte contenido reivindicativo, pero que tuvieron el mérito de rescatar la memoria olvidada de los vencidos y de enmendar la plana con datos concretos a los especialistas que habían tratado de imponer el canon oficial de evaluación del problema durante el tardofranquismo. A raíz del triunfo socialista y del control por la izquierda de gran parte de los gobiernos autónomos, diputaciones y ayuntamientos, se publicó el grueso de las obras sobre el tema, centradas aún en la cuantificación de las víctimas. Como respuesta a la propuesta equiparadora de Ramón Salas Larrazábal se planteó ese modelo represivo dual que ha alcanzado larga fortuna entre los estudiosos, gracias a los meritorios trabajos de pioneros como Francisco Moreno Gómez y Alberto Reig Tapia: violencia ofensiva, premeditada, metódica y prolongada en la posguerra en el caso del franquismo, y violencia defensiva, espontánea, caótica y coyuntural en la zona republicana34, lo que parecía dejar a los diversos fenómenos coactivos producidos en la zona gubernamental en el limbo de la anomia y al margen de cualquier interpretación general sobre la violencia política. Pero por esta misma época, el simple recuento de víctimas fue dejando paso a análisis más complejos: en obras como la que Josep M. Solé i Sabaté y Joan Vilarroya dedicaron a Cataluña, la represión ya no se insertaba en una presunta y difícilmente demostrable pugna dialéctica con la violencia franquista, sino en dinámicas propias de la lucha por el poder y el control de social y político de la retaguardia, aunque sin referirse apenas al período republicano anterior35. Además, se comenzó a estudiar la represión no sólo como un mero hecho de desaparición física, sino como todo un entramado global de control social que cubría aspectos cultural-educativos, jurídico-carcelarios, económico-incautatorios, sociolaborales o psicológicos, estos últimos centrados en la multiplicidad de la violencia inserta en la vida cotidiana —las «microrrepresiones»—, caracterizada por la autarquía como factor de coacción y desmovilización, que coadyuvó al consenso social ya ampliamente estudiado para los casos del fascismo italiano o el nazismo alemán36.

  • 37 Núñez Seixas, 2006.
  • 38 Ledesma, 2003, pp. 310-312.

21En los últimos años, sin abandonar del todo el tradicional recuento estadístico de víctimas y acciones, se está abordando un análisis dinámico de la violencia política vinculada a los cambios en el sistema de poder del bando republicano, desde el terror caliente del «verano de llamas» hasta la paulatina recuperación del orden público por parte del Estado y las diferentes manifestaciones de la coacción, referidas a problemáticas más amplias y complejas, como la represión agudizada por el enconamiento de la lucha interpartidaria en torno al problema capital del esfuerzo bélico, a la intervención extranjera o a la pugna por diversos modelos de nación, pueblo o ciudadanía que enriquecen el conocimiento de la violencia en la guerra37. José Luis Ledesma ha mostrado que la represión republicana no fue una violencia «inundatoria», homogénea y orquestada desde arriba por el poder (o poderes) revolucionario(s), sino una violencia «en revolución», esto es dinámica y cambiante en sus múltiples manifestaciones (selectiva o indiscriminada) y marcos geográficos (estatal y local), que surgió del colapso del Estado republicano y del subsiguiente fraccionamiento del poder político. Según este autor, la violencia fue aplicada bajo criterios de racionalidad instrumental, ya que era a menudo selectiva y buscaba «limpiar la sociedad» de aquellos grupos que se consideraban agentes reales o potenciales de la contrarrevolución38.

  • 39 Tomamos esta periodización de Aróstegui, 1990.
  • 40 Lanero Táboas, 1996; Álvaro Dueñas, 2006 y Gil Vico, 2004.
  • 41 Ello se percibe de forma evidente en las obras de Díaz Carmona, 1969; Cossias, 1956 y Aguado Sánche (...)
  • 42 La versión de los guerrilleros comunistas puede verse en Sorel, 1970 y en Álvarez, Hinojosa Durán y (...)
  • 43 Serrano, 2001 y Moreno Gómez, 2001.
  • 44 Un estudio innovador, que integra el fenómeno guerrillero en un contexto más amplio de conflicto ag (...)

22La historia de la represión política en la dictadura franquista puede ser, a su vez, articulada en tres momentos con sus propias peculiaridades39. En una primera etapa, que transcurre aproximadamente entre 1939 y 1950, Franco se ocupó de liquidar las consecuencias directas de la Guerra Civil, aplicando jurisdicciones especiales y extraordinarias de tipo militar que han sido bien estudiadas en sus rasgos generales40. En esta época, la oposición utilizó la guerrilla como único elemento de «lucha armada», bajo el influjo de las exitosas campañas de combate irregular contra los nazis en Rusia, Yugoslavia, Italia o Francia. Al igual que para la violencia política de inicios de siglo, los intentos de estudio global del fenómeno que se abordaron desde las instituciones del Estado en los años cuarenta y cincuenta se vieron lastrados por la irresistible tendencia al tratamiento del problema como una mera cuestión de delincuencia común41. La instauración del nuevo régimen democrático posibilitó la divulgación de testimonios de viejos guerrilleros y los primeros trabajos críticos42. El estudio académico de la resistencia armada a campo abierto ha dado lugar a una ingente cantidad de monografías regionales y locales, y a los primeros análisis globales sobre la cuestión43. Los últimos trabajos se alejan del tratamiento narrativo del problema y tratan de vincularlo con las formas y tipologías de acción colectiva anteriores a la guerra, especialmente las resistencias campesinas y el bandolerismo social44.

  • 45 Águila, 2001 y Cazorla Sánchez, 2000.
  • 46 Ysàs, 2004.

23El calado de los fenómenos coetáneos de la represión de posguerra y del maquis han relegado a un segundo plano al resto de las etapas de la represión franquista, sobre todo el período intermedio, cuando desde 1950 se inició un proceso de «normalización» del aparato represor, que trajo consigo la renovación de los textos jurídicos y la reforma del aparato policial, jurisdiccional y penal45. Los estudios sobre la política de orden público y los nuevos modos de disidencia violenta en el tardofranquismo son aún más escasos y quedan ocultos por la reaparición del terrorismo, que alcanzó su momento culminante en el proceso de transición a la democracia46.

No todo es terrorismo: violencia en transición

24El período de la transición política, acotado convencionalmente entre 1975 y 1982, presenta una fenomenología de la violencia política de sumo interés, variabilidad e incidencia, como en todos los períodos de crisis política y de transición social, que ya ha sido objeto de atención bibliográfica. La violencia política adoptó un carácter peculiar: se trató de acciones de profunda intencionalidad política, orientadas a perturbar el proceso de establecimiento del régimen democrático, y su impulso procede de muy diversos sectores del espectro político, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, si bien a partir de 1982 el protagonismo y las perspectivas de la práctica terrorista se limitan al terrorismo ligado a organizaciones nacionalistas radicales y, de hecho, sólo tienen realmente importancia en lo referido a ETA.

  • 47 Sarrailh de Ihartza, 1962; Garmendia, 1979; Ibarra Güell, 1987; Jáuregui Bereciartu, 1981; Domíngue (...)
  • 48 Sobre la vía armada del independentismo catalán: Bassa, 1997; Vera, 1985; Fernández i Calvet, 1986 (...)

25En el caso de la violencia política en la transición, la conformación del objeto de estudio ha estado pautada por las mismas características que en etapas anteriores: al principio, una preocupación de orden jurídico y sociológico, a continuación un discurso histórico preliminar restringido a un fenómeno concreto, y luego una voluntad de valoración cuantitativa como paso previo a la caracterización plena y compleja del problema. Como fenómeno violento central, el terrorismo ha generado una ingente cantidad de publicaciones, en gran parte oportunistas y carentes de seriedad. El terrorismo en el País Vasco ha sido, sin discusión, el fenómeno violento que más interés ha despertado en todos los ámbitos de las ciencias sociales: historia, sociología, política, psicología, antropología, jurisprudencia, etc. En la estela del ensayo pionero del filólogo Federico Krutwig, que abrió el camino teórico de la lucha armada, varios autores han evaluado e investigado las diferentes estrategias violentas elaboradas por ETA a lo largo de su historia47. El terrorismo vasco ha eclipsado la acción armada de otros movimientos independentistas y de los grupos de la extrema izquierda, cuya relación con las culturas políticas insurreccionales de los años treinta y cuarenta, su continuidad con las anteriores fases de la resistencia antifranquista o sus conexiones internacionales aún están por dilucidarse. Lo mismo puede decirse del terrorismo de extrema derecha, neofascista o «vigilante» en sus conexiones con el poder político, las redes exteriores y el golpismo residual castrense48.

  • 49 Baby, inédita. Un análisis general sobre la función de la violencia en los procesos de transición d (...)

26La tesis doctoral de Sophie Baby ha realizado un cuestionamiento radical de la «Inmaculada Transición» como período fundamentalmente pacífico y consensual o como un período sólo caracterizado por el putschismo militar y el terrorismo etarra49. Su gran mérito es tratar de insertar estos hechos violentos, no en sí mismos o en relación exclusiva con el Estado, sino en las grandes movilizaciones de protesta de estos años clasificadas en dos etapas: la violencia tumultuaria, con gran dispersión de actores, de los años 1975-1978, y el período 1978-1982, que muestra un predominio de la violencia terrorista en paralelo con el descenso de la conflictividad sociolaboral.

  • 50 Avilés, 2002 y Reinares y Elorza (eds.) 2004. Sobre la presencia y efectos del «yihadismo» en Españ (...)

27Por último, la oleada foránea de terrorismo fundamentalista islámico, que arrancó de la revolución iraní de febrero de 1979 y de la retirada soviética de Afganistán en febrero de 1989, no fue objeto de atención por las ciencias sociales hasta que los atentados de Madrid el 11 de marzo de 2004 abrieron las compuertas a un avasallador caudal de publicaciones, lastradas en su mayor parte (como en el caso del terrorismo de ETA) por el oportunismo periodístico y/o político. Con todo, se han abierto camino los primeros análisis sociológicos y politológicos caracterizados por el rigor académico, aunque los historiadores apenas están terciando en la polémica, salvo honrosas excepciones50.

Balance y perspectivas

  • 51 Juliá (dir.), 2000; Muñoz Soro, Ledesma y Rodrigo (coords.), 2005 y «Violencia y política en España (...)

28En el último cuarto del siglo pasado, el estudio de la violencia política como fenómeno específico o manifestación vinculada a las movilizaciones de protesta colectiva ha alcanzado en España la madurez suficiente como para que hayan aparecido las primeras obras colectivas que tratan de sintetizar las diferentes facetas de este fenómeno a lo largo de la pasada centuria51. Por encima de polémicas ocasionales originadas en una determinada coyuntura, en este singular campo de estudio se ha forjado un consenso sobre la necesidad de integración teórica de tres elementos vinculados a las teorías de la acción colectiva: las oportunidades políticas, las estructuras de movilización y los procesos sociales de interpretación de la realidad y la asignación de significado de las acciones colectivas, por más que cada autor muestre su particular preferencia por una u otra perspectiva.

  • 52 Dos excelentes miradas «micro» a la represión y sus discursos durante la guerra, con amplia referen (...)

29El reto de analizar la violencia en toda su complejidad invita a los historiadores a abordar en serio su proclamada vocación interdisciplinar. En manifestaciones violentas concretas, como es el caso del terrorismo, el análisis ha sido copado por sociólogos, politólogos o psicólogos sociales, lo que debería conducir a los historiadores a reflexionar sobre la validez de sus instrumentos de análisis (que cuentan con la ventaja, a priori, de la perspectiva temporal a largo plazo) aplicados a una cuestión compleja y candente. En los estudios históricos menos afectados por la urgencia del momento, también queda mucho por hacer. Si bien las teorías macrosociológicas de la acción colectiva han sido incorporadas y aplicadas con acierto en numerosos estudios de escala provincial o regional, se percibe un déficit de formación antropológica que permita extraer más fruto de las aproximaciones microsociológicas desde el ámbito local-comunitario52. El actual predominio de lo cultural y de lo local en el estudio de la violencia no nos debe hacer olvidar que la interdisciplinariedad debe acompañarse de una voluntad comparativa con el entorno internacional, circunstancia que ha rendido frutos en los estudios sobre el terrorismo anarquista, la huelga general revolucionaria o la violencia política en los años treinta, pero que los arrojaría también en los casos de la violencia extremista de los años setenta o de la migración de los conocimientos policiales ante el problema del control social, por poner sólo dos ejemplos.

  • 53 Un estado de la cuestión en González Calleja, 2008. Sobre el caso particular de las violencias sexu (...)

30Otra cuestión a tratar con mayor profundidad es la influencia que las guerras han tenido en la configuración social de la violencia política; tema de enorme importancia en un país con una dilatada y recurrente experiencia guerracivilista que atraviesa toda su historia contemporánea. Dado que la violencia en las guerras civiles aparece más afectada por factores geográficos e identitarios que en otros tipos de guerra, el estudio de su incidencia en los espacios de autoridad local y en las identidades colectivas diferenciales (clase, nación, género, edad, profesión, creencia, ideología, comunidad…) puede ser la próxima frontera temática a atravesar, y, de hecho, ya está arrojando sus primeros resultados en el contexto del paradigma historiográfico de la «cultura de guerra». A diferencia de otros países, en España no existe una práctica, y mucho menos una escuela, que proclame cultivar este campo particular que permanece en curso de definición. Y ello a pesar de los esfuerzos de ciertos autores por aplicar a sus investigaciones alguno de los conceptos ordenadores del campo de los estudios culturales sobre la guerra, como son la experiencia combatiente, la brutalización, la imagen del enemigo o la gestión de la memoria a través de los lugares de recuerdo y las manifestaciones de duelo colectivo53.

31En definitiva, la violencia política es un fenómeno complejo, cuyo estudio requiere una aproximación ecléctica, pero como asunto íntimamente ligado al proceso de conflictividad de una sociedad, debe ser estudiada de forma dinámica, es decir, histórica. Sólo a través del estudio de la interacción de los múltiples factores aquí esbozados, aunque otorgando la natural prioridad a los aspectos políticos, sociales y culturales, podremos dar sentido a un fenómeno que brota desde muy diversos procesos de la actividad humana, y que, aún hoy, no se resigna a quedar constreñido en categorías precisas y coherentes.

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Notes

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación HAR2008-00066/HIST, financiado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación.

2 Véanse, como ejemplo de diversas disciplinas, Cadalso y Manzano, 1896; Fernández-Hontoria y García, 1912; Gil Maestre, 1897; Morote, 1921 y Sastre y Sanna, 1920. Sobre la influencia de la escuela positivista italiana, véase Maristany, 1973.

3 Bernaldo de Quirós, 1973 (1.ª ed. Madrid, 1919) y Díaz del Moral, 1984 (1.ª ed. Madrid, 1929).

4 Romero Maura,1975 y Brey y Maurice1976.

5 La propuesta seminal en Aróstegui, 1984. Sus aportaciones teóricas básicas: Aróstegui, 1994 a y 1996.

6 Rudé, 1989 (1.ª ed. Nueva York, 1964) y 1981 (1.ª ed. Nueva York, 1980); Hobsbawm, 1983 (1.ª ed. Manchester, 1959) y Thompson,1971.

7 Lefebvre, 1986 (1.ª ed. París, 1932) y Soboul, 1987 (1.ª ed. París, 1958). La incorporación de estos paradigmas, en Torras, 1976; Ardit Lucas, 1977 y Fontana, 1980.

8 Sus grandes obras de contenido histórico: Tilly, 1986, 1992 (1.ª ed. Londres, 1990) y 1995, así como Tilly, Tilly y Tilly, 1997 (1.ª ed. Cambridge [Massachusetts], 1975). Su aportación teórica fundamental en Tilly, 1978.

9 Álvarez Junco y Pérez Ledesma, 1982.

10 Sin pretensiones de exhaustividad, véanse Gil Andrés, 1995 y 2000; Barragán Moriana, 1990; Baumeister, 1996; Sánchez Pérez, 2005; Vicente Villanueva, 1993; Cruz Artacho, 1994; Lucea, 2005; Bascuñán, 2008 y Bueno, 2000.

11 Scott, 1985 y 1990. El «efecto Scott» en Casanova, 2000, p. 299. Su aplicación en Cruz Artacho, 1994, pp. 540-574; Frías, 2000; Lucea, 2001 y 2005, pp. 175-249 y Bascuñán, 2005.

12 Estudios generales en La Parra López y Suárez Cortina (eds.), 1998 y «El anticlericalismo», dossier de la revista Ayer editado por Rafael Cruz. Véanse también Castro Alfín, 1997; Salomón, 2002 y Cueva Merino, 1994.

13 Cruz, 1999; Míguez Macho, 2007 y Marshall, 1988.

14 Sobre los motines, véanse Arriero, 1984; Cruz, 1998; Serrano, 2000; Gil Novales, 1986; González Calleja, 1998; Pérez Ledesma, 1990, pp. 165-202; Castro Alfín, 1991; Serrallonga, 1994; Sánchez Pérez, 1994 y Elorza, 1981. Sobre las huelgas: Colodrón, 1971 y Martín Ramos, 1988 y 1989.

15 Casanova, 1992, pp. 610-612 y Sánchez Pérez, 1994, pp. 48-51.

16 Fiestas Loza, 1977; Ballbé, 1983 y Cruz Villalón, 1984.

17 Payne, 1986 (1.ª ed. Stanford, 1967); Boyd, 1990 (1.ª ed. Chapel Hill, 1979); Seco Serrano, 1984; Lleixà, 1986 y Cruz, 1992-1993 y 1995.

18 Romero Maura, 1968 (actualizado por Dalmau, 2007); Álvarez Junco, 1976; Lida, 1972; Esenwein,1989; Núñez Florencio, 1983 y Avilés y Herrerín (eds.), 2008.

19 Bar, 1981, pp. 55-99; Cuadrat, 1976, pp. 51-129 y «La huelga general», dossier de la revista Ayer editado por Francesc Bonamusa.

20 León-Ignacio, 1981. Las cuantificaciones en Balcells, 1987 y 2001, pp. 11-118 y Pradas Baena, 2003. Los estudios coetáneos: Farré Morego, 1922; Saldaña y García Rubio, 1927 y Sastre y Sanna, 1921.

21 Rey Reguillo, 1992, pp. 451-682; Bengoechea, 1994 y Winston, 1989 (1.ª ed. Princeton, 1985). La exploración de nuevas vías de estudio en González Calleja y Rey Reguillo, 1995.

22 Connelly Ullman, 1972. Una crítica en Álvarez Junco, 1984. Sobre la crisis de 1917, véanse Lacomba, 1970 y Romero Salvadó, 2002 (1.ª ed. Londres, 1999). El avance del militarismo y el pronunciamiento de 1923 en Tusell, 1987. Un estudio general que trata estas últimas coyunturas en González Calleja, 1999.

23 Aróstegui, 1986; Ucelay da Cal, 1979 y González Calleja, 1994, así como Ucelay da Cal y Tavera, 1994.

24 Cierva, 1967.

25 Salas Larrazábal, 1977 y 1980.

26 Linz, 1978.

27 Véanse Malefakis, 1982 (1.ª ed. New Haven, 1970) y Tuñón de Lara, 1978, además de Carmona Obrero, 2002; Caro Cancela, 2001; Cobo Romero, 1992 y 1998; García Pérez, 1983; López Martínez, 1995; López Martínez y Gil Bracero, 1997; Gómez Oliver, 1985; Majuelo Gil, 1986; Pascual Ceballos, 1983 y Pérez Yruela, 1979.

28 Cibrián, 1978, p. 87.

29 Aróstegui, 1981, 1991 y 1994 b.

30 Véanse Aróstegui, 1986 y Casanova, 1997, además de los trabajos citados en nota 23.

31 Algunos estudios de acontecimientos violentos relevantes: Requena Gallego, 1983; Gil Andrés, 2002; Souto Kustrín, 2004; Bizcarrondo (ed.), 1977; Ruiz García, 1988; la obra colectiva Octubre 1934, 1985 y el monográfico de Estudios de Historia Social, 31, octubre-diciembre 1984.

32 El paradigma culturalista en el estudio de la movilización política se incorporó al debate historiográfico español a partir del libro de Pérez Ledesma y Cruz (eds.), 1997. Estudios específicos: Ucelay da Cal, 1995; González Calleja, 2005 a y b; Canal, 2000 y Cueva Merino, 1998 y 2000. Análisis de los rituales iconoclastas y las violencias anticlericales mediante aproximaciones antropológicas al margen de la acción y los actores: Lincoln, 1999 y Delgado Ruiz, 1997.

33 Cruz, 2006.

34 Reig Tapia, 1984 y 1990, pp. 14-19 y Moreno Gómez, 1985.

35 Solé i Sabaté y Vilarroya, 1989.

36 Richards, 1999 (1.ª ed. Nueva York, 1998) y Mir, 2000.

37 Núñez Seixas, 2006.

38 Ledesma, 2003, pp. 310-312.

39 Tomamos esta periodización de Aróstegui, 1990.

40 Lanero Táboas, 1996; Álvaro Dueñas, 2006 y Gil Vico, 2004.

41 Ello se percibe de forma evidente en las obras de Díaz Carmona, 1969; Cossias, 1956 y Aguado Sánchez, 1975-1976.

42 La versión de los guerrilleros comunistas puede verse en Sorel, 1970 y en Álvarez, Hinojosa Durán y Sandoval (coords.), 1990. La versión anarquista en DamianoGonzález, 1978 y Pons Prades, 1977. Desde un punto de vista crítico con la línea oficial del PCE: Alba, 1978, pp. 155-182 y 308-317.

43 Serrano, 2001 y Moreno Gómez, 2001.

44 Un estudio innovador, que integra el fenómeno guerrillero en un contexto más amplio de conflicto agrario, es el de Yusta, 2003. Véase también la propuesta de Marco, 2006.

45 Águila, 2001 y Cazorla Sánchez, 2000.

46 Ysàs, 2004.

47 Sarrailh de Ihartza, 1962; Garmendia, 1979; Ibarra Güell, 1987; Jáuregui Bereciartu, 1981; Domínguez Iribarren, 1998 y Sánchez-Cuenca, 2001. Entre las obras generales, merecen destacarse Reinares (ed.), 1984 y Elorza (coord.), 2000.

48 Sobre la vía armada del independentismo catalán: Bassa, 1997; Vera, 1985; Fernández i Calvet, 1986 y Vilaregut, 2004. Las formulaciones violentas de la extrema izquierda en Laiz, 1995; Muñoz Soro, 2005 y 2006; García Martín, 1984; Gómez Parra, 1991; Castro Moral, 1990, 1994 e inédita y Diz, 1977. Sobre la extrema derecha: Sánchez Soler, 1993; Rodríguez Jiménez, 1994 y Casals, 1996 y 1998. Sobre el «vigilantismo»: García, 1988 y Woodworth, 2002 (1.ª ed. Cork, 2001). Sobre el golpismo, virtualmente focalizado en la vasta producción periodística sobre el 23-F de muy desigual valor, véanse Prieto y Barbería, 1991 y Busquets, Aguilar y Puche, 1981.

49 Baby, inédita. Un análisis general sobre la función de la violencia en los procesos de transición democrática, en Baby, Compagnon y González Calleja, en prensa.

50 Avilés, 2002 y Reinares y Elorza (eds.) 2004. Sobre la presencia y efectos del «yihadismo» en España, véase el ensayo académico de Jordán, 2005.

51 Juliá (dir.), 2000; Muñoz Soro, Ledesma y Rodrigo (coords.), 2005 y «Violencia y política en España », número monográfico de Ayer editado por Julio Aróstegui.

52 Dos excelentes miradas «micro» a la represión y sus discursos durante la guerra, con amplia referencia a sus antecedentes culturales en la República: Ugarte, 1998 y Gil Andrés, 2006.

53 Un estado de la cuestión en González Calleja, 2008. Sobre el caso particular de las violencias sexuadas, véase Joly, 2007.

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Pour citer cet article

Référence papier

Eduardo González Calleja, « La violencia política en la España del siglo xx: un balance historiográfico », Mélanges de la Casa de Velázquez, 38-2 | 2008, 213-240.

Référence électronique

Eduardo González Calleja, « La violencia política en la España del siglo xx: un balance historiográfico », Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 38-2 | 2008, mis en ligne le 15 novembre 2010, consulté le 28 avril 2017. URL : http://mcv.revues.org/627

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Eduardo González Calleja

Departamento de Humanidades II, Universidad Carlos III de Madrid

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